La Política Ambiental
En un momento decisivo para la causa judicial que investiga la contaminación con agroquímicos en Pergamino, la querella solicitó al Tribunal Oral Federal N°1 que rechace de manera categórica el pedido del Municipio de levantar o morigerar las medidas cautelares vigentes desde 2018.
Estas medidas prohíben las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de las viviendas y las aéreas a menos de 3.000 metros, además de obligar al Municipio a garantizar el acceso a agua potable segura para la población afectada.
El escrito fue presentado por la abogada y vecina afectada Sabrina Ortiz, con el patrocinio letrado de Naturaleza de Derechos, y sostiene que no existe ningún cambio fáctico, técnico o jurídico que justifique relajar las restricciones. “El riesgo se reinstalaría, la contaminación será inevitable, y ante ello la prevención sigue siendo indispensable”, señala el documento.
El Municipio y el agronegocio, del lado opuesto
El Municipio de Pergamino, acompañado por las cámaras empresariales del sector (CASAFE, AAPRESID y la Sociedad Rural), había solicitado levantar las cautelares alegando que transcurrieron más de seis años y que los valores de contaminantes están “dentro de parámetros legales”, además de afirmar que se implementan Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) bajo la norma IRAM 14130.
Incluso propusieron crear un “Cuerpo Colegiado Multisectorial” para monitorear el uso de agroquímicos.
Pero la querella desmontó estos argumentos con dureza. Cuestionó la legitimidad de la certificación IRAM 14130, señalando que se trata de una norma técnica elaborada por las mismas entidades del agronegocio, sin participación ciudadana ni un enfoque precautorio real. La calificaron como “una ficción de trazabilidad responsable para legalizar lo inaceptable: el daño que provocan los agrotóxicos una vez liberados al ambiente”.
La “distancia de rescate”: una barrera que salva vidas
La querella defendió la distancia de exclusión fijada por la Justicia, a la que definieron como la “distancia de rescate”:
“Es el cordón sanitario que separa la vida de la enfermedad, el límite entre el veneno y la infancia, la barrera invisible que protege a quienes no pueden elegir dónde vivir. Su levantamiento sería como retirar el chaleco salvavidas en medio de la tormenta”.
Para las víctimas, esta distancia no es un “límite incómodo para el modelo productivo”, sino la respuesta de la Justicia frente a un Estado que durante años dejó en soledad a sus ciudadanos.
Evidencias científicas irrefutables
El expediente cuenta con informes clave elaborados por especialistas independientes:
Virginia Aparicio (INTA Balcarce) relevó tres campañas de muestreo de agua y suelos en Pergamino, detectando 18 moléculas de agrotóxicos en las napas subterráneas y en las casas de los vecinos, entre ellas glifosato, atrazina, imidacloprid, 2,4-D y clorpirifos. Concluyó que el suelo no logró filtrar los químicos y que la remediación futura sería prácticamente imposible.
Delia Aiassa, médica especialista en genotoxicidad, analizó células de personas expuestas a las fumigaciones, encontrando daños genéticos significativos, especialmente en niños. El estudio evidenció un aumento en la frecuencia de micronúcleos, marcador temprano de daño genético y posible desarrollo de cáncer u otras enfermedades crónicas.
Damián Marino (UNLP) advirtió que muchas de las aguas analizadas no serían aptas para consumo humano según los estándares europeos, debido a la presencia combinada de múltiples plaguicidas que incrementan exponencialmente el riesgo sanitario. Además, alertó sobre la deriva atmosférica: la volatilización de agroquímicos que puede transportarlos por el viento a más de 10 kilómetros de distancia.
A esto se suman los aportes de Andrés Lajmanovich y de médicos como Medardo Ávila Vázquez y María del Carmen Seveso, quienes confirmaron los impactos acumulativos de los plaguicidas en la salud y el ambiente.
Los testimonios del dolor
Más allá de los informes técnicos, el expediente está atravesado por testimonios estremecedores de vecinos:
Madres que dieron a luz a hijos con malformaciones.
Familias que perdieron seres queridos por enfermedades oncológicas a edades tempranas.
Niños con sangrados nasales recurrentes.
Mujeres que sufrieron abortos espontáneos inexplicables.
“Nunca supe qué era un agroquímico hasta que mi hijo enfermó. Ahora sé que tiene nombre y que viaja por el viento”, declaró una vecina.
Otra, con crudeza, relató:
“Teníamos un jardín. Ahora tenemos miedo. Miedo a respirar, a beber agua, a dejar a los chicos jugando”.
La querella sostiene que estos relatos son tan válidos como cualquier informe pericial, porque hablan desde el cuerpo, desde la vida cotidiana atravesada por el veneno.
Lo que está en juego
Para la querella, levantar las medidas cautelares sería una regresión inaceptable, un acto que normalizaría nuevamente la exposición tóxica en nombre de la rentabilidad.
“No se protege una economía cuando se sacrifica la salud. Se viola el principio más básico del derecho ambiental y del sentido común”, advirtieron.
Ahora, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario deberá decidir si mantiene las restricciones. La resolución no solo impactará sobre el derecho a la salud y al ambiente sano en Pergamino, sino que será un precedente clave para todas las comunidades fumigadas de la Argentina.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede la Justicia sostener la “distancia de rescate” que separa la vida del lucro?
