La Política Ambiental
Un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la nativo, el agua y la tierra que, aseguran, se encuentran hoy amenazados por la actividad extractiva.
El eje del amparo apunta a la legalidad del procedimiento administrativo que habilitó el emprendimiento. Según los amparistas, las autorizaciones fueron otorgadas “con graves irregularidades”, sin garantizar mecanismos básicos de participación ciudadana.
Entre las principales denuncias se destacan:
En ese marco, también se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos provinciales 5772/2010 y 7551/2023, por considerar que restringen derechos de acceso a la información y participación en decisiones ambientales.
El proyecto “Martín Bronce” se ubica en las Serranías de Santa Bárbara, un área de alta biodiversidad que forma parte del corredor ecológico entre las Yungas y el Gran Chaco. Según el amparo, la zona está categorizada como de alto y mediano valor de conservación en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Esto implica restricciones estrictas: la Ley 26.331 prohíbe desmontes en esas categorías. Sin embargo, los vecinos aseguran que ya se registraron intervenciones sobre el territorio.
“El daño ambiental resulta notorio”, sostiene la presentación, que advierte sobre desmontes, afectación de cursos de agua y riesgos para especies en peligro.
La preocupación en Palma Sola comenzó a fines de 2025, cuando se detectó la instalación de una planta de lavado de minerales en el barrio Agua Negra. Hasta ese momento, muchos habitantes creían que se trataba de una actividad menor.
“Pensábamos que era una ripiera. Después supimos que era roca que llevaban a Chile para procesarla”, explicó Vanesa Méndez, una de las amparistas.
El conflicto escaló tras reuniones con representantes de la empresa, donde —según relatan— surgieron inconsistencias relevantes: desde el uso de sustancias químicas como ácido sulfúrico hasta diferencias en la cantidad de empleos prometidos.
Otro de los puntos críticos es la escala real de la explotación. El proyecto original contemplaba una intervención sobre 27 hectáreas, pero los vecinos sostienen que actualmente se extiende sobre miles.
Además, señalan que la factibilidad ambiental habría sido otorgada solo para 2,7 hectáreas, lo que evidencia —según el planteo judicial— una discrepancia sustancial entre lo autorizado y lo ejecutado.
El amparo también invoca el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la protección de quienes defienden el ambiente.
En esa línea, los vecinos denunciaron un reciente hecho: el esposo de una de las amparistas fue embestido por un vehículo vinculado a la minera. Aunque se encuentra fuera de peligro, el episodio será denunciado judicialmente.
Como parte de la acción, se solicitó una medida cautelar para:
El planteo incorpora además una perspectiva emergente en el derecho ambiental: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que implicaría su protección frente a actividades que comprometan su integridad.
El proyecto se ubica a unos 25 kilómetros de Palma Sola, en un cerro considerado clave para el abastecimiento de agua en la región. Allí, comunidades rurales desarrollan actividades productivas tradicionales.
Durante una de las reuniones con la empresa, una vecina sintetizó el conflicto: “No metan mano en ese cerro porque es el que nos da la vida”.
La frase resume el núcleo del litigio: un choque directo entre un modelo extractivo en expansión y comunidades que reclaman ser escuchadas antes de que los impactos se vuelvan irreversibles.
