La Privatización de la Hidrovía: Un Riesgo para el Futuro del Comercio y el Ambiente

El reciente llamado a licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad argentina. Esta arteria fluvial es clave para el comercio exterior del país, ya que maneja el 80% de las exportaciones nacionales, y su privatización, al igual que ocurrió con el agua en los años 90, podría traer consecuencias negativas tanto para la economía como para el medio ambiente.

¿Qué es la Hidrovía?
La Hidrovía es un sistema de vías navegables que conecta el interior de Argentina con el océano Atlántico, facilitando el transporte de mercancías desde las provincias productoras hasta los mercados internacionales. Se trata de un corredor fluvial de aproximadamente 1.477 kilómetros que incluye el río Paraná y el río de la Plata, atravesando siete provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Buenos Aires, y abarca un total de 79 puertos.

Históricamente, la Hidrovía ha sido fundamental para el desarrollo económico del país. Desde su habilitación a mediados del siglo XX, ha sido un eje central para la exportación de productos clave como la soja, el maíz y el trigo, convirtiéndose en uno de los sistemas de transporte fluvial más importantes de América del Sur. Además, la Hidrovía conecta a Argentina con Paraguay y Bolivia, permitiendo un flujo comercial de gran alcance para los países de la región.

El sistema es también esencial para el funcionamiento de la economía argentina, ya que transporta grandes volúmenes de mercancías a través de un medio de transporte más económico y eficiente que el terrestre. El manejo de este sistema involucra tareas complejas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía, las cuales históricamente estuvieron a cargo del Estado a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

La Privatización y sus Riesgos
El Gobierno argentino ha convocado recientemente a una licitación para privatizar la gestión de la Hidrovía, un proceso que incluiría el dragado, balizamiento, y modernización del sistema. Esta licitación, que será llevada a cabo bajo el régimen de concesión por peaje, abre la puerta a empresas privadas nacionales e internacionales para tomar control de una infraestructura que maneja casi el 80% de las exportaciones del país. La medida ha sido recibida con críticas, especialmente por los sectores que recuerdan los nefastos resultados de las privatizaciones de los 90, como las del agua, que resultaron en un descalabro económico y social.

En los años 90, el gobierno de Carlos Menem promovió un modelo de privatización de servicios públicos, incluidos los servicios de agua y cloacas, bajo la promesa de mejorar la eficiencia y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos. Las tarifas aumentaron de manera desmedida, millones de argentinos fueron excluidos del acceso al agua potable, y la calidad del servicio empeoró, mientras que las empresas concesionarias, en su mayoría extranjeras, se beneficiaron con grandes ganancias.

Hoy, con la privatización de la Hidrovía, se corre el riesgo de repetir los mismos errores. La gestión privada podría enfocarse en maximizar beneficios a corto plazo, lo que podría resultar en un aumento de tarifas de peaje y un desinterés por la sostenibilidad ambiental. Además, la Hidrovía atraviesa una de las zonas más ecológicamente sensibles del país, lo que genera preocupaciones sobre los impactos ambientales de un modelo de gestión privatizado.

El Impacto Ambiental: Un Riesgo Latente
El dragado de los ríos, que es una de las principales actividades que deben realizarse para mantener la Hidrovía en funcionamiento, tiene impactos ambientales significativos. La remoción de sedimentos de los lechos fluviales altera los ecosistemas acuáticos, afecta la fauna y flora local, y puede provocar la sedimentación de áreas sensibles. Bajo la gestión privada, el control sobre estas prácticas podría disminuir, ya que las empresas concesionarias podrían priorizar la reducción de costos en lugar de garantizar prácticas ambientales responsables.

En los años 90, durante la privatización de servicios básicos como el agua y la energía, el impacto ambiental fue una de las grandes negligencias del modelo privatizador. La falta de regulaciones estrictas llevó a la sobreexplotación de recursos y a la degradación de diversos ecosistemas. Con la Hidrovía, el riesgo es el mismo: el impulso de la actividad comercial podría chocar con la necesidad de proteger los recursos naturales y la biodiversidad.

La Privatización: Pérdida de Control Estatal
La privatización de la Hidrovía también implica una pérdida de control del Estado sobre un recurso estratégico. El Estado argentino, en lugar de asegurar la gestión pública de este sistema vital para la economía nacional, entrega la responsabilidad a empresas privadas que podrían no tener en cuenta los intereses nacionales ni las necesidades de las comunidades que dependen de la infraestructura. La historia de las privatizaciones de los 90, como la del servicio de agua, muestra que este tipo de procesos a menudo lleva a una concentración del poder económico en manos de pocas empresas, muchas veces extranjeras, sin que se beneficien las regiones o sectores más necesitados.

De hecho, uno de los mayores temores es que las tarifas de peaje aumenten drásticamente, afectando tanto a los productores de las provincias como a los consumidores. Además, la dependencia de actores internacionales podría disminuir aún más la soberanía del país sobre recursos naturales tan importantes como el sistema fluvial de la Hidrovía.

Seguridad y Monitoreo: ¿Una Cortina de Humo?
El pliego de licitación también incluye la instalación de sistemas avanzados de monitoreo, como drones y cámaras, para la seguridad del sistema. Aunque la seguridad en la Hidrovía es un tema relevante, muchos temen que el uso de estas tecnologías sirva más como un pretexto para justificar la privatización que como una verdadera mejora en la gestión de la infraestructura. Además, la vigilancia tecnológica plantea dudas sobre la privacidad y el control de datos sensibles. Los sistemas de monitoreo y control del tráfico, si no son gestionados adecuadamente, podrían estar en manos de empresas que prioricen el lucro por encima de los intereses públicos y la seguridad nacional.

La Historia Se Repite
La privatización de la Hidrovía refleja una vez más la historia de privatizaciones fallidas en Argentina. Al igual que con el agua en los años 90, se está entregando a empresas privadas un recurso vital para la economía nacional, con el riesgo de que el bienestar social y ambiental quede relegado a segundo plano. Las experiencias pasadas demuestran que este modelo no beneficia a las mayorías, sino a un pequeño grupo de actores privados que controlan el acceso y los costos de los servicios esenciales.

La Hidrovía es un bien público que debe ser gestionado con responsabilidad, en beneficio de todos los argentinos, y no entregado a intereses privados que no necesariamente prioricen la sostenibilidad ni el bienestar de la población. Es fundamental que el Estado retome el control de esta infraestructura clave para garantizar que el comercio exterior no se haga a costa de los recursos naturales ni de las comunidades más vulnerables.