El debate se dio puertas adentro del Congreso. Afuera, las organizaciones ambientalistas alertaban que no se trata solo de hielo. El proyecto que reforma la Ley de Preservación de los Glaciares, con media sanción, abrió un frente que excede la cordillera: podría poner en tensión el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur.
El punto de conflicto está en el artículo 26.3 del tratado, ya ratificado por el Congreso argentino. Allí se establece que ninguna de las partes “deberá debilitar los niveles de protección” en materia ambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión. Para las ONG, la reforma avanza exactamente en ese sentido.
En un comunicado conjunto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad Argentina y Aves Argentinas advirtieron que, de sancionarse definitivamente la reforma, “Argentina incurrirá en incumplimientos” que podrían incluso derivar en la suspensión del acuerdo comercial.
Menos umbrales, más discrecionalidad
La ley vigente, la 26.639, sancionada en 2010, creó el Inventario Nacional de Glaciares y puso bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la identificación y caracterización de todas las masas de hielo del país.
El nuevo texto, en cambio, limitaría la protección a aquellos glaciares “que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas”. Para FARN, el cambio no es técnico sino político: introduce un criterio funcional que permitiría excluir geoformas hoy protegidas.
Detrás del planteo aparecen los gobernadores que integran la llamada Mesa del Litio y del Cobre —Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan— interesados en ampliar el margen para proyectos extractivos en zonas de alta montaña. El proyecto, sostienen las organizaciones, traslada a las provincias la facultad de definir qué es glaciar y qué no, sin precisar qué herramientas científicas utilizarán ni cómo se articulará esa tarea con el inventario nacional ya existente.
Para FARN, la delegación no solo altera el esquema de protección uniforme sino que resulta inconstitucional al tratarse de un derecho colectivo como el ambiente. “Se presenta una concepción de derecho de propiedad absoluto”, señalaron, “como si las provincias pudieran operar sobre los glaciares como señores feudales”.
La tensión con Europa
El conflicto no es solo interno. El acuerdo con la Unión Europea exige que las medidas ambientales se apoyen en evidencia técnica proveniente de órganos científicos reconocidos. Para las ONG, reemplazar el inventario del Ianigla por evaluaciones provinciales sin parámetros claros podría vulnerar esa cláusula.
El riesgo, advierten, es doble: ambiental y económico. El acuerdo abriría a la Argentina un mercado de más de 700 millones de personas. Pero esa puerta podría cerrarse si Bruselas interpreta que hay un retroceso deliberado en estándares ambientales.
Proyectos que ya avanzan
Mientras la discusión legislativa sigue su curso, en San Juan Greenpeace denunció movimientos en zonas de alta montaña donde la ley vigente prohíbe actividades. En su sitio difundió imágenes aéreas con aperturas de caminos y remoción de suelos en áreas sensibles.
“Lo que esta reforma plantea es invertir el principio básico del derecho ambiental”, sostuvo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. En vez de ajustar los proyectos a la ley, dijo, se ajustaría la ley a proyectos que ya están avanzando.
El trasfondo es la seguridad hídrica. Los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática y sequías recurrentes. Reducir su protección implica, según las organizaciones, comprometer la disponibilidad futura de agua para consumo humano, agricultura y energía.
Y la discusión no termina allí. Desde FARN anticipan que el Gobierno tendría en agenda revisar otras normas como la Ley de Bosques o la de Acuicultura. Si eso ocurre, la tensión con el acuerdo UE-Mercosur podría ampliarse.
La media sanción abrió un capítulo legislativo. Pero también dejó planteada una pregunta política: hasta dónde puede flexibilizarse la protección ambiental sin afectar compromisos internacionales y, en última instancia, la propia base material del desarrollo.
