
Catamarca: simuló ser representante de una fábrica y habría estafado a una minera por $106 millones
La Política Ambiental
Una operación comercial destinada a incorporar vehículos para un proyecto minero de Catamarca terminó en una investigación penal por una presunta estafa de más de $106 millones. Un hombre de 48 años, oriundo de Tucumán, fue imputado por engañar a representantes de LIEX S.A. al presentarse como intermediario autorizado de una fábrica de semirremolques, aunque no contaba formalmente con esa representación.
La maniobra investigada comenzó en noviembre de 2024, cuando la empresa minera buscaba adquirir dos unidades nuevas para el proyecto Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, departamento Tinogasta. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso operaba comercialmente bajo el nombre de Transporte Santino y ofreció vehículos fabricados por IDERO S.R.L.
La investigación sostiene que el hombre habría preparado el terreno para generar confianza entre las dos empresas. Consiguió que desde la fábrica confirmaran su intermediación cuando la minera consultara por él, aunque no tenía una autorización formal para representar a la compañía. Esa respuesta fue determinante para que LIEX avanzara con la compra y transfiriera más de $106 millones a una cuenta bancaria de titularidad del acusado.
Cómo habría conseguido que la fábrica lo respaldara
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el acusado no se limitó a presentarse ante la minera como representante de IDERO. También habría gestionado previamente con integrantes de la fábrica que, ante una eventual consulta de LIEX, lo identificaran como intermediario autorizado.
Para conseguir esa conformidad, habría mencionado que la operación comercial podía incluir la adquisición de aproximadamente 50 semirremolques. De esa manera, generó una expectativa de negocio de mayor escala ante la fabricante.
El 19 de noviembre de 2024, personal de LIEX se comunicó directamente con IDERO para verificar la relación comercial que el hombre decía tener. La consulta buscaba determinar si podían comprar las unidades directamente en la fábrica o si debían hacerlo a través de Transporte Santino.
Según la acusación, desde IDERO confirmaron la intermediación que el propio sospechoso había gestionado. Esa respuesta reforzó la confianza de la empresa minera y permitió que la negociación continuara.
Finalmente, LIEX aceptó comprarle dos semirremolques nuevos marca IDERO. La orden de compra fue aceptada y las facturas correspondientes se emitieron el 28 de noviembre de 2024.
La transferencia de $106 millones y los cheques rechazados
El 29 de noviembre, LIEX realizó el pago acordado mediante una transferencia bancaria de $106.723.950. El dinero salió de una cuenta corriente en pesos de la empresa en el Banco BBVA y fue acreditado en una cuenta del Banco Santander perteneciente al acusado.
Sin embargo, según la investigación, el hombre no destinó esos fondos a pagarle a IDERO por los semirremolques. En cambio, habría dispuesto del dinero para otros fines.
Recién el 19 de diciembre de 2024 entregó a la fábrica ocho cheques de pago diferido, cada uno por $12 millones, con vencimientos entre febrero y septiembre de 2025. Los valores comenzaron a ser rechazados por falta de fondos y fueron reemplazados sucesivamente por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron cobrarse.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado recibió el dinero de la minera bajo la apariencia de una operación comercial legítima, pero no cumplió con el pago correspondiente a la fabricante. Así, la maniobra habría generado un perjuicio económico para las empresas involucradas.
Los semirremolques llegaron a Fiambalá, pero fueron secuestrados
Los dos vehículos fueron finalmente entregados a LIEX en marzo de 2025. Sin embargo, la recepción de las unidades no puso fin al conflicto comercial: posteriormente, los semirremolques fueron secuestrados mediante una orden judicial de allanamiento y secuestro.
La acusación sostiene que el hombre consiguió que la minera desembolsara los $106.723.950 convencida de que estaba comprando los vehículos a través de un intermediario autorizado y en condiciones de completar la operación. Pero, según la investigación, el precio no había sido abonado a IDERO, pese a que la fábrica había entregado las unidades.
El caso expone cómo una operación comercial aparentemente regular terminó con una transferencia millonaria, cheques impagos y el secuestro judicial de los vehículos que estaban destinados a un proyecto minero en Catamarca.
La causa se investiga en Tucumán
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I de Tucumán, conducida por el fiscal Diego López Ávila. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto expuso los detalles de la maniobra y la acusación contra el sospechoso.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de estafa en calidad de autor y solicitó que durante seis meses permanezca sujeto al proceso mediante medidas de coerción. Entre ellas, permanecer a disposición de las autoridades, mantener un domicilio y no entorpecer la investigación.
Por el momento, se trata de una imputación y no de una condena. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el avance de la causa judicial.


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