La Política Ambiental
El gobierno de Javier Milei avanzó con la preadjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión implica entregar por los próximos 25 años la administración, dragado, señalización y mantenimiento de la principal ruta fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
La medida fue presentada por el Gobierno como un avance en materia de eficiencia y reducción de costos logísticos. Sin embargo, la decisión volvió a generar cuestionamientos sobre el rumbo que está tomando la política de infraestructura estratégica de la Argentina y sobre el creciente proceso de privatización de activos considerados claves para el desarrollo nacional.
La Hidrovía Paraná-Paraguay no es una obra más. Se trata de una vía navegable de importancia continental que conecta a la Argentina con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, y constituye la principal salida de granos, harinas, aceites y otros productos de exportación.
Por esa razón, distintos sectores vienen advirtiendo desde hace años que el control de la hidrovía excede una cuestión meramente comercial. También involucra aspectos vinculados a la soberanía, la fiscalización del comercio exterior, la protección ambiental y el desarrollo económico del país.
Pese a ello, el Gobierno decidió avanzar nuevamente con una concesión privada de largo plazo que dejará en manos de operadores extranjeros el manejo de uno de los corredores logísticos más importantes de Sudamérica.
La licitación tampoco estuvo exenta de polémicas.
Durante los últimos meses, distintos organismos y sectores de la oposición cuestionaron aspectos del procedimiento y advirtieron sobre presuntas irregularidades en los pliegos licitatorios.
Incluso la Procuraduría de Investigaciones Administrativas señaló observaciones vinculadas al proceso y advirtió sobre posibles problemas en el diseño de la licitación, mientras sectores políticos reclamaron una mayor participación del Congreso y mayores controles públicos sobre una infraestructura considerada estratégica.
A pesar de esos cuestionamientos, el Ejecutivo continuó adelante con el proceso hasta llegar a la preadjudicación anunciada por el Ministerio de Economía.
Las críticas más fuertes apuntan a la visión del Gobierno respecto del rol del Estado.
Mientras la administración de Milei sostiene que la participación privada garantiza eficiencia y mejores resultados, sus detractores consideran que la estrategia implica renunciar a herramientas fundamentales de control sobre el comercio exterior argentino.
La discusión adquiere una dimensión aún mayor si se considera que por la hidrovía circulan miles de millones de dólares en exportaciones cada año y que el control de esa vía resulta clave para combatir el contrabando, mejorar la trazabilidad de cargas y fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado.
Para numerosos especialistas, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: si la Argentina es capaz de producir alimentos para cientos de millones de personas y posee una de las rutas fluviales más importantes del planeta, ¿por qué continúa dependiendo de empresas extranjeras para administrar una infraestructura estratégica?
La decisión sobre la Hidrovía se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional orientadas a ampliar la participación privada en sectores considerados estratégicos.
Puertos, energía, minería, transporte y recursos naturales aparecen cada vez más vinculados a esquemas donde el Estado reduce su intervención mientras empresas privadas ganan protagonismo.
Los críticos de este modelo advierten que el riesgo no es solamente económico. También señalan que la pérdida de capacidad de decisión sobre infraestructura clave puede limitar el desarrollo futuro del país y profundizar la dependencia de intereses externos.
Mientras el Gobierno celebra la preadjudicación como un logro de gestión, la discusión sobre la Hidrovía está lejos de terminar.
La vía navegable seguirá siendo uno de los principales escenarios donde se enfrentan dos modelos de país: uno que considera que la infraestructura estratégica debe permanecer bajo fuerte control estatal y otro que apuesta a la gestión privada como herramienta central para el desarrollo económico.
Lo que está en juego no es solamente una concesión multimillonaria. Para muchos sectores, la verdadera discusión gira en torno a quién controla la puerta de salida de la riqueza argentina y quién se beneficia finalmente de ella.
