Acusan al dueño de Comarsa Neuquén de contaminar y falsear balances

Le formularon cargos al titular de la empresa, al director suplente y a un gerente general. Recibieron cifras millonarias de YPF y otras empresas para remediar residuos a los que nunca le dieron tratamiento.
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para tratar residuos peligrosos. Pero según la acusación de la fiscalía y la querella contra sus responsables, recibió materiales por encima de su capacidad de procesamiento y los dejó sin curar. Además «simuló ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población».
Hoy en día, en el predio hay 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratar, que equivalen a 10.000 camiones. La planta está ubicada a 500 metros de barrios con mucha población, y en el último temporal la lluvia provocó el derrame de lodos empetrolados más allá de su perímetro.
Los datos fueron aportados por el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, quien junto con la asistente letrada Julieta González formuló la acusación contra el dueño de Comarsa, el ex director suplente y el ex gerente general.
Se los identifica respectivamente con las iniciales JML, HEB y FAP, porque el juez que dirigió la audiencia, Mauricio Zabala, resolvió a pedido de la defensa que no se publiquen sus nombres ni sus fotos.

Los delitos que les imputan
La fiscalía les imputó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En la acusación estuvo acompañado por la APDH Neuquén, representada por Bruno Vadalá y Pedro Peralta, y la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas, con los letrados Darío Kosovsky, Emanuel Roa Moreno y Enrique Viale.
Los dos principales acusados, que viven en Provincia de Buenos Aires y CABA, siguieron la audiencia por Zoom. El fiscal Breide Obeid no ocultó su molestia ya que había solicitado expresamente que asistan de manera presencial. «Yo no sé si están en sus casas o en el exterior», dijo.
Los defensores del dueño de la empresa y del ex director suplente son Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz. El ex gerente general, quien reside en la región, fue asistido por la defensora pública Eliana Lazzarini.

El pasivo ambiental en números
Breide detalló en su acusación que el perjuicio económico por el delito ambiental es de 5 millones de dólares. Le sumó 2.375.000 dólares que el dueño de la empresa recibió como ganancia.
Se trata de un empresario con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, ya que pagó el impuesto a las grandes fortunas.
Además de Comarsa, es dueño de una empresa que le alquila maquinaria vial y de otras dos firmas dedicadas al rubro gastronómico y la provisión de viandas.
El fiscal jefe pidió la inhibición general de bienes de la empresa, que tiene una planta en el Parque Industrial y otra en Añelo. Sus contratos más grandes son con YPF.

Barrios afectados
Sobre el daño ambiental, indicó que «es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados». A menos de 500 metros de la planta hay barrios densamente poblados como 7 de Mayo, el Nido, Loteo Social y Cuenca XV.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF le reportaron a Comarsa ingresos por más de 700 millones de pesos; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

El predio en Añelo
Breide Obeid señaló que en 2015 se publicó el Decreto 2263/15 que manda a que las empresas que tratan residuos peligrosos se ubiquen fuera del ejido municipal y al menos a ocho kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales.
«Ante la nueva normativa y por la presión social de los vecinos; la empresa presentó a la Provincia un plan de cierre y traslado de sus actividades; por el cual fue beneficiada con la asignación de un terreno en Añelo», continuó.
En este plan Comarsa «declaró tener acopiados 135.000 metros cúbicos de residuos peligrosos; dato falso, ya que la empresa contaba con aproximadamente 244.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento».
Investigarán el lote en Añelo, donde hay indicios de que también acopian material sin tratar.

Embargo de las cuentas
La acusación también solicitó, y el juez le hizo lugar, el embargo de las cuentas del dueño y del ex director suplente. Pidió que cubran un monto de 7 millones de dólares. También se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización.
La fiscalía y las querellas solicitaron además que se dicte una medida cautelar para que no avance un desarrollo inmobiliario de la Municipalidad de Neuquén a pocos metros de la planta de Comarsa.
El juez Zabala no les hizo lugar porque es un asunto ajeno a la audiencia penal. «Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental», arriesgó.
«Hay sectores que se enriquecen y los residuos quedan en la población»
La APDH, al sostener la acusación, afirmó que «Comarsa es el reflejo de la improvisación, la desigualdad y la impunidad con la que se maneja la industria petrolera en Neuquén. Es el ejemplo perfecto: mientras hay sectores que se enriquecen, los residuos quedan en la población».
«Hay seis incidentes ambientales por día, más de 400 sismos en zonas donde no había sismos y millones de toneladas de residuos». Remarcó Bruno Vadalá que «una parte están a cinco minutos de acá si vamos en auto por la Circunvalación».

«¿Qué pasa con los funcionarios?»
Por su parte la Asociación de Abogados destacó que «los imputados ocupaban terrenos públicos sin previa autorización; se instalaban y la obtenían luego».
«Resta por saber dónde están los otros actores, ante esa tragedia ambiental que tenemos, qué pasa con los funcionarios públicos a cargo del control», se preguntó Darío Kosovksy.
Señaló que el dueño de Comarsa tiene empresas «que históricamente se dedicaron a proveer de alimentos a hospitales en Buenos Aires».
Comarsa, añadió, «está dejando un pasivo ambiental para nuestros hijos y nietos. El tratamiento no lo pueden hacer, el traslado de materiales sin tratar es imposible».
Dijo que «es una empresa que dibujaba balances para poder retirar fondos en concepto de honorarios. Simulaba ser tratadora, simulaba ganancias, y aquí nadie sabía nada».
La audiencia comenzó a las 11 y terminó a las 14.40. Este viernes habrá revisión, en particular de los embargos dispuestos por el juez.

Fuente: rionegro