Desmonte sin freno: Argentina perdió más de 73.000 hectáreas de bosques nativos en apenas nueve meses

Un relevamiento satelital de Greenpeace reveló que entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La superficie equivale a casi cuatro veces la Ciudad de Buenos Aires. Mientras avanza la deforestación, el Gobierno nacional impulsa modificaciones a la Ley de Bosques que podrían reducir las restricciones y los controles ambientales.

La deforestación continúa avanzando sobre el norte argentino. Según un informe difundido por Greenpeace el 26 de octubre, durante los primeros nueve meses de 2026 desaparecieron 73.224 hectáreas de bosques nativos en cuatro provincias del país, a pesar de las restricciones establecidas por la legislación ambiental.

El relevamiento, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, identificó a Santiago del Estero como la provincia con mayor superficie desmontada, seguida por Salta, Chaco y Formosa. La destrucción de estos ecosistemas afecta la biodiversidad, la regulación del agua y la capacidad de los bosques para almacenar carbono.

Santiago del Estero concentra casi la mitad de los desmontes

Los datos de Greenpeace muestran una marcada concentración territorial de la deforestación:

• Santiago del Estero: 35.368 hectáreas, equivalentes al 48,3% del total.

• Salta: 20.122 hectáreas, el 27,5%.

• Chaco: 9.339 hectáreas, el 12,8%.

• Formosa: 8.395 hectáreas, el 11,5%.

Estas cuatro provincias forman parte del Gran Chaco argentino, una de las principales regiones de bosques secos de América del Sur y un territorio sometido a fuertes presiones por la expansión de la frontera agropecuaria.

La comparación con el primer semestre demuestra que la deforestación no se detuvo durante el invierno. Entre enero y junio se habían registrado 40.862 hectáreas desmontadas. Al finalizar septiembre, esa cifra había aumentado a 73.224, lo que significa que otras 32.362 hectáreas fueron arrasadas entre julio y septiembre.

En Chaco, el incremento fue particularmente significativo: pasó de 3.800 hectáreas en los primeros seis meses a 9.339 en septiembre. Es decir, durante el tercer trimestre se desmontó más superficie que en todo el primer semestre.

La Ley de Bosques, en el centro de la discusión

El avance de la deforestación coincide con la propuesta del Gobierno nacional de modificar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Actualmente, la normativa establece tres categorías de conservación: roja, para los bosques de mayor valor ambiental; amarilla, donde se permite el aprovechamiento sostenible pero no el desmonte; y verde, donde pueden autorizarse transformaciones del suelo sujetas a requisitos ambientales.

La propuesta del Poder Ejecutivo contempla eliminar la autorización previa para desmontar bosques clasificados en categoría verde, reemplazándola por una obligación de informar la actividad. También plantea modificar el artículo 14 para que la prohibición expresa de desmontar se limite a la categoría roja, dejando de incluir a la amarilla.

Estas modificaciones generan preocupación entre organizaciones ambientalistas por el posible debilitamiento de los mecanismos de prevención y control establecidos por la legislación vigente.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, cuestionó la eficacia de las sanciones económicas y sostuvo que algunos empresarios agropecuarios incorporan las multas como un costo de producción.

La organización también denunció deficiencias en los controles provinciales y cuestionó los recortes de fondos nacionales destinados a la conservación.

Es importante distinguir que las 73.224 hectáreas corresponden a la superficie total deforestada detectada por Greenpeace: el relevamiento no permite afirmar, por sí solo, que la totalidad de esos desmontes haya sido ilegal.

Chaco: la Justicia intervino, pero los desmontes continúan

El caso de Chaco refleja las dificultades para hacer cumplir las restricciones ambientales.

El 22 de septiembre de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció una medida cautelar que suspende autorizaciones de desmonte todavía no ejecutadas e impide otorgar nuevos permisos en los términos definidos judicialmente.

La resolución respondió a una investigación sobre presuntas irregularidades en autorizaciones y cambios de categorías de conservación de bosques nativos.

Sin embargo, durante octubre continuaron las denuncias por intervenciones forestales en zonas protegidas. Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó reforzar los controles mediante patrullajes de Gendarmería Nacional.

El conflicto evidencia que la existencia de restricciones legales y judiciales necesita estar acompañada de fiscalización territorial efectiva para impedir nuevos daños ambientales.

El yaguareté, una de las especies amenazadas por la pérdida de bosques

La destrucción de bosques nativos también compromete la supervivencia de numerosas especies. Una de las más afectadas es el yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional y cuya población en el Gran Chaco argentino se encuentra en situación crítica.

En 2019, Greenpeace presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado nacional y las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa para reclamar la protección del hábitat de esta especie.

Según estimaciones difundidas por la organización, sobreviven menos de veinte ejemplares en esa región. La fragmentación de los bosques reduce sus posibilidades de desplazamiento, reproducción y alimentación.

La Corte Suprema declaró su competencia para intervenir en el proceso, aunque el caso continúa a la espera de una sentencia definitiva.

Argentina se aleja del compromiso de deforestación cero para 2030

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Glasgow, celebrada en 2021, Argentina acompañó el compromiso internacional de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.

Sin embargo, los registros correspondientes a 2026 muestran que la deforestación persiste en algunas de las principales regiones forestales del país.

La pérdida de cobertura boscosa no representa únicamente la desaparición de árboles. También implica alteraciones en los ciclos hídricos, degradación de los suelos, pérdida de hábitats y consecuencias para las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Con más de 73.000 hectáreas desmontadas en apenas nueve meses y una reforma legislativa en discusión, la protección de los bosques nativos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda ambiental argentina.

El desafío no se limita a conservar la legislación vigente, sino a garantizar controles efectivos, financiamiento suficiente y responsabilidades concretas frente a la destrucción de los ecosistemas.