Glaciares en disputa: qué dice la ciencia frente al avance de la reforma

En el debate por la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), uno de los ejes más relevantes —y a la vez más tensionados— es el científico. Mientras el oficialismo plantea la necesidad de flexibilizar restricciones para promover inversiones, el consenso técnico advierte sobre los riesgos de intervenir en ecosistemas clave para la regulación hídrica.

La discusión no es abstracta: se apoya en evidencia acumulada durante más de una década de estudios sistemáticos sobre glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.

Qué son los glaciares y por qué importan

Los glaciares no son solo masas de hielo. Funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en regiones áridas y semiáridas del país.

Su rol es central en la regulación de caudales: almacenan agua en períodos fríos y la liberan progresivamente en épocas secas. Este equilibrio resulta clave para el abastecimiento humano, la producción agrícola y los ecosistemas asociados.

La alteración de estos sistemas no es fácilmente reversible. A diferencia de otros recursos, los glaciares requieren décadas —o siglos— para regenerarse.

El aporte científico: el inventario nacional

Argentina cuenta con uno de los sistemas de monitoreo más avanzados de la región. El IANIGLA llevó adelante el Inventario Nacional de Glaciares, que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en todo el país.

Este relevamiento permitió delimitar zonas de protección y establecer criterios técnicos para la aplicación de la ley vigente.

El punto central es que la norma no se construyó en abstracto, sino sobre evidencia científica concreta.

Ambientes periglaciares: el área en disputa

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la redefinición de los ambientes periglaciares.

Estas zonas, que rodean o interactúan con los glaciares, cumplen funciones hidrológicas esenciales. Actúan como reguladores térmicos y reservorios de agua en estado sólido o semisólido.

La modificación de su estatus legal podría habilitar actividades extractivas en áreas que hoy están protegidas. Desde la perspectiva científica, esto implica un riesgo significativo, ya que el impacto no se limita al sitio intervenido, sino que puede afectar sistemas hídricos más amplios.

Impacto de la actividad extractiva

La evidencia acumulada en distintos proyectos mineros muestra que las actividades en alta montaña pueden generar:

Alteración del equilibrio térmico del suelo.
Contaminación de cursos de agua.
Afectación de glaciares por depósito de partículas.
Modificación de la dinámica de escurrimiento.

Estos impactos no siempre son inmediatos, pero sí acumulativos y, en muchos casos, irreversibles.

Por eso, el enfoque precautorio ha sido históricamente dominante en la regulación de estos ecosistemas.

Cambio climático: un factor que agrava el escenario

El contexto actual introduce una variable adicional: el cambio climático.

Los glaciares andinos ya muestran retrocesos sostenidos en las últimas décadas. La combinación de aumento de temperaturas y reducción de precipitaciones acelera su pérdida.

En este escenario, la intervención humana en zonas sensibles puede potenciar procesos de degradación que ya están en curso.

Ciencia vs. discurso político

Durante la audiencia pública, la mayoría de las exposiciones técnicas coincidieron en un punto: la necesidad de mantener criterios de protección estrictos.

Sin embargo, estos planteos entran en tensión con discursos que minimizan el rol de los glaciares o plantean la posibilidad de compatibilizar plenamente la actividad extractiva con su preservación.

La discusión, entonces, no es solo técnica. Es también una disputa sobre qué evidencia se considera válida para la toma de decisiones.

El debate por la Ley de Glaciares enfrenta dos lógicas: una basada en evidencia científica que promueve el principio precautorio, y otra orientada a flexibilizar regulaciones en función de objetivos económicos.

En ese cruce, la ciencia no aparece como un actor neutral, sino como un insumo clave para definir los límites de intervención sobre ecosistemas estratégicos.

La decisión final no solo tendrá impacto ambiental inmediato. También definirá el lugar que ocupa el conocimiento científico en el diseño de políticas públicas en Argentina.