Chubut: Empresario estadounidense bloquea la Ruta 12 y crecen las críticas por la inacción del Estado

La denuncia que sacude a la cordillera de Chubut no solo pone en discusión el control del territorio, sino también la coherencia del Estado frente a los cortes de rutas. Esta vez, el conflicto no involucra a organizaciones sociales ni a manifestantes: apunta a un empresario estadounidense que habría bloqueado un tramo de la Ruta 12 en Chubut, restringiendo el paso y afectando a pobladores de la zona.

El caso, lejos de ser un hecho aislado, se convierte en un espejo incómodo para la política nacional.

Una ruta pública cerrada y un Estado ausente

Según denuncias de vecinos y medios regionales, el empresario habría instalado tranqueras y limitaciones de acceso en un camino público. La consecuencia es directa: familias aisladas, dificultades para circular y afectación de actividades productivas.

Pero el dato más sensible es otro: hasta ahora no hubo una intervención concreta para liberar la traza, pese a tratarse de un camino de uso público donde el Estado debería garantizar el tránsito.

Las críticas apuntan tanto al gobierno provincial como al nacional, en un contexto donde el control del territorio y los bienes comunes vuelve a estar en disputa.

El contraste: protestas sociales y represión

El caso cobra otra dimensión cuando se lo compara con la política oficial frente a los cortes de calles y rutas protagonizados por sectores sociales.

Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno impulsó una política de “orden público” centrada en evitar interrupciones del tránsito. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se implementó el denominado “protocolo antipiquetes”, que habilita la intervención de fuerzas federales ante cortes totales o parciales de rutas.

En la práctica, esto se tradujo en operativos con presencia de Gendarmería, desalojos y judicialización de manifestantes, bajo la premisa de garantizar la libre circulación.

El paralelismo es inevitable: cuando organizaciones sociales cortan una calle o una ruta, la respuesta del Estado es rápida y contundente. Pero en este caso, donde un actor privado —y extranjero— estaría bloqueando un camino público, la reacción oficial es, al menos hasta ahora, inexistente.

La pregunta que surge es directa: ¿la libre circulación es un principio que se aplica siempre o depende de quién interrumpa el tránsito?

El trasfondo: tierras, recursos y extranjerización

El conflicto se da, además, en un momento clave. El Gobierno nacional impulsa la flexibilización del régimen que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros.

La Ley de Tierras Rurales (26.737) establecía topes a la extranjerización y restricciones en zonas sensibles, especialmente aquellas vinculadas al acceso a recursos estratégicos como el agua. Su desregulación reabre un debate profundo sobre soberanía territorial.

En regiones como la Patagonia, donde el acceso a cuencas hídricas, glaciares y ecosistemas clave es central, la concentración de tierras en manos extranjeras no es solo una cuestión económica: es ambiental, social y geopolítica.

Un caso que sintetiza un modelo

Lo que ocurre en la Ruta 12 en Chubut no es solo un conflicto local. Es una escena que condensa tensiones más profundas: propiedad privada versus acceso público, inversión extranjera versus soberanía, y orden público versus derechos.

Y, sobre todo, deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar: un Estado que despliega todo su aparato para evitar cortes cuando provienen de la protesta social, pero que, frente a un bloqueo similar protagonizado por un actor con poder económico, no actúa con la misma rapidez.

El cierre de una frase, todavía en duda

En reiteradas ocasiones, el presidente repitió una consigna que se volvió lema de gestión: “el que las hace, las paga”.

En la cordillera chubutense, donde una ruta permanece bloqueada y comunidades enteras denuncian estar aisladas, esa frase adquiere otro peso.

La pregunta, por ahora sin respuesta, es si ese principio también corre para un empresario estadounidense que decide cerrar un camino público. O si, una vez más, hay excepciones.

Porque si “el que las hace, las paga”, habrá que ver si esta vez también le toca pagar a quien —según las denuncias— decidió apropiarse de una ruta en plena Patagonia.

🚨 NO EN MI PAÍS 🇦🇷 🚨

UN YANKI COLOCÓ UNA TRANQUERA EN MEDIO DE LA RUTA 12 PORQUE DICE ESE TERRITORIO "LE PERTENECE"

HIJOS DE PUTA. pic.twitter.com/LQfypzlwim

— EAGLE🦅 (@eagleintheskys) March 18, 2026