fauna y flora

La Cámara de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo vigente la medida cautelar que paraliza la construcción del proyecto ubicado en Ercilla 7653. Vecinos denuncian un modelo de desarrollo inmobiliario que amenaza la identidad del barrio y reclaman mayor participación en las decisiones urbanísticas.

Organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos acudieron a la Justicia para intentar detener la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos. Sostienen que el Gobierno nacional avanza con la venta sin estudios ambientales, sin audiencias públicas y poniendo en peligro obras esenciales de agua, cloacas y saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.

A más de seis meses del inicio del conflicto ambiental, habitantes de los barrios cercanos a la planta industrial denuncian que el polvillo volvió a cubrir viviendas, patios y espacios públicos. Cuestionan la falta de controles efectivos y apuntan contra la empresa y las autoridades municipales y provinciales por no haber resuelto una problemática que afecta su calidad de vida.

El gobierno nacional impulsa la adhesión de Argentina a UPOV 91, un régimen internacional que ampliaría los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y limitaría el derecho histórico de los agricultores a guardar parte de su cosecha para volver a sembrar. Para avanzar en esa dirección, sería necesario modificar la Ley de Semillas para reforzar los mecanismos de apropiación de los recursos fitogenéticos.

Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.

La intervención realizada sobre una hilera de árboles en la ciudad de San Luis desató un fuerte rechazo de vecinos, ambientalistas y especialistas. Cuestionan la intensidad de la poda, advierten sobre la pérdida de servicios ambientales y reclaman mayores controles sobre las intervenciones que afectan el patrimonio verde de la capital puntana.

El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto las condenas contra cinco mujeres mapuche y un integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El fallo cuestionó el tratamiento judicial del caso y reafirmó que los conflictos territoriales indígenas deben analizarse respetando la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos originarios.