La Política Ambiental
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe constató la deforestación de casi 50 hectáreas de bosque nativo en el departamento 9 de Julio y clausuró el predio donde la empresa Algoservicio S.A. había iniciado la construcción de una planta algodonera sin Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
La Procuración General de la Corte Suprema provincial promovió un amparo colectivo ambiental y el Juzgado de Distrito de Tostado dictó medidas cautelares: prohibió toda intervención en el predio de Logroño, ordenó retirar maquinaria y materiales, y obligó a la firma a abstenerse de realizar nuevas acciones en el área. La zona está clasificada como Categoría I (Roja) por la Ley Provincial 13.372, lo que implica máxima protección.
El ministro Enrique Estévez advirtió que “no se puede instalar una industria sin permisos ni responsabilidad ambiental” y remarcó que la conservación de bosques nativos es clave para proteger suelos, agua y biodiversidad, además de mitigar el cambio climático.
El desmonte fue detectado gracias al Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que utiliza imágenes satelitales y reportes periódicos para monitorear la pérdida de bosques.
El gobierno provincial sostuvo que el cumplimiento de la ley es condición innegociable para una producción sostenible que no comprometa el futuro.
La Justicia responsabiliza al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy por la contaminación ambiental en una de las áreas más biodiversas del país.
