Las voces de Pergamino estremecieron el juicio por contaminación con agrotóxicos

La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves en los Tribunales Federales de Rosario, dejó de ser un debate técnico sobre protocolos de fumigación para convertirse en una discusión de fondo sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Las declaraciones de Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco marcaron el pulso de la jornada y colocaron en el centro del proceso el impacto humano de las fumigaciones en zonas urbanas. El juicio —considerado histórico— busca determinar responsabilidades penales por aplicaciones de agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales de Pergamino.

Un proceso que trasciende lo técnico
La causa se originó en esa ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron pulverizaciones cercanas a viviendas. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron fumigaciones próximas a zonas habitadas y ordenó la provisión de agua embotellada tras constatar que el agua de red no era apta para consumo.

En Rosario se desarrolla ahora el juicio oral y público. Participan vecinos, médicos, funcionarios y efectivos policiales que intervinieron en allanamientos y constataciones. Sin embargo, fue el testimonio de las vecinas el que convirtió la audiencia en un relato colectivo sobre enfermedad, pérdida y abandono institucional.

“El daño ya está hecho”
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, describió el impacto sanitario en su barrio: cánceres, leucemias y enfermedades autoinmunes. Sostuvo que la contaminación no es una hipótesis sino un hecho corroborado por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en agua y sangre de vecinos sin contacto directo con el campo.

También relató reuniones con autoridades municipales que, según afirmó, minimizaron la situación. La distribución de agua embotellada —ordenada judicialmente— no resolvió el problema de fondo. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, expresó ante el tribunal.

Un censo que reveló el alcance del problema
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores. Vecina del barrio Santa Julia, narró la enfermedad de sus hijos y la muerte de su pareja por cáncer. A partir de esas experiencias, realizó un relevamiento casa por casa que registró más de 40 personas enfermas en una sola manzana, con distintos tipos de cáncer y patologías graves.

“Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, afirmó. Ese censo fue presentado ante autoridades municipales sin respuesta y luego incorporado a la causa judicial.

Bianco describió escenas cotidianas que ilustran la exposición: olor persistente a químicos, ventanas cerradas durante fumigaciones, recomendación médica de no consumir agua de red y detección de glifosato en su propia sangre. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, sostuvo.

Procedimientos y tensiones en la sala
Tras las vecinas, declararon efectivos policiales que participaron en allanamientos en campos, viviendas y dependencias municipales. Detallaron toma de muestras de agua y suelo, secuestro de maquinarias de fumigación y documentación agronómica, así como el cuidado de la cadena de custodia.

La audiencia estuvo atravesada por objeciones, pedidos de precisión y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Mientras los policías apelaron a protocolos y recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron relatos minuciosos, con nombres y consecuencias concretas.

Esa diferencia marcó el contraste central de la jornada: la discusión ya no gira exclusivamente en torno a procedimientos administrativos, sino en torno a los efectos acumulativos de un modelo productivo sobre comunidades específicas.

Un antecedente judicial clave
El juicio es considerado un antecedente relevante porque por primera vez se debate en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agroquímicos en zonas urbanas. El tribunal deberá determinar si se violaron normas ambientales y medidas cautelares y si esa conducta generó daños a la salud.

Más allá del resultado, la audiencia dejó instalada una discusión estructural: la tensión entre producción agrícola intensiva y el derecho a un ambiente sano. En Rosario, las voces de Pergamino recordaron que detrás de cada expediente hay historias concretas y que la dimensión jurídica del caso no puede escindirse de su impacto humano.

El debate continuará el 25 de febrero a las 9 en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940).