Mendoza al borde de una definición histórica: entre la sequía y la presión por habilitar la megaminería

ACTUALIDAD09/12/2025La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Mendoza enfrenta un momento político y ambiental decisivo. Mientras el Gobierno provincial asegura tener los votos para aprobar el proyecto minero San Jorge —ahora renombrado PSJ Cobre Mendocino—, miles de personas marchan desde la cordillera hacia la capital provincial defendiendo una consigna que vuelve a ocupar el centro del debate público: el agua no se negocia.

La discusión llega en medio de una sequía cada vez más profunda, con caudales bajos, menos nieve en la cordillera y una demanda hídrica en aumento. En ese contexto, la apuesta oficial por habilitar la explotación de cobre en Uspallata reabre viejas tensiones que cruzan política, economía y derechos ambientales.

Un oficialismo confiado y un respaldo nacional que acelera el clima político

Horas antes del debate legislativo, el Gobierno provincial celebró por anticipado el escenario favorable. La vicegobernadora agradeció públicamente el acompañamiento “técnico y científico”, dando por hecho que el Senado dará luz verde al proyecto luego de más de una década de rechazo social.

El presidente Javier Milei también intervino: respaldó el proyecto por redes sociales, lo presentó como una oportunidad de crecimiento para Mendoza y criticó a los sectores que —según él— bloquean el “desarrollo privado”.

El oficialismo argumenta que la inversión prevista, cercana a los 600 millones de dólares, permitiría activar la minería cuprífera en una provincia que históricamente la mantuvo limitada. Para sectores empresariales y parte del arco político, el proyecto podría diversificar la matriz productiva provincial.

Pero la resistencia social sostiene otro diagnóstico: en una provincia desértica, con cuencas frágiles, la prioridad no puede estar en actividades que aumenten la presión sobre el agua.

La caravana por el agua: una movilización que vuelve a marcar la calle

Desde Uspallata partió esta semana una de las manifestaciones socioambientales más grandes desde 2019, cuando la provincia defendió la vigencia de la Ley 7722. Vecinos, asambleas locales, ciclistas, familias y referentes ambientales iniciaron una caminata de más de cien kilómetros con destino a la Legislatura.

La “Gesta por el Agua”, como la llaman los organizadores, avanza por rutas clave de montaña y suma adhesiones de Lavalle, Luján, el Valle de Uco y distintas zonas rurales. A lo largo del recorrido se montaron postas con agua y alimentos para permitir que más personas se sumen en distintas etapas.

Entre quienes acompañaron la movilización estuvieron el abogado ambientalista Enrique Viale y el investigador Guillermo Folguera, dos de las voces más activas contra el avance extractivo en territorios de alta sensibilidad ecosistémica.

El reclamo central se mantiene firme: rechazar la Declaración de Impacto Ambiental que habilitaría la explotación minera en una zona donde nacen cursos de agua fundamentales para los oasis productivos del norte y centro de la provincia.

Los riesgos para el agua y la economía mendocina

La discusión sobre San Jorge no se limita a lo ambiental. Productores agrícolas y especialistas en recursos hídricos advierten que una mina de esta escala, ubicada en cabecera de cuencas, podría profundizar la sequía que ya afecta a amplias zonas productivas.

Los principales riesgos señalados:

Competencia directa por el agua
La minería metalífera requiere grandes volúmenes de agua para sus procesos industriales. En un contexto de escasez prolongada, cualquier aumento en el consumo puede derivar en recortes al riego agrícola y restricciones para poblaciones urbanas.

Impacto en la vitivinicultura
El sector vitivinícola depende de un suministro regular y estable de agua. Un retroceso en los caudales o una alteración en la calidad del recurso podría generar una caída en la producción de uva, afectando bodegas, empleos y exportaciones. Se trata del corazón económico de Mendoza.

Afectación a la producción hortícola
La horticultura, clave para el abastecimiento interno, también podría resentirse en caso de mayor competencia hídrica. Menos agua implica menor superficie cultivada, caída de rendimiento y aumentos de costos.

Riesgo ecosistémico
Los sistemas de montaña son extremadamente sensibles. Cualquier contaminación de napas o cursos de agua podría ser irreversible y extenderse aguas abajo, afectando poblaciones enteras y la biodiversidad andina.

La Ley de Glaciares vuelve al centro del debate

Mientras Mendoza discute la aprobación de San Jorge, el Gobierno nacional también impulsa una modificación de la Ley de Glaciares. Aunque se presenta como una “actualización”, organizaciones científicas y ambientales advierten que la reforma podría reducir las áreas protegidas y permitir actividades extractivas en ambientes periglaciares.

Para provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta —todas atravesadas por crisis hídricas— esta ley es una garantía fundamental de protección de reservas estratégicas de agua. Su debilitamiento abriría la puerta a más proyectos mineros en zonas históricamente protegidas.

La discusión sobre la Ley de Glaciares no es un debate técnico aislado: condiciona directamente la disponibilidad de agua en la región andina y, por lo tanto, el futuro económico de millones de personas.

Una votación que define más que un proyecto minero

Cuando el Senado mendocino vote, no solo estará decidiendo sobre la instalación de una mina. También estará definiendo el tipo de desarrollo que la provincia quiere adoptar en plena crisis hídrica, en un escenario de retroceso glaciar, menor acumulación de nieve y mayor demanda de agua para consumo y producción.

La pregunta de fondo sigue abierta:
¿Puede Mendoza sostener su economía agrícola, su vitivinicultura y su modelo productivo tradicional si habilita una actividad intensiva en agua en plena cordillera?

Para las asambleas y para buena parte de la ciudadanía movilizada, la respuesta es no. Para el Gobierno provincial y el presidente Milei, la respuesta es sí.

La Legislatura está a punto de inclinar la balanza.

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