Bosques en debate: alertan que el Gobierno busca flexibilizar controles y habilitar desmontes sin evaluación ambiental

La posibilidad de avanzar con desmontes sin evaluación de impacto ambiental en zonas de menor protección encendió alarmas en distintas provincias. El cambio, todavía en etapa de propuesta, forma parte de una revisión más amplia sobre la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego impulsada desde el Gobierno nacional.

El punto más cuestionado es la modificación del régimen en la categoría III —zona verde—, donde se podría habilitar el desmonte total sin los filtros actuales. Hoy, incluso en esas áreas, el cambio de uso del suelo requiere autorización previa. La diferencia no es menor: implica pasar de un esquema de control preventivo a uno más laxo, con menos instancias de evaluación estatal.

El contexto en el que se discute la medida es crítico. Desde la sanción de la Ley 26.331 en 2007, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo. Solo en 2023 se registraron 173.000 hectáreas afectadas, y más de la mitad de esos desmontes ocurrieron en zonas donde la normativa vigente prohíbe el cambio de uso del suelo.

Ese dato atraviesa todo el debate. Si el problema central es la falta de cumplimiento de la ley, reducir controles aparece para muchos actores como una decisión que agrava el escenario. La discusión, entonces, se desplaza: ya no se trata de si la norma es excesiva, sino de si el Estado tiene capacidad para hacerla cumplir.

Organizaciones técnicas y territoriales coinciden en ese diagnóstico. La Red Agroforestal Chaco Argentina sostiene que la ley vigente sigue siendo una herramienta clave de ordenamiento territorial, pero que sus debilidades están en el financiamiento, el monitoreo y la capacidad de control. En esa línea, advierten que flexibilizar el régimen podría aumentar la exposición a incendios, inundaciones y sequías, con costos económicos y sociales de largo plazo.

En Misiones, donde la conservación forma parte de la matriz productiva, el rechazo es explícito. El ministro de Ecología, Martín Recamán, advirtió que avanzar en ese sentido implicaría un retroceso ambiental, productivo y social. También planteó que el debate no puede reducirse a una lógica de rentabilidad inmediata, ya que el deterioro del ambiente impacta directamente sobre la salud, el agua y la economía regional.

El paquete de cambios incluye otro punto sensible: la revisión de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta apunta a eliminar las restricciones que impiden modificar el uso del suelo en áreas incendiadas durante décadas. Ese mecanismo fue incorporado para evitar incendios intencionales como paso previo a desarrollos agropecuarios o inmobiliarios. Su eventual eliminación es leída por organizaciones ambientales como una señal que puede incentivar esas prácticas.

Las críticas no provienen solo del ambientalismo. Desde el sector forestal también surgen advertencias. La Asociación Forestal Argentina señaló que una baja en los estándares de protección podría afectar la competitividad del país, el acceso a financiamiento climático y la inserción en mercados internacionales que exigen trazabilidad y garantías de no deforestación, como los regulados por la normativa europea.

Ese punto introduce una dimensión que excede el plano ambiental. Las reglas sobre deforestación, uso del suelo y trazabilidad se convirtieron en condiciones de acceso a mercados. Modificarlas no solo impacta en el territorio, también redefine la posición del país frente a socios comerciales e inversores.

Lo que está en discusión no es únicamente cuánto se protege, sino bajo qué criterios y con qué consecuencias. En un escenario de pérdida sostenida de bosques, cualquier cambio en los estándares de control deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una decisión política con efectos de largo alcance.