
Abra Pampa: 457 vecinos llevan 20 años reclamando justicia por la contaminación con plomo
La exfundidora Metal Huasi dejó miles de toneladas de residuos tóxicos en plena ciudad de Abra Pampa, Jujuy. Estudios científicos detectaron niveles preocupantes de plomo en la sangre de niños y niñas. Pese a una sentencia favorable dictada en 2019, los damnificados todavía esperan una resolución definitiva de la Justicia provincial y denuncian que la contaminación continúa.
La Política Ambiental
La localidad de Abra Pampa, ubicada en plena Puna jujeña, arrastra desde hace décadas las consecuencias ambientales y sanitarias de la actividad de la empresa Metal Huasi. La fundidora procesó minerales durante buena parte del siglo XX y, tras el cierre de sus instalaciones, dejó depósitos de residuos contaminantes que afectaron a la población.
El conflicto volvió a cobrar visibilidad el 26 de octubre de 2026, cuando vecinos damnificados viajaron hasta San Salvador de Jujuy para manifestarse frente a los tribunales provinciales y exigir una respuesta judicial.
Actualmente, 457 personas reclaman una reparación por los daños sufridos, en el marco de un proceso iniciado en 2005. Los afectados solicitan que la máxima instancia judicial de Jujuy resuelva definitivamente el expediente, que permanece pendiente pese al tiempo transcurrido.
Una herencia tóxica que permanece en Abra Pampa
Metal Huasi comenzó a funcionar en la década de 1950 y cerró sus operaciones hacia fines de los años ochenta. Durante su actividad procesó minerales que contenían plomo, zinc y otros metales, generando residuos metalúrgicos que quedaron depositados en distintos sectores del área urbana.
Una investigación de la Universidad Nacional de Jujuy identificó aproximadamente 7.000 toneladas de escoria de plomo en lugares accesibles para la población. Los análisis detectaron concentraciones del metal entre 17 y 50 veces superiores a los valores de referencia utilizados en Estados Unidos y México.
El problema no se limitó al predio industrial. La dispersión de partículas y el contacto con los residuos generaron riesgos de exposición para las familias que vivían en las inmediaciones del establecimiento.
En 2010, un trabajo publicado en la Revista de Salud Ambiental confirmó que Abra Pampa constituía un sitio contaminado y advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a la exposición al plomo.
El 81% de los niños estudiados tenía niveles preocupantes de plomo en sangre
Uno de los datos más graves surgió de los estudios realizados por el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad Nacional de Jujuy.
Las investigaciones encontraron que el 81% de los niños evaluados presentaba concentraciones de plomo en sangre superiores a 5 microgramos por decilitro, un nivel asociado con riesgos para el desarrollo neurológico. Este porcentaje corresponde a la población infantil estudiada, no a la totalidad de los niños de Abra Pampa.
El plomo es un metal neurotóxico que puede afectar el aprendizaje, la memoria, la conducta y el desarrollo físico, particularmente durante la infancia. Además, puede permanecer durante años en el organismo y producir consecuencias persistentes sobre la salud.
La gravedad de estos resultados motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que abrió una investigación en 2007 y posteriormente exigió medidas urgentes de asistencia sanitaria y remediación ambiental.
Una sentencia favorable en 2019, pero sin resolución definitiva
El proceso judicial comenzó en 2005 con demandas por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Abra Pampa y el Estado provincial.
Según informó El Submarino Jujuy, en mayo de 2019 la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dictó una sentencia favorable a los pobladores, en la que reconoció la responsabilidad por omisión de la Municipalidad de Abra Pampa en el cumplimiento de sus funciones de control y salubridad pública.
Sin embargo, el expediente continuó su recorrido judicial y permanece pendiente de resolución definitiva ante el máximo tribunal provincial.
Los damnificados reclaman al presidente del tribunal, Federico Otaola, que se pronuncie sobre la causa. Según manifestó la abogada Lorena Mendoza, otros dos magistrados intervinientes ya habrían emitido votos favorables, aunque todavía no existe una decisión definitiva comunicada a las partes.
La demora adquiere especial gravedad porque varios de los demandantes fallecieron durante el proceso, mientras que otros continúan reclamando una indemnización que les permita afrontar tratamientos médicos.
La remediación ambiental también está cuestionada
La Defensoría del Pueblo de la Nación ya había advertido en 2011 que las obras de remediación registraban demoras e irregularidades. Mediante la Resolución 215/2011, instó al Gobierno de Jujuy a implementar asistencia sanitaria y reclamó la intervención de las autoridades nacionales para avanzar en la recomposición del ambiente.
Los trabajos contemplaban la remoción de residuos contaminantes, el aislamiento de las áreas afectadas y la limpieza de viviendas e instalaciones expuestas al polvo con plomo.
Aunque se realizaron tareas de saneamiento, los vecinos sostienen que fueron insuficientes y denuncian que todavía existen sectores afectados.
La situación plantea la necesidad de contar con nuevos estudios independientes sobre la calidad del suelo, el agua y el aire, además de un seguimiento sanitario actualizado de la población. Las denuncias actuales deben contrastarse con mediciones ambientales que permitan determinar el alcance de la contaminación remanente.
Un caso que expone las consecuencias de la falta de control ambiental
El conflicto de Abra Pampa constituye un antecedente relevante para discutir las responsabilidades empresariales y estatales frente a los pasivos ambientales de las actividades industriales y mineras.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano y establece la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental. Ese principio cobra especial importancia cuando una actividad económica finaliza, pero sus consecuencias permanecen durante generaciones.
Más de veinte años después del inicio de las demandas, los habitantes de Abra Pampa siguen reclamando justicia, atención sanitaria y una reparación efectiva.
El caso deja una pregunta central para la política ambiental argentina: quién responde cuando una empresa abandona sus instalaciones, la contaminación permanece y las familias deben esperar décadas para obtener una reparación.


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