Diputados de la oposición impugnan la audiencia pública por la Ley de Glaciares y denuncian “irregularidades”

En el inicio de la primera audiencia pública en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, organizaciones sociales y ambientales se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para denunciar restricciones a la participación y cuestionar el alcance del proyecto.

La convocatoria coincidió con una jornada atravesada por un fuerte operativo de seguridad y un esquema de exposiciones que fue previamente objetado por sectores de la oposición y de la sociedad civil. Según consignó Infobae, la protesta reunió a distintas organizaciones que buscan visibilizar su rechazo a las modificaciones impulsadas y exigir condiciones más amplias de intervención en el proceso legislativo.

La principal crítica gira en torno al formato de la audiencia: de los miles de inscriptos, solo una porción mínima puede exponer de manera presencial o virtual, mientras que el resto debe presentar sus intervenciones por escrito o en formato grabado. Para los manifestantes, esto limita el debate público en una instancia clave para una norma que regula la protección de glaciares y reservas estratégicas de agua.

Durante la movilización, se repitieron consignas vinculadas al derecho a la participación ciudadana y a la defensa del agua como bien común. Las organizaciones sostienen que la discusión no puede reducirse a un procedimiento acotado, dado el impacto ambiental, económico y social que podría tener la reforma.

El desarrollo de la audiencia pública se da en un contexto de creciente conflictividad política. A las objeciones de organizaciones ambientales se sumaron cuestionamientos de bloques opositores, que incluso presentaron impugnaciones formales al procedimiento por considerar que no garantiza un debate plural y transparente.

En paralelo, el oficialismo defiende el esquema adoptado argumentando limitaciones operativas frente al volumen inédito de inscripciones. Sin embargo, el conflicto por la metodología amenaza con trasladarse al recinto, donde el proyecto deberá ser tratado en las próximas semanas.

La jornada dejó en evidencia que la discusión sobre la Ley de Glaciares excede el plano técnico y se consolidó como un punto de tensión central entre el Gobierno, la oposición y la sociedad civil organizada.