La Pampa: una facultad repudió la expulsión de Virginia Aparicio del INTA y otra decidió no pronunciarse

La exoneración de Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generó posiciones enfrentadas dentro de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Mientras la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aprobó por unanimidad una declaración de repudio y pidió revisar la sanción, las autoridades de la Facultad de Agronomía rechazaron acompañar una iniciativa que buscaba defender la libertad de investigación científica.

Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea, que detectó residuos de plaguicidas en muestras de suelo, agua, alimentos y fluidos humanos en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. La investigación puso bajo estudio la exposición de las personas a estas sustancias y sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.

El INTA dispuso su exoneración en octubre, luego de un sumario administrativo en el que señaló presuntas irregularidades vinculadas con la gestión del proyecto, el manejo de fondos y el cumplimiento de procedimientos internos. La medida fue cuestionada por distintos sectores científicos y ambientales, que advierten sobre un posible caso de persecución laboral y censura científica.

Qué significa que una investigadora haya sido exonerada

En este caso, la palabra exoneración tiene un significado específico dentro de la administración pública. No se trata de una condena penal ni de una decisión de un juez: es una sanción disciplinaria que aplica el propio organismo estatal cuando considera que un trabajador cometió faltas graves.

La Ley 25.164, que regula el empleo público nacional, incluye la exoneración entre las sanciones disciplinarias y la establece como la más severa. Implica la separación definitiva del empleo público y la baja de los cargos estatales que ocupe la persona sancionada. La norma también contempla que pueda solicitarse la rehabilitación una vez transcurridos cuatro años, bajo las condiciones previstas.

En el caso de Aparicio, la decisión fue tomada por el Consejo Directivo del INTA mediante la Resolución 366/2026. El organismo fundamentó la medida en presuntos incumplimientos de sus obligaciones administrativas y funcionales. Esto debe distinguirse de una eventual responsabilidad penal: la aplicación de una sanción administrativa no equivale a una condena judicial.

Dos facultades de una misma universidad tomaron posiciones opuestas

La Universidad Nacional de La Pampa está organizada en distintas facultades, que reúnen carreras, docentes e investigadores de diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentran la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, vinculada con áreas como biología, química y ciencias ambientales, y la Facultad de Agronomía, dedicada a la formación de profesionales y al estudio de la producción agropecuaria, los cultivos, los suelos y los sistemas rurales.

Frente a la exoneración de Aparicio, ambas instituciones tomaron caminos diferentes.

El Consejo Directivo de Ciencias Exactas y Naturales aprobó por unanimidad una declaración de repudio a la sanción. Además, pidió al Consejo Superior de la universidad que se pronuncie en el mismo sentido y reclame al INTA que revise la medida.

En Agronomía, en cambio, el oficialismo rechazó acompañar una iniciativa presentada por la agrupación Horizonte. El proyecto proponía expresar el rechazo a la exoneración y defender la libertad de investigación, la independencia académica y el derecho de los científicos a comunicar sus resultados.

Desde Horizonte lamentaron que las autoridades de la facultad no respaldaran la declaración. Consideraron especialmente importante que una institución dedicada al estudio de la actividad agropecuaria se pronunciara frente a una sanción contra una investigadora que trabajó sobre los efectos de los plaguicidas.

La diferencia deja expuesta una contradicción dentro de la misma universidad: mientras una facultad consideró necesario defender públicamente la libertad científica, la otra decidió no fijar posición ante un caso que involucra directamente la investigación sobre el modelo productivo.

Agronomía y su relación con el sector agropecuario

La decisión de las autoridades de Agronomía también abre interrogantes sobre la relación entre la universidad y los grandes grupos económicos vinculados con el agro.

Las facultades de Agronomía mantienen vínculos con empresas, productores y cámaras del sector a través de convenios, proyectos de investigación, asesoramiento técnico y formación profesional. Esas relaciones pueden aportar recursos y conocimientos, pero también exigen independencia para que la producción científica no quede condicionada por los intereses de quienes participan de la actividad económica.

En Argentina, los plaguicidas ocupan un lugar central en buena parte del modelo agropecuario. Por eso, las investigaciones que detectan estas sustancias en el agua, el suelo, los alimentos y el organismo humano pueden resultar incómodas para empresas que producen y comercializan esos productos o para sectores que dependen de su utilización.

No hay elementos públicos que permitan afirmar que los vínculos empresariales hayan determinado directamente el rechazo del oficialismo de Agronomía. Sin embargo, su decisión de no acompañar una declaración en defensa de la libertad científica resulta llamativa y vuelve necesario discutir hasta dónde llega la independencia académica cuando las investigaciones cuestionan prácticas productivas de gran peso económico.

Una facultad que forma profesionales para intervenir en el sistema agropecuario también tiene la responsabilidad de estudiar sus consecuencias ambientales y sanitarias. La discusión científica no debería quedar limitada por la cercanía con empresas o por la conveniencia de determinados sectores.

El proyecto que detectó plaguicidas en muestras humanas

Aparicio coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El estudio analizó la presencia de residuos de plaguicidas en distintos componentes del ambiente y en muestras biológicas de personas expuestas a estas sustancias.

En el país se analizaron muestras de suelo, agua, aire, alimentos y fluidos humanos, entre ellos sangre, orina y materia fecal, en zonas rurales bonaerenses. Los resultados detectaron residuos de distintos productos utilizados en la actividad agropecuaria. Entre los datos difundidos se informó la presencia de glifosato en el 86% de las muestras de sangre y en la totalidad de las muestras de materia fecal analizadas en Argentina.

Estos resultados no permiten afirmar por sí solos que las personas estudiadas vayan a desarrollar una enfermedad, pero sí aportan información relevante para conocer las vías de exposición y estudiar los posibles efectos de los plaguicidas sobre la salud y el ambiente.

El conflicto con el INTA tiene antecedentes en 2023, cuando el organismo suspendió una presentación pública de los resultados del proyecto. Posteriormente se inició un sumario administrativo que terminó con la exoneración de la investigadora.

La conducción del INTA sostuvo que hubo incumplimientos relacionados con la gestión del proyecto, la participación de colaboradores, el manejo de recursos y el cumplimiento de procedimientos institucionales. Aparicio y distintos sectores científicos cuestionaron la sanción y reclamaron revisar sus fundamentos y la proporcionalidad de la medida.

La discusión excede la situación laboral de una investigadora. También pone en juego la independencia de los organismos públicos para producir conocimiento sobre los efectos de las actividades económicas y comunicar resultados que pueden incomodar a sectores con poder.

Mientras el Gobierno nacional dispuso la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público, dentro de la Universidad Nacional de La Pampa quedó expuesta otra diferencia: una facultad decidió repudiarla y otra prefirió no pronunciarse. La libertad de investigación y el derecho de la sociedad a conocer los resultados científicos deberían ser principios centrales de cualquier institución pública.