¿Glaciares o cobre?: La “Mesa del Cobre” busca avanzar sobre una de las leyes ambientales más importantes del país

En medio de la crisis ambiental global y con el cambio climático como una amenaza cada vez más visible en la vida cotidiana, en Argentina se reabre un viejo debate que pone en tensión dos modelos: uno basado en la explotación intensiva de recursos naturales y otro que prioriza la protección ambiental y el respeto por los bienes comunes. Esta vez, el eje está puesto en la Ley de Glaciares, una normativa clave para preservar reservas estratégicas de agua dulce en zonas de alta montaña.

Una ley bajo fuego

La polémica se encendió nuevamente luego de que Flavia Royón, exsecretaria de Energía del gobierno de Alberto Fernández y actual candidata a diputada nacional por Salta, declarara públicamente que uno de los principales objetivos de la llamada “Mesa del Cobre” es modificar los alcances de la Ley de Glaciares, a la que calificó como “un freno al desarrollo del país”.

La Mesa del Cobre está integrada por cinco gobernadores de provincias con proyectos mineros avanzados o en exploración:

• Alfredo Cornejo (Mendoza)
• Marcelo Orrego (San Juan)
• Carlos Sadir (Jujuy)
• Gustavo Sáenz (Salta)
• Raúl Jalil (Catamarca)

Este grupo impulsa una agenda pro-minera que choca directamente con los principios de esta ley sancionada en 2008. Aunque fue inicialmente vetada por Cristina Fernández de Kirchner —en lo que se conoció como el “veto Barrick”—, la norma fue finalmente sancionada en 2010 con el respaldo de amplios sectores sociales y científicos.

La Ley de Glaciares prohíbe expresamente la actividad minera y petrolera en glaciares y ambientes periglaciares, zonas clave para la recarga de cuencas hídricas. Desde entonces, es vista por empresas y gobiernos mineros como un obstáculo para habilitar nuevos proyectos extractivos.

¿Decreto o Congreso?
El gobierno de Javier Milei ya anunció su intención de modificar la Ley de Glaciares mediante decreto. Aunque este intento no prosperó en la Ley Bases, la posibilidad sigue latente. Royón sugirió que el Ejecutivo podría avanzar con un decreto reglamentario acordado con las provincias para "aclarar los puntos inciertos" de la ley y destrabar proyectos actualmente frenados.

“La ley ha hecho mucho daño. Hoy es un impedimento para el desarrollo del país”, declaró Royón en el streaming Dynamo, y agregó que se trata de una “interferencia dentro de las competencias provinciales”. Sin embargo, evitó mencionar que muchas de esas provincias no cuentan con un Inventario Nacional de Glaciares completo y actualizado, lo que es obligatorio por ley y debería ser la base para cualquier evaluación de impacto ambiental.

El caso Andalgalá y Minera MARA: una alerta roja
Un ejemplo concreto del conflicto entre la actividad minera y la protección de glaciares se vive en Andalgalá, Catamarca, donde desde hace años vecinos y comunidades indígenas resisten el avance de Minera MARA, un megaproyecto de cobre y oro ubicado en la zona del Nevado del Aconquija, en pleno ambiente periglaciar.

A pesar de las múltiples denuncias por violación a la Ley de Glaciares, represión a manifestantes y falta de consulta previa, libre e informada —especialmente a comunidades originarias—, la empresa continúa intentando avanzar con el apoyo del gobierno provincial.

Las asambleas locales, como la Asamblea El Algarrobo, han sido claves en sostener una resistencia que no sólo es ambiental sino también cultural y política. La defensa del agua, aseguran, no es negociable.

El peso de Glencore y los intereses globales
La presión por reformar la Ley de Glaciares se vuelve aún más evidente cuando se observan los intereses económicos en juego. Recientemente, la multinacional suiza Glencore, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, presentó dos proyectos de inversión minera en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un total de más de 13.000 millones de dólares. Uno de ellos corresponde al proyecto Pachón, en San Juan, y el otro a Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca, epicentro del conflicto en Andalgalá. Así lo anunció el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca atraer capitales extranjeros flexibilizando normativas ambientales y sociales. Estas inversiones, de concretarse, marcarían un antes y un después en la matriz extractiva del país, con un impacto directo sobre territorios que hoy deberían estar protegidos por ley.

¿Desarrollo para quién?
La discusión de fondo, que ni la Mesa del Cobre ni el Gobierno parecen dispuestos a dar con transparencia, es qué entendemos por desarrollo. ¿Puede considerarse desarrollo avanzar sobre ecosistemas frágiles y estratégicos para abastecer a industrias extranjeras en un contexto de crisis climática?

Mientras el litio, el cobre y otros minerales clave para la transición energética son codiciados por países del norte global, en Argentina crece la preocupación por los impactos sociales, ambientales y sanitarios de esta nueva fiebre extractivista. La historia reciente demuestra que las riquezas extraídas pocas veces se traducen en mejoras reales para las comunidades locales.

El rol de la juventud y la ciudadanía
Las y los jóvenes argentinos han sido protagonistas en los últimos años de movilizaciones ambientales históricas: desde las luchas contra el fracking en Vaca Muerta, hasta la defensa de los humedales y la visibilización de la crisis hídrica en zonas como Chubut o Mendoza. Hoy, frente al intento de modificar la Ley de Glaciares, vuelve a ser clave la organización social y el acceso a información clara y veraz.

En un país atravesado por crisis económicas, es urgente pensar un modelo de desarrollo que no hipoteque el futuro. Las leyes ambientales no son un capricho, son garantías de soberanía, de salud, de vida.