Litio, derrames, fallos y una ley en la mira: el combo explosivo que sacude a Catamarca

En Catamarca, el conflicto por el litio ya no es solo ambiental. Se convirtió en un entramado donde se cruzan decisiones judiciales, negocios millonarios, protestas sociales y ahora también un cambio de reglas a nivel nacional que puede redefinir todo.

El levantamiento de la cautelar sobre el Río Los Patos no llegó solo. Llega en medio de un clima cada vez más tenso, donde los hechos empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas incómodo.

De proteger el agua a flexibilizar todo… y el dato que incomoda

Lo que pasó con el Río Los Patos no es simplemente un cambio de criterio judicial. Es, para muchos, un giro que refleja algo más profundo.

La cautelar original había sido clara: existía un riesgo concreto sobre el agua por la falta de una evaluación del impacto acumulativo de los proyectos de litio. ¿Qué significa esto en términos simples? No se trata de analizar una sola mina de manera aislada, sino de entender qué pasa cuando varias operan al mismo tiempo sobre un mismo sistema.

Es como si varias personas sacaran agua de un mismo tanque: una sola no lo vacía, pero muchas sí. La evaluación del impacto acumulativo busca medir justamente eso: cuánto se afecta el recurso cuando se suman todas las extracciones, todas las perforaciones y todos los proyectos juntos.

Y hay un punto clave: no es algo que se resuelva rápido. Requiere años de estudios, datos reales, monitoreo constante y una planificación seria. No es un trámite administrativo ni un informe que se arma en semanas.

Sin embargo, mientras ese análisis integral sigue siendo una deuda pendiente, el gobierno provincial continuó habilitando y autorizando proyectos mineros en la zona, incluyendo el uso de agua de ríos que hoy están bajo presión y en algunos casos en riesgo.

Ahí es donde aparece la contradicción más fuerte: se avanza en la explotación sin tener claro el límite real del recurso.

Con el levantamiento de la cautelar, ese escenario se profundiza. No solo se reactivan proyectos, sino que se consolida una lógica donde las restricciones ambientales pueden flexibilizarse en función de la urgencia económica.

Y este giro no ocurre aislado.

Coincide con el avance de la modificación de la Ley de Glaciares, que busca reducir la protección sobre zonas periglaciares y habilitar actividades donde antes estaban prohibidas.

Es decir: lo que antes era un límite legal empieza a volverse negociable.

En ese mismo contexto aparece un dato que genera ruido.

El presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, fue visto en Miami, en un partido de pádel del campeón Agustín Tapia. Las imágenes circularon en vivo, pero no tuvieron repercusión en los principales medios provinciales.

Días después, el máximo tribunal toma una decisión clave que favorece el avance de la minería.

No hay pruebas de irregularidades. Pero en un escenario donde se discuten recursos estratégicos y millones de dólares, las coincidencias pesan.

Antofagasta: millones que no vuelven

Por otro lado el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, denunció que el departamento genera millones con la minería litio, pero recibe una porción mínima, “De cada 100.000 dólares que Antofagasta genera en tributos, recibimos apenas 408. Es insostenible para un departamento de 28.000 kilómetros cuadrados, con costos logísticos altísimos. Si estamos en emergencia, ¿por qué no aumentar el 25% que se distribuye a los municipios al 35%?.

Su pedido de mayor coparticipación expone una contradicción central: los territorios que sostienen la actividad no ven reflejada esa riqueza.

Fiambalá: el derrame que ya no se puede minimizar

Si había dudas sobre los riesgos, en Fiambalá la realidad se encargó de despejarlas.

En la Ruta Nacional 60, en la zona de la Ruta de los Seismiles, un camión de la empresa Zijin–Liex, vinculado al proyecto Tres Quebradas, volcó mientras transportaba salmuera de litio. El derrame no quedó contenido: alcanzó el Río Chaschuil, en plena alta montaña.

No es un dato menor. Se trata de un ecosistema extremadamente sensible, donde el agua no sobra y cumple un rol vital para la biodiversidad y para las familias puesteras que dependen directamente de ese recurso.

Pero lo que termina de encender las alarmas es otro punto: no fue un hecho aislado. Es al menos el segundo derrame en lo que va del 2026.

Eso cambia todo.

Porque deja de ser un accidente excepcional y empieza a parecer parte de un patrón.

En el territorio, las consecuencias no son abstractas. Son concretas:

• agua que usan animales
• suelos que pueden contaminarse
• economías locales que dependen directamente del ambiente

Organizaciones locales vienen denunciando hace tiempo lo mismo: circulación de sustancias peligrosas, controles insuficientes y decisiones tomadas sin consulta real a las comunidades.

Tras el derrame, vecinos de Fiambalá y Tinogasta salieron a cortar la Ruta 60, a la altura del Río La Troya. No fue solo una protesta: fue una reacción directa ante una situación que sienten cada vez más fuera de control.

El mensaje que baja desde el territorio es claro: el riesgo ya no es teórico.

Santa María: un proyecto que vuelve por la ventana

En Santa María, el conflicto también suma temperatura.

Mientras crecen las marchas contra la minería, en paralelo se realizó una charla técnica que apunta a reactivar un proyecto en etapa de explotación para el período 2026–2031.

No es un movimiento aislado. Es parte de una estrategia sostenida para reinstalar la actividad en la zona.

Y aparece otro dato que genera sospechas: la empresa Sofía Gold todavía no presentó el Informe de Impacto Ambiental, un requisito básico para avanzar.

Esa ausencia no es menor. En un contexto de reactivación minera, alimenta una hipótesis que circula entre vecinos y organizaciones: que el proyecto podría estar funcionando como una pantalla para reimpulsar operaciones vinculadas a Alumbrera.

Sin información clara, la desconfianza crece.

Andalgalá: la ley que puede cambiar todo

En Andalgalá, la situación se vuelve aún más sensible.

El proyecto MARA busca avanzar en una zona considerada periglaciar. Durante años, esto fue motivo de denuncias por posible violación de la Ley de Glaciares.

Ahora, con la reforma en marcha, ese límite podría desaparecer.

El problema es de fondo: el ambiente periglaciar regula el agua en regiones áridas. Intervenirlo no es neutro.

Y en Andalgalá lo saben hace tiempo.