Grave: La policía irrumpió en una asamblea estudiantil en Mendoza

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Un grupo de estudiantes que se reunía en la ciudad de Mendoza para organizar acciones contra el proyecto minero San Jorge denunció la irrupción de la policía provincial durante una asamblea pública. El encuentro tenía como objetivo debatir próximas movilizaciones y sostener el reclamo en defensa del agua, en un contexto de creciente conflictividad social en la provincia.

Un encuentro pacífico que terminó bajo vigilancia

Según relataron los participantes, la reunión se desarrollaba de manera abierta y pacífica cuando efectivos policiales se acercaron al lugar, interrumpieron la dinámica de la asamblea y comenzaron a identificar y observar a quienes participaban. La presencia de uniformados generó incomodidad y fue interpretada como una forma de amedrentamiento.

El trasfondo: rechazo social al proyecto San Jorge

La intervención se produjo en medio de un clima de protestas sostenidas contra el avance del emprendimiento minero San Jorge, impulsado por el gobierno provincial tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental. Asambleas ciudadanas, estudiantes, docentes y organizaciones socioambientales vienen advirtiendo sobre los riesgos para el agua y la falta de licencia social para el proyecto.

Derecho a la protesta y a la organización

Organismos de derechos humanos y colectivos estudiantiles señalaron que este tipo de operativos pone en tensión el derecho a reunirse, expresarse y organizarse. Advirtieron que no se trata de un hecho aislado, sino de una respuesta estatal que se repite frente a manifestaciones vinculadas a conflictos ambientales y territoriales.

Escalada de tensión en Mendoza

En los últimos días, distintas movilizaciones contra la megaminería derivaron en operativos policiales, detenciones y denuncias por uso excesivo de la fuerza. Este escenario profundizó el malestar social y reavivó el debate sobre el rol del Estado frente a la protesta ambiental.

Un conflicto que trasciende lo estudiantil

La irrupción en la asamblea dejó en evidencia un conflicto más amplio: el choque entre un modelo extractivo promovido desde el poder político y una ciudadanía que reclama participación real en las decisiones que afectan los bienes comunes. Mientras el proyecto San Jorge avanza en el plano institucional, el rechazo social sigue creciendo en las calles y en los espacios de organización.