Más de 100.000 personas se inscribieron para participar del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Sin embargo, apenas una fracción ínfima pudo tomar la palabra. La denominada “audiencia pública” expuso una tensión estructural: masividad en la convocatoria, pero restricción efectiva en la participación. Un punto crítico si se considera que este tipo de instancias está reconocido como herramienta central de la democracia ambiental por el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
El dato más visible fue el volumen de inscriptos: más de 100.000 personas de todo el país, una cifra inédita para este tipo de instancias en Argentina. No obstante, apenas unas 300 exposiciones fueron efectivamente realizadas, lo que representa cerca del 0,2% del total.
La desproporción es estructural: más del 99% de los inscriptos quedó excluido del uso de la palabra. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la falta de criterios claros de selección, la reducción de tiempos de exposición y la interrupción intempestiva de intervenciones durante la primera jornada.
El resto de las participaciones fue derivado a formatos escritos o audiovisuales, sin garantías de incidencia real en el proceso legislativo. En términos jurídicos, distintos actores ya anticiparon la posibilidad de impugnar la validez de la audiencia por afectación del derecho a la participación.
En paralelo al debate legislativo, se incorporó un elemento de gravedad institucional. El abogado ambientalista Enrique Viale denunció a la senadora Flavia Royon por posibles delitos contra la administración pública.
La denuncia se vincula con su participación en la consultora Zelandez, con vínculos con empresas del sector como Rio Tinto y Minenco S.A.S.
Los hechos podrían encuadrar, según la presentación, en figuras como negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 CP), cohecho pasivo (art. 256 CP) y tráfico de influencias (art. 256 bis CP).
La participación de gobiernos provinciales fue limitada. La excepción fue San Juan, una de las jurisdicciones con mayor desarrollo minero y origen del diputado que presidió el plenario.
Sin embargo, la escasa presencia institucional no impidió que la audiencia estuviera atravesada por momentos de tensión, especialmente durante la primera jornada. Parte del público presente cuestionó abiertamente las restricciones a la participación, en contraste con la conducción de los presidentes de comisión, José Peluc y Nicolás Mayoraz, cuya dinámica fue percibida como distante frente a los reclamos.
La realización de la audiencia pública no surgió de una decisión espontánea del oficialismo, sino de la presión sostenida de organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Aves Argentinas.
Estas organizaciones exigieron una instancia participativa, pública y federal, especialmente luego de que el Senado avanzara sin habilitar un mecanismo equivalente.
Si bien en las dos audiencias participaron representantes de universidades nacionales, asambleas, pueblos originarios, periodistas, organismos científicos como el IANIGLA, asambleas territoriales, ONGs, profesionales, fiscales ambientales y actores que intervinieron en la redacción original de la ley en 2010, los cuales tuvieron un alto nivel de exposiciones, no fue suficiente en cuanto a la representación, debido a la gran cantidad de inscriptos que hubo, más de 100.000.
El rechazo a la reforma fue transversal. Incluso se sumaron pronunciamientos de figuras del ámbito cultural, sectores religiosos y organismos internacionales. Una encuesta nacional de la consultora Delfos indicó que más del 60% de la población se opone a la modificación.
Las dos audiencias permitió visibilizar una red amplia de actores técnicos y territoriales que sostienen una posición convergente: la defensa del régimen de protección vigente.
El gobierno de Javier Milei impulsa la reforma como parte de una estrategia orientada a fomentar inversiones, particularmente en minería.
La velocidad del tratamiento contrasta con el proceso original de sanción de la ley, que insumió años de debate. Esta aceleración legislativa entra en tensión directa con los argumentos expuestos en la audiencia, donde se advirtió sobre los riesgos de flexibilizar la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua.
El conflicto trascendió el ámbito parlamentario. Durante las jornadas de audiencia, organizaciones socioambientales impulsaron movilizaciones en las inmediaciones del Congreso bajo consignas vinculadas al derecho a participar.
En ese marco, confluyeron referentes políticos de distintos espacios, como Myriam Bregman, Juan Grabois y Maximiliano Ferraro.
El escenario abre un interrogante relevante: si la defensa de la Ley de Glaciares puede funcionar como punto de articulación política entre sectores opositores al oficialismo.
El oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios, con apoyo de bloques como el PRO y sectores de la UCR. Sin embargo, el resultado aún no está cerrado.
Existen provincias con representación parlamentaria clave —como Santa Fe— donde persisten posiciones indefinidas. En un contexto de alta paridad, cada voto puede resultar decisivo. La votación podría concretarse en los primeros días de abril, con fechas tentativas que se ubican alrededor del 8.
El debate por la Ley de Glaciares ya no se limita al Congreso. Se proyecta hacia la judicialización, la movilización social y la disputa por el modelo de desarrollo.
