Finalizó la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 de Escazú), realizada del 20 al 24 de abril, en Nassau, Bahamas. Se trata del primer acuerdo regional sobre acceso a la información pública ambiental, participación social en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental.
Además, es el primer acuerdo mundial en detener la mirada en la necesidad de proteger a las personas defensoras del ambiente. Este año fue la primera vez que la conferencia se celebró en el Caribe, la región que representa a más de la mitad de los 15 países que han ratificado el Acuerdo hasta el momento.
En esta edición, se abordaron temas de participación, género y acceso a la información. La agenda tuvo como novedad la propuesta de un registro de emisiones contaminantes al suelo, aire, agua y subsuelo, el cual se encuentra en una fase inicial en Argentina y en otros países como Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica. Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028.
Los Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) son sistemas de información pública que permiten recopilar, procesar y difundir datos verificables sobre las liberaciones de contaminantes al aire, el agua, el suelo y el subsuelo, y sobre las transferencias de sustancias y residuos fuera del sitio de origen para su disposición final, tratamiento, reciclaje o recuperación (art. 6.4 del Acuerdo de Escazú). La inclusión de este ítem pone de relieve la importancia del monitoreo independiente de las emisiones contaminantes.
En el caso de Argentina, esto guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas.
En el corazón del Acuerdo de Escazú está la protección de las personas defensoras del ambiente. A lo largo de la conferencia, desde el público tomaron la palabra defensoras de toda la región denunciando la persecución, criminalización y estigmatización de sus personas y comunidades.
Desde Argentina, tomó la palabra Itatí Brida, miembro de la Asamblea del Agua Uspallata, denunciando la criminalización de la protesta social en la provincia de Mendoza. Particularmente, se refirió a defensores ambientales que fueron detenidos por defender el agua y oponerse al proyecto San Jorge de extracción de cobre en la provincia. También denunció la violación a la participación social en la audiencia pública convocada durante el debate de la reforma a la ley de glaciares en la que más de 100.000 personas inscriptas fueron dejadas sin posibilidad de participación real.
En América Latina y el Caribe, ocho países (Argentina, Belice, Chile, Ecuador, México, Panamá, Santa Lucía y St. Kitts and Nevis) ya tienen sus hojas de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú. Actualmente, Colombia se encuentra construyendo su hoja de ruta, mientras que el resto de los países firmantes aún no las han desarrollado.
En un evento paralelo convocado por la Red Escazú y el Observatorio de Escazú en Argentina, especialistas detallaron el estado de avance y los caminos que conducen a la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel nacional.
Luego de tres días de negociaciones, Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resumió: “En tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales para encontrarnos, conversar, intercambiar miradas y recordar los motivos por los cuales todos los días defendemos los derechos de acceder a la información pública, de participar en las decisiones que puedan afectar al ambiente y los ecosistemas y de reclamar por estos derechos ante la justicia ambiental. Asimismo, conocer a defensoras y defensores de diferentes lugares de la región nos inspira para seguir luchando por una democracia ambiental más justa y solidaria”.
