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El proyecto está en San Carlos, al pie de la Cordillera de los Andes, y busca crear un refugio autosuficiente frente a una eventual guerra, una catástrofe climática o un colapso global. La propiedad ya cuenta con viviendas, domos, energía solar, fuentes de agua y una pista de aterrizaje. El caso genera polémica por la enorme cantidad de territorio involucrado y vuelve a poner en el centro del debate la extranjerización de las tierras argentinas.

La licitación prevé transferir el paquete estatal a un operador privado y mantener una concesión por 30 años. El nuevo esquema elimina la asistencia del Tesoro, traslada inversiones a las tarifas y habilita cortes por falta de pago. Organizaciones ambientales cuestionan la falta de participación ciudadana y advierten sobre las obras pendientes en la Cuenca Matanza-Riachuelo.