Explosión, contaminación y silencio: el caso Atanor en San Nicolás que sigue sin respuestas

Una explosión ocurrida en la madrugada del 20 de marzo de 2024 volvió a poner en el centro de la escena el historial ambiental de Atanor en la ciudad bonaerense de San Nicolás. El estallido de la tapa de un reactor, mientras se producía atrazina, liberó una nube de sustancias tóxicas que alcanzó a barrios cercanos y expuso, una vez más, los riesgos asociados a la industria de agroquímicos en zonas urbanas.

Según reconstrucciones periodísticas, la explosión liberó cianurilo y otros compuestos contaminantes al aire. Vecinos del Barrio Química reportaron ardor en la garganta y picazón en los ojos tras la inhalación de los gases. Un operario resultó gravemente herido y debió ser asistido de urgencia, mientras que dotaciones de bomberos lograron controlar el foco ígneo.

La versión oficial difundida por la empresa —controlada por el grupo estadounidense Albaugh— describió el hecho como un “incidente controlado”, sin dar cuenta del impacto inmediato sobre la población. Tampoco abordó el tipo de sustancias liberadas ni los riesgos sanitarios asociados.

Un patrón que se repite

El episodio no fue aislado. La planta de Atanor en San Nicolás arrastra antecedentes relevantes: en 2016 había sido clausurada tras un incendio similar y reabierta posteriormente sin controles suficientes. Desde entonces, denuncias vecinales, investigaciones judiciales y peritajes ambientales han acumulado evidencia sobre prácticas riesgosas en el predio.

Organizaciones como Greenpeace Argentina intervinieron rápidamente tras la explosión de 2024. Relevamientos realizados en barrios cercanos detectaron la presencia de atrazina y otros contaminantes tanto en el aire como en superficies, confirmando la dispersión de sustancias peligrosas más allá del perímetro industrial.

A pesar de estos hallazgos, no se conocen aún las causas técnicas del estallido ni se ha determinado responsabilidad empresarial o estatal. El expediente judicial permanece sin definiciones de fondo.

Clausura tardía y nuevas irregularidades

Paradójicamente, la explosión no derivó en la paralización inmediata de la planta. La empresa continuó operando y obtuvo incluso el Certificado de Aptitud Ambiental, mientras avanzaba con su Plan de Gestión ante autoridades provinciales.

El punto de inflexión llegó en julio de 2025, cuando una inspección de la Autoridad del Agua detectó una bomba sumergida que descargaba líquidos contaminantes directamente al suelo natural dentro del predio, a escasa distancia del río Paraná. La irregularidad implicaba un riesgo concreto de contaminación hídrica y derivó en el cierre de operaciones en la ciudad.

La empresa argumentó razones de “competitividad y eficiencia” para justificar el cese de actividades en San Nicolás, trasladando la producción a otras plantas en Pilar y Río Tercero.

Contaminación persistente

El cierre de la planta no significó el fin del problema. Estudios posteriores, realizados en octubre de 2024, detectaron plaguicidas altamente tóxicos —incluso algunos prohibidos— en el arroyo Yaguarón, un afluente del río Paraná que durante años recibió efluentes industriales.

Los contaminantes hallados evidencian un fenómeno conocido en derecho ambiental: la persistencia del daño. Sustancias que deberían haberse degradado hace décadas continúan presentes, afectando ecosistemas y potencialmente la salud humana.

El impacto adquiere mayor gravedad si se considera que tanto el río Paraná como el Acuífero Puelche constituyen fuentes de agua potable para la población.

Un caso testigo

El caso Atanor sintetiza varios déficits estructurales: fallas en el control estatal, debilidad en la respuesta judicial y ausencia de mecanismos eficaces de reparación ambiental. También pone en tensión el discurso empresarial de sustentabilidad frente a prácticas concretas que han generado daños acumulativos.

En términos jurídicos, el expediente reúne elementos relevantes: antecedentes de clausura, ampliaciones sin permisos, una sentencia condenatoria en 2023 por contaminación y evidencia pericial sobre afectación a la salud. Sin embargo, la falta de resolución sobre la explosión de 2024 evidencia una brecha entre la constatación del daño y la determinación de responsabilidades.

Mientras tanto, en San Nicolás, la contaminación no es un episodio del pasado. Es una condición persistente que sigue afectando a una comunidad que convive con las consecuencias de un modelo productivo que, hasta ahora, no ha rendido cuentas.