Una investigación de FOPEA revela que Argentina pierde 200.000 hectáreas de bosques nativos por año y que el país no logra cumplir su meta de restauración

Argentina pierde alrededor de 200.000 hectáreas de bosques nativos por año. La superficie equivale prácticamente a toda la extensión que el país se comprometió a restaurar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de 2030. La diferencia es que esa pérdida ocurre en apenas doce meses, mientras que la recuperación prometida debía concretarse a lo largo de una década.

El dato surge de una investigación publicada el 28 de octubre de 2026 por el equipo de FOCO Bootcamp, la Fundación Transparencia Activa y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). El trabajo analiza la deforestación, los programas de restauración, el cumplimiento de la Ley de Bosques y la falta de información pública sobre las superficies que efectivamente se recuperan.

El relevamiento advierte que Argentina se encuentra lejos de cumplir el compromiso internacional de restaurar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados para el final de esta década. Aunque existe un Plan Nacional de Restauración, la iniciativa perdió impulso, no tiene financiamiento específico y tampoco consiguió establecer un sistema de seguimiento que permita conocer los resultados.

La investigación cuenta además con un sitio web interactivo que permite recorrer los datos y observar la situación de los bosques nativos en todo el país. A través de mapas, gráficos y filtros, los usuarios pueden consultar las superficies de bosque perdidas, comparar los registros por provincia y período, conocer las áreas restauradas y observar las distintas categorías de conservación. La plataforma también reúne información sobre el financiamiento destinado a proteger los bosques y presenta testimonios de especialistas e iniciativas de recuperación ambiental.

El sitio permite explorar visualmente los resultados del trabajo, identificar las diferencias entre las jurisdicciones y profundizar en los datos que sostienen la investigación. Está disponible en https://restauracionbosquesnativos.fopea.org/, donde también se puede acceder al informe completo.

Una pérdida que supera ampliamente la capacidad de recuperación

En diciembre de 2019, el Estado argentino presentó ante la ONU su estrategia de Neutralidad de la Degradación de las Tierras. Allí asumió el compromiso de restaurar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados antes de finalizar 2030.

Para alcanzar ese objetivo se había diseñado el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, que contemplaba llegar a 2023 con al menos 18.000 hectáreas en proceso de recuperación y luego ampliar progresivamente la superficie intervenida.

Sin embargo, entre 2017 y 2022 se ejecutaron 43 proyectos en 15 provincias que, en conjunto, no superaron las 3.500 hectáreas. La Subsecretaría de Ambiente de la Nación informó que el plan continúa vigente bajo la Resolución 267/2019, pero reconoció que actualmente no cuenta con financiamiento específico.

Mientras tanto, los registros oficiales muestran que entre 2018 y 2024 se perdieron 1.415.659 hectáreas de bosques nativos. El promedio anual se ubicó en torno a las 202.000 hectáreas, con un pico de más de 330.000 hectáreas destruidas durante 2020.

La investigación plantea así una diferencia difícil de ignorar: el país pierde en un año una superficie equivalente a la que prometió recuperar durante diez años.

Las provincias más afectadas por la deforestación

La pérdida de bosques no se distribuye de manera uniforme en el territorio argentino. Los registros correspondientes al período 2018-2024 ubican a Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y San Luis entre las jurisdicciones con mayor superficie afectada.

Santiago del Estero encabezó el registro, con 291.935 hectáreas perdidas. Le siguieron Chaco, con 247.499; Formosa, con 199.811; Salta, con 145.502; y San Luis, con 123.089 hectáreas.

El problema también se refleja en la situación de provincias que informaron superficies recuperadas. En La Pampa, por ejemplo, se registraron 70.904 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2018 y 2024, frente a 4.513 hectáreas restauradas entre 2018 y 2026. En Entre Ríos, la reducción alcanzó las 30.912 hectáreas, mientras que la superficie recuperada fue de 2.478.

Estos números permiten observar la distancia entre la pérdida y la recuperación, aunque los períodos de medición no son exactamente iguales y la información disponible no cubre a todas las jurisdicciones.

Doce provincias no respondieron los pedidos de información

Uno de los principales problemas detectados por la investigación es la ausencia de registros completos y sistematizados sobre la restauración de los bosques nativos.

Para conocer qué ocurrió desde 2018, el equipo realizó pedidos de acceso a la información pública a organismos nacionales y a las autoridades responsables de aplicar la Ley de Bosques en las provincias. De las 23 jurisdicciones consultadas, doce no habían respondido al cierre del trabajo: Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

El caso de Chaco también expuso las dificultades para realizar un seguimiento. Su Dirección de Bosques informó que no contaba en sus archivos ni en sus bases de datos con la información técnica y operativa solicitada. En Jujuy, en tanto, se reconoció que los proyectos de restauración no habían sido sistematizados históricamente.

A nivel nacional, la Subsecretaría de Ambiente informó sobre 2.147 planes presentados entre 2018 y 2026 que contemplan alguna acción de recuperación. Sin embargo, el organismo reconoció que no puede diferenciar cuántas hectáreas están efectivamente en proceso de restauración y cuántas corresponden a otras actividades de manejo forestal.

En otras palabras, el Estado puede informar la existencia de proyectos, pero no cuenta con datos suficientes para establecer cuánta superficie de bosque nativo fue realmente recuperada.

La Ley de Bosques y un presupuesto que no alcanza

La Ley 26.331, sancionada en 2007, establece los presupuestos mínimos para proteger los bosques nativos y obliga a las provincias a ordenar territorialmente sus áreas forestales. Ese ordenamiento divide los territorios en tres categorías según su valor de conservación.

Las zonas rojas corresponden a bosques de alto valor y no pueden transformarse. Las amarillas tienen un valor medio y permiten actividades de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación. Las verdes son áreas de menor valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la normativa.

La investigación también advierte que la actualización de esos mapas presenta demoras. Aunque la reglamentación establece que deben revisarse cada cinco años, hasta octubre de 2026 solamente cinco provincias habían actualizado sus ordenamientos: Chaco, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

A esto se suma el financiamiento. El presupuesto nacional de 2026 destinado a la protección de los bosques nativos fue de 17.468 millones de pesos, equivalente al 0,0107% del presupuesto nacional. El monto representa una proporción muy inferior al piso del 0,3% establecido por la Ley 26.331 para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Restaurar no es solamente plantar árboles

Otro de los aspectos centrales del trabajo es la diferencia entre reforestación y restauración. Aunque suelen utilizarse como sinónimos, no significan lo mismo.

La reforestación consiste en plantar árboles en terrenos que perdieron su cobertura forestal. La restauración, en cambio, busca recuperar la estructura, la biodiversidad y los procesos ecológicos de un ecosistema degradado. Esto implica reconstruir las condiciones necesarias para que el bosque vuelva a funcionar como tal, y no solamente sumar ejemplares al paisaje.

Especialistas consultados advierten que plantar árboles no garantiza por sí solo la recuperación de un ambiente. También se necesita seguimiento, mantenimiento, protección de las especies nativas y evaluación de los resultados a lo largo del tiempo.

La falta de monitoreo tiene otras consecuencias: dificulta conocer el impacto real de los proyectos y también impide contabilizar adecuadamente la captura de carbono que producen los bosques en recuperación.

Un caso judicial en Entre Ríos y proyectos de restauración

La investigación también presenta experiencias que muestran tanto los conflictos como las iniciativas de recuperación que se desarrollan en el país.

En Villaguay, Entre Ríos, un desmonte iniciado a mediados de 2024 afectó más de 125 hectáreas de bosque nativo en áreas protegidas por las categorías amarilla y roja. La organización ambiental Fundación Cauce y la abogada Valeria Enderle impulsaron acciones judiciales contra los responsables del emprendimiento. En agosto de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó la recomposición ambiental, aunque la ejecución de esa medida todavía estaba pendiente al momento del relevamiento.

El artículo 40 de la Ley 26.331 establece que, cuando se producen desmontes o incendios que degradan bosques nativos, debe exigirse la recomposición del ambiente afectado.

También se documentan iniciativas de restauración impulsadas por organizaciones y acuerdos de cooperación. En Córdoba, el proyecto Comunidades Regenerativas trabaja en nueve localidades con especies nativas y participación comunitaria. En la Patagonia, el programa ProCLIM-AR, desarrollado en el marco de un acuerdo entre Argentina y Alemania, impulsó acciones de recuperación y ya permitió plantar 40 hectáreas de bosque en el Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre, en Chubut.

Son experiencias que muestran que la recuperación es posible, pero también que requiere continuidad, recursos y mecanismos para medir sus resultados.

El desafío de recuperar los bosques antes de 2030

El desafío no es solamente dejar de destruir los bosques, sino recuperar lo que ya se perdió. Argentina asumió el compromiso de restaurar 200.000 hectáreas antes de 2030, pero la falta de financiamiento, los problemas de control y la ausencia de información pública completa ponen en duda su cumplimiento. Mientras la deforestación avanza a un ritmo cercano a esa misma superficie cada año, la recuperación sigue sin contar con una política sostenida y resultados que puedan medirse con claridad.

Los bosques nativos son fundamentales para conservar la biodiversidad, proteger los suelos, regular el agua y enfrentar el cambio climático. Cada hectárea que desaparece representa un daño ambiental que no se resuelve simplemente plantando árboles: requiere planificación, recursos y una decisión política de proteger los ecosistemas a largo plazo.