El Gobierno avanza sobre la Ley de Tierras, la Ley de Fuego y la Ley de Glaciares

El gobierno de Javier Milei avanza con un paquete legislativo que pone bajo revisión tres pilares del derecho ambiental argentino: la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares. No se trata solo de reformas técnicas. En conjunto, estos cambios redefinen cómo se regulan los recursos naturales, quién puede acceder al territorio y qué nivel de protección ambiental se mantiene en el país.

El eje común es claro: pasar de un esquema de restricciones y “presupuestos mínimos” a uno más flexible, con mayor margen para la inversión privada, decisiones caso por caso y mayor peso de las provincias en la gestión de los recursos.

Pero detrás de estos cambios no solo hay una discusión económica o política. También está en juego algo más profundo: los principios del derecho ambiental, que funcionan como reglas básicas para decidir qué se puede hacer y qué no cuando hay riesgo sobre el ambiente.

Ley de Glaciares: agua, minería y el corazón del conflicto

La Ley de Glaciares (26.639) fue sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Establece que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce. En un país atravesado por sequías recurrentes y en un contexto global de crisis hídrica, estos ecosistemas cumplen un rol clave: almacenan y regulan el agua que abastece a poblaciones, actividades productivas y sistemas naturales.

La norma prohíbe actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera, la instalación de industrias y cualquier intervención que pueda afectar estos ecosistemas.

La reforma impulsada apunta a reducir ese nivel de protección. El cambio central es redefinir qué zonas quedan alcanzadas por la ley, limitándolas a aquellas con “función hídrica comprobable”. Esto implicaría que áreas hoy protegidas puedan quedar habilitadas para actividades extractivas mediante evaluaciones específicas.

Ley de Tierras: propiedad, soberanía y recursos estratégicos

La Ley de Tierras Rurales (26.737) fue sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Regula la compra de campos por parte de extranjeros y establece un límite del 15% del territorio en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial.

El objetivo es preservar el control sobre recursos estratégicos como el agua, los suelos productivos y territorios con valor energético o minero. Antes de esta ley, no existían restricciones claras a la adquisición de grandes extensiones.

La propuesta del Gobierno busca flexibilizar o eliminar estos límites, con el argumento de facilitar inversiones. Esto podría modificar significativamente quién accede a la tierra y bajo qué condiciones se explotan esos recursos.

Ley de Manejo del Fuego: incendios y uso del suelo

La Ley de Manejo del Fuego (27.604) fue sancionada en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández, en respuesta a los incendios masivos que afectaron distintas regiones del país.

Su objetivo es evitar que el fuego se convierta en una herramienta para cambiar el uso del suelo. Por eso establece que las áreas incendiadas no pueden ser transformadas durante períodos prolongados, de entre 30 y 60 años.

Las modificaciones en estudio apuntan a reducir o eliminar esas restricciones, lo que reabre el debate sobre los incentivos detrás de los incendios y el riesgo de que vuelvan a utilizarse como herramienta económica.

Los principios del derecho ambiental: la base real del conflicto

Las tres leyes comparten un mismo enfoque: prevenir el daño ambiental antes de que ocurra. Ese enfoque surge de una serie de principios jurídicos incorporados en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente.

Principio precautorio

Establece que, ante el riesgo de un daño grave o irreversible, no es necesario esperar certeza científica total para actuar. Se debe prevenir igual.

Cómo impacta en las reformas:

• Glaciares: aceptar actividades en zonas sensibles implica asumir riesgos sobre reservas de agua.
• Fuego: flexibilizar restricciones facilita daños difíciles de controlar.
• Tierras: menos controles implica asumir impactos sin conocer plenamente sus efectos.

Principio preventivo

Indica que si un daño es conocido, debe evitarse directamente desde el inicio.

Cómo impacta en las reformas:

• Glaciares: reemplazar prohibiciones reduce la capacidad de prevenir daños.
• Fuego: eliminar restricciones permite que el daño ocurra antes de intervenir.
• Tierras: sin límites claros, el control llega tarde.

Principio de no regresión ambiental

Sostiene que los niveles de protección ambiental no deben retroceder.

Cómo impacta en las reformas:

• Glaciares: reducción de áreas protegidas implica retroceso.
• Fuego: eliminar restricciones baja estándares logrados.
• Tierras: flexibilizar límites desarma controles existentes.

Principio de equidad intergeneracional

Plantea que los recursos deben preservarse para las futuras generaciones.

Cómo impacta en las reformas:

• Glaciares: afecta reservas de agua a largo plazo.
• Fuego: degrada ecosistemas futuros.
• Tierras: puede agotar recursos del suelo.

Principio de sustentabilidad

Busca equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.

Cómo impacta en las reformas:

• Glaciares: priorizar extracción rompe el equilibrio.
• Fuego: uso inmediato del suelo afecta recuperación.
• Tierras: incentiva modelos intensivos.

Un cambio de modelo

Las reformas plantean un cambio de lógica: de un modelo preventivo a uno más flexible, orientado a facilitar inversiones.

El debate de fondo es claro: cuánto riesgo ambiental está dispuesto a asumir el país en nombre del desarrollo económico.