La Política Ambiental
Mientras el desmonte ilegal continúa sin freno, el Gobierno nacional avanzó con una propuesta para modificar dos normas centrales de la política ambiental argentina: la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa, impulsada a través del Consejo de Mayo por la gestión de Javier Milei, encendió alertas entre especialistas y organizaciones socioambientales, que advierten que los cambios podrían habilitar una nueva ola de deforestación en un país que ya atraviesa una emergencia forestal.
Qué se quiere cambiar en la Ley de Bosques
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos clasifica el territorio en tres categorías de conservación:
Roja (I): zonas de alto valor de conservación, donde el desmonte está prohibido.
Amarilla (II): áreas degradadas pero recuperables, donde solo se permiten usos sostenibles, no el cambio total de uso del suelo.
Verde (III): sectores de menor valor de conservación, donde hoy el desmonte requiere autorización, evaluación de impacto ambiental y controles.
El cambio propuesto por el Consejo de Mayo apunta a permitir el desmonte total en la categoría verde sin evaluación de impacto ambiental previa, eliminando uno de los pocos filtros existentes. Aunque se mantendrían las restricciones formales en las categorías amarilla y roja, especialistas advierten que flexibilizar la categoría verde implica abrir la puerta a desmontes masivos en millones de hectáreas.
Según los últimos datos oficiales (julio de 2024), Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos categorizados: el 21% en rojo, el 60% en amarillo y el 19% en verde. Esto significa que casi una quinta parte del bosque nativo quedaría virtualmente liberada al desmonte.
La Ley de Manejo del Fuego, otro blanco
El segundo cambio apunta a la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno propone derogar los artículos incorporados en 2020 que establecen plazos de hasta 60 años durante los cuales no pueden modificarse los usos del suelo en áreas con bosques incendiados, y 30 años en zonas agropecuarias o de pastizales.
Estas restricciones fueron diseñadas para evitar incendios intencionales destinados a habilitar luego desarrollos inmobiliarios o actividades agropecuarias. La modificación que se busca reinstalar —basada en una versión anterior de la ley— reduciría drásticamente esas limitaciones y, según organizaciones ambientales, volvería a incentivar el uso del fuego como herramienta de deforestación.
Deforestación persistente y mayormente ilegal
A 18 años de la sanción de la Ley de Bosques, los resultados muestran un escenario crítico. Entre 2007 y 2023, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Bosques.
Desde 2014, la tasa anual de desmonte se mantiene estable entre 0,3% y 0,45%, lo que equivale a unas 190 mil hectáreas por año, una superficie comparable a más de 260 mil canchas de fútbol. En 2023 se registraron 173 mil hectáreas deforestadas, con una particularidad alarmante:
el 47% ocurrió en zonas amarillas,
y el 6% en zonas rojas,
es decir, en áreas donde la ley vigente prohíbe expresamente el cambio de uso del suelo.
“La deforestación ilegal sigue siendo estructural. Las multas no alcanzan y por eso planteamos penalizar la destrucción del bosque”, advirtió Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Desde FARN, Ana Di Pangracio remarcó que la ley actual no prohíbe el desmonte, sino que lo regula, pero que ni siquiera esas reglas mínimas se cumplen de forma efectiva.
Lo que muestran las alertas recientes
Aunque aún no hay datos oficiales consolidados para 2024 y 2025, el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D) registró en 2024 9.796 alertas que abarcan unas 254 mil hectáreas. Si bien estas alertas no equivalen automáticamente a desmontes confirmados, funcionan como una señal temprana de cambios en la cobertura vegetal que las provincias deben verificar en territorio.
Un mapa desigual, un problema nacional
En 2023, más del 70% de la deforestación se concentró en Chaco, Santiago del Estero y Formosa, principalmente por expansión agropecuaria y ganadería. En contraste, provincias como Santa Cruz y San Juan registraron pérdidas mucho menores en términos absolutos. El patrón se repite desde hace años: el norte argentino concentra la mayor presión sobre los bosques nativos.
Un giro de fondo en la política ambiental
Para las organizaciones ambientales, las propuestas del Consejo de Mayo van en sentido contrario a lo que reclaman desde hace años: deforestación cero, más controles y sanciones penales para los desmontes ilegales. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y eventos extremos cada vez más frecuentes, debilitar las leyes de protección forestal implica aumentar la vulnerabilidad social, ambiental y económica del país.
La discusión recién empieza, pero el mensaje es claro: mientras el desmonte ilegal no se detiene, el Gobierno propone reglas más laxas. Y en un país que ya perdió millones de hectáreas de bosque nativo, cada cambio normativo puede marcar la diferencia entre conservar lo que queda o acelerar su desaparición.
