La Política Ambiental
En medio de la discusión parlamentaria sobre la Ley de Glaciares en el Senado de la Nación Argentina, un proceso que podría reformar la normativa de protección de uno de los recursos hídricos estratégicos del país se ha convertido en un conflicto de intereses de enorme alcance político, ambiental y económico. Según un informe de Letra P, las principales corporaciones mineras transnacionales están operando activamente para “licuar” la Ley de Glaciares y habilitar la operación de proyectos que hoy están prohibidos por la protección legal vigente.
El artículo menciona a seis gigantes del sector como protagonistas del lobby: Barrick Gold, Lundin Mining, la estatal china Shandong Gold, BHP, Río Tinto y Glencore, esta última con participación de Qatar Holding en su capital. Estas empresas tienen proyectos mineros cupríferos, auríferos y polimetálicos en zonas cordilleranas que, bajo la Ley 26.639, son parte del Inventario Nacional de Glaciares y ambientes periglaciales y, por ende, quedan protegidos de actividades extractivas que podrían comprometer la provisión de agua y alterar ecosistemas frágiles.
Presión corporativa sobre la legislación
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas afirmó que estas grandes mineras “no quieren adaptar sus proyectos al marco legal vigente, sino modificar el texto de la norma a medida de sus intereses”, buscando eliminar las restricciones que actualmente impiden la explotación de glaciares y periglaciares.
Ejemplos emblemáticos de esta presión incluyen:
Vicuña Corp, una alianza entre Lundin Mining y BHP, que pretende explotar los yacimientos de Filo del Sol y Josemaría en San Juan, superponiéndose con cuerpos de hielo inventariados.
El proyecto Veladero, operado por Barrick Gold, ubicado en territorios con glaciares de escombros que alimentan cuencas hídricas esenciales.
El Pachón, de Glencore, cuya presencia de cuerpos de hielo en la subcuenca del río Blanco ha sido objeto de debate técnico y jurídico.
La presión se expresa también en el plano político: el proyecto que tiene dictamen favorable en comisiones del Senado propone que sean las provincias, más que el Estado nacional, las que definan qué formaciones deben ser protegidas o habilitadas para la explotación minera o hidrocarburífera, debilitando así el espíritu original de la Ley de Glaciares.
Riesgos ambientales y constitucionales
Analistas jurídicos y ambientalistas señalan que la reforma en discusión no es meramente técnica, sino una definición política con impacto profundo sobre la protección de bienes comunes como el agua dulce. En este sentido, han advertido riesgos de regresión en estándares ambientales mínimos, lo cual contravendría principios constitucionales como el de no regresión ambiental y la protección del ambiente previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La discusión actual enfrenta, por un lado, la agenda de inversión y seguridad jurídica planteada por sectores vinculados a la minería y, por otro, la preservación de una ley que consagra la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, esenciales no solo para poblaciones locales sino para la seguridad hídrica del país en su conjunto.
Este cruce entre lobby corporativo y política legislativa coloca a la Ley de Glaciares en un punto crítico: su eventual modificación no solo reconfigurará el marco legal del sector extractivo, sino que definirá el rumbo de las prioridades públicas frente a la crisis climática y la gestión sostenible de los recursos naturales.
