Salta: la Justicia ordena avanzar con el cierre de un pozo petrolero que contaminó 20 hectáreas de bosque nativo

La Justicia de Salta dispuso medidas urgentes para detener la contaminación generada por el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, en jurisdicción de Pichanal, departamento de Orán. El establecimiento, perforado originalmente por YPF en 1983, registra desde hace años emanaciones de gases y líquidos que afectan los bosques nativos y las actividades productivas de la región.

A pedido de la fiscal penal María Sofía Fuentes, el juez Ramiro Morizzio dictó una medida cautelar ambiental que obliga a YPF S.A. y President Petroleum S.A. a presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan técnico para el cierre seguro y definitivo del pozo.

La resolución, notificada el 23 de octubre de 2026, también exige medidas para impedir que la contaminación se extienda hacia campos agrícolas y ganaderos, especialmente frente al riesgo de intensas precipitaciones durante los próximos meses.

Un desastre ambiental que lleva tres años sin solución

El pozo Loma de Olmedo X-10 fue perforado por YPF en 1983 y posteriormente quedó bajo la operación de diferentes compañías. La última concesionaria fue President Petroleum, cuya quiebra fue declarada en 2025.

Los primeros problemas se registraron en agosto de 2023, cuando organismos provinciales detectaron pérdidas de gas en el cabezal del pozo y la aparición de líquidos en sus inmediaciones.

Desde entonces, la contaminación se extendió sobre el territorio, afectando la vegetación, el suelo y las actividades ganaderas de las familias rurales.

Según relevamientos de Greenpeace y testimonios de productores locales, unas 20 hectáreas de bosque nativo se encuentran severamente degradadas y alrededor de 350 cabezas de ganado habrían muerto como consecuencia de la contaminación.

La organización ambientalista también documentó la presencia de animales silvestres muertos y denunció que numerosas familias debieron abandonar sus viviendas debido a las condiciones ambientales.

La situación se desarrolla en una zona de transición entre el Chaco Seco y la Selva de Yungas, considerada de alto valor para la conservación de la biodiversidad.

La Justicia exige un plan de cierre y contención ambiental

La medida cautelar fue adoptada a partir de las investigaciones y pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que constataron la persistencia de emanaciones gaseosas y la acumulación de sustancias en la superficie.

La resolución establece que las empresas deberán presentar un Plan Técnico de Cierre y Abandono que contemple la metodología de intervención, las medidas de seguridad, los mecanismos para evitar nuevas fugas, un cronograma de ejecución y sistemas de monitoreo posteriores.

Además, deberán elaborar un plan de contingencia junto con las autoridades ambientales y energéticas provinciales, destinado a impedir que los contaminantes se dispersen hacia los terrenos vecinos.

Las medidas incluyen el aislamiento del área afectada, la instalación de barreras de contención, el monitoreo de los posibles cursos de escurrimiento y procedimientos para recuperar y disponer de manera segura las sustancias contaminantes.

La resolución alcanza también a E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José, empresas vinculadas con la cadena de concesiones del yacimiento.

Responsabilidad ambiental: seis empresas bajo la mira judicial

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión judicial es el análisis de la posible responsabilidad de todas las compañías que intervinieron en la explotación del pozo.

La Justicia consideró que las empresas podrían responder de manera objetiva y solidaria por los costos del cierre definitivo y la recomposición del suelo afectado.

El fundamento se encuentra en los principios de prevención y precaución establecidos por la Ley General del Ambiente 25.675 y en las obligaciones de protección ambiental contempladas por el ordenamiento jurídico argentino.

La resolución también se apoya en el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante la Ley 27.566, que establece garantías vinculadas con el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Sin embargo, la cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las empresas. Su finalidad es evitar que el daño continúe agravándose mientras avanza la investigación judicial.

El magistrado advirtió, además, que el incumplimiento de las intimaciones podría dar lugar a consecuencias penales por desobediencia judicial.

El riesgo de las lluvias y la expansión de la contaminación

La proximidad de la temporada de precipitaciones constituye una de las principales preocupaciones de las autoridades.

Según los informes incorporados al expediente, las lluvias intensas podrían provocar el arrastre de las sustancias acumuladas en el terreno y extender la contaminación hacia campos vecinos.

Este escenario incrementa la urgencia de ejecutar medidas preventivas y de contención antes de que las condiciones meteorológicas dificulten los trabajos.

La problemática no se limita a las inmediaciones del pozo: la contaminación de los suelos y los posibles desplazamientos de sustancias representan riesgos para la biodiversidad y las actividades productivas de la región.

El reclamo de las comunidades y Greenpeace

Durante los últimos años, habitantes de Lomas de Olmedo y organizaciones ambientalistas denunciaron reiteradamente la falta de soluciones definitivas.

Greenpeace impulsó una campaña pública que reunió el respaldo de casi 130.000 personas para exigir el cierre del pozo y la remediación ambiental.

Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de la organización, destacó la decisión judicial como resultado de la movilización de los pobladores afectados y advirtió que la presentación del plan no debe convertirse en una nueva demora.

La organización reclamó que las empresas ejecuten efectivamente el sellado del pozo y la restauración del ecosistema.

El desafío pendiente: cerrar el pozo y recuperar el bosque

La decisión judicial representa un avance en un conflicto ambiental que lleva más de tres años sin solución definitiva.

Sin embargo, el pozo todavía no fue cerrado por efecto de esta resolución. La Justicia ordenó presentar los planes técnicos y de contingencia, cuya implementación deberá ser controlada por las autoridades competentes.

El caso de Lomas de Olmedo vuelve a poner en discusión las obligaciones de las empresas petroleras frente a los pasivos ambientales que permanecen después de la explotación de hidrocarburos.

La recuperación de las áreas afectadas requerirá trabajos de saneamiento, monitoreo ambiental y medidas de recomposición que permitan evaluar si el bosque nativo puede recuperar sus funciones ecológicas.

El desafío será transformar la orden judicial en medidas concretas que detengan la contaminación y permitan reparar los daños sufridos por las comunidades y el ambiente.