La Política Ambiental
El juez federal de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Hernán Viri, ordenó una serie de medidas solicitadas por el fiscal federal, en el marco de la causa iniciada por una denuncia ambiental contra la empresa UPM (ex Botnia), que data del año 2006.
Entre las medidas más sensibles que ordenó el magistrado, se encuentra el conocer “el legajo (contrato) pertinente a la ex Botnia, hoy UPM. Viri transita el mismo camino que intentó recorrer el hoy fallecido fiscal civil del Uruguay, Enrique Viana, cuando presentó una intimación judicial para que el entonces gobierno de José Mujica informara detalles del contrato con la pastera UPM, temiendo que su país se haya “condicionado” por el acuerdo celebrado con la empresa y, en consecuencia, describía esa situación como “un regreso al feudalismo”.
Viana, a quien se lo reconoció en vida como el “fiscal verde” por haber sido un “defensor incondicional de la salud de los pueblos y de la naturaleza”, alertó en reiteradas oportunidades que “los compromisos internacionales que son los tratados y contratos de inversión, suponen condicionamientos de la voluntad soberana de los Estados, que quedan a merced de las imposiciones, de los privilegios y las prebendas que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones obtienen en esos negociados”.
En su oportunidad, Viana había intimado al Ejecutivo de su país para que entregue a la jueza Ana de Salterain una copia del contrato de inversión con UPM y le informe sobre la eventual renegociación de sus cláusulas, en el marco del proceso por el cual se autorizaría a la planta a aumentar su producción de celulosa, lo que finalmente se hizo de manera unilateral.
“Estamos volviendo al feudalismo. Como Estado, Uruguay está condicionado a la voluntad de Botnia, porque hay tratados de inversión con Finlandia”, reprochó en aquel entonces Viana, quien lamentó no saber “qué dice la letra chica del contrato; de hecho, ni sabemos lo que dice la letra grande”, ironizó.
“Estamos volviendo, e incluyo a la Argentina y otros países en esto, al viejo feudalismo. Estas empresas comercian y se manejan como si fueran señores feudales y negocian con los Estados, pactan y acuerdan”, acusó. “¿Por qué estos acuerdos se hacen en forma secreta? Porque hay algo que no quieren mostrar, o hay algo que avergüenza y no quiere mostrarse, y es porque estos contratos suponen cesiones de soberanía”, enfatizó en esa época Viana.
El fiscal de Montevideo no se cansó de subrayar que “cuando el Estado se vuelve socio, una suerte de socio gestor de estas empresas, mediando tratados y contratos de inversión, es muy difícil pensar que el Poder Judicial tenga independencia en este tipo de decisiones”. Y advirtió: “Cuando usted firma tratados y contratos de inversión, lo primero que hace es ceder soberanía y república”.
Ahora el juez Viri intentará que el gobierno uruguayo le dé a conocer dicho contrato, instrumento que siempre negó a la Justicia de su propio país. Como sea, luego de escuchar y recibir distintos aportes en la audiencia informativa pública realizada en el Centro de Convenciones y que había sido convocada por él mismo, ahora ordenó una serie de medidas, a saber:
1) Solicitar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación a fin de que arbitren las medidas necesarias a los efectos de que se lleve a cabo una evaluación integral y continua de los desechos que produce la planta UPM (ex Botnia) y que incluya, además, un monitoreo químico, de ecosistema y biológico.
2) A partir de muestras de agua y tierra que se obtuvieron para el informe pericial oportunamente dispuesto en el marco de la presente causa, le encomendó a la Policía Federal Argentina, la realización de un cotejo comparativo con los resultados de los parámetros ordenados por el Digesto de la CARU (dicho digesto está actualmente objetado por la delegación argentina ante la CARU, porque fue modificado por el gobierno de Mauricio Macri, a pocos días de realizar el traspaso de mando).
3) Se le requirió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que las tomas que extraerá el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, correspondan efectivamente a un día de plena producción de la planta y se arbitren los medios para que la empresa UPM (ex Botnia) no tome conocimiento de la fecha en cuestión, o que dicha toma se lleve a cabo en distintos días. Una vez obtenidas tales muestras, el juez pidió que se resguarden las mismas a fin de garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las personas afectadas.
4) Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que informe cuáles son las medidas que ha tomado y ha evaluado tomar, frente a los incumplimientos por parte de la República Oriental del Uruguay frente a su participación de buena fe ante el ente binacional de la CARU.
5) También se requirió a la Inspección General de Registros Notariales (IGRN, Registros de Testamentos y Legalizaciones) de la República Oriental del Uruguay o, su par encargado de la labor de inspección notarial y societaria a nivel nacional, con el propósito que se remitan copias -en soporte papel o digitalizadas- del legajo pertinente de la empresa que se encuentra explotando la planta UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos.
6) Se solicitó a la Municipalidad de Gualeguaychú que informe el estado actual de las gestiones en torno a la colocación y puesta en funcionamiento de la estación de toma de aire en el Departamento Gualeguaychú.
7) Lo cita al ingeniero Hernán Orduna, en su carácter de delegado de la CARU a los fines de prestar declaración testimonial en la sede del Juzgado Federal, el 7 de septiembre a las 9.
Por último, solicitó que “una vez las pericias encomendadas con la obtención de sus respectivos resultados, realícese -con intervención de todas las partes interesadas en la presente causa- un estudio epidemiológico en la ciudad de Gualeguaychú, con relevamiento de datos recabados por instituciones médicas, tanto públicas como privadas, con parcelación y especial consideración de las personas trabajadoras de la zona que podrían ser consideradas de riesgo, como es el caso de empleadas y empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Dirección General de Aduanas y de la Gendarmería Nacional”, tarea que recaerá en Gendarmería Nacional.
Fuente: Diario El Argentino de Gualeguaychú
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