Grave desalojo en Salta: denuncian violencia institucional contra una comunidad indígena en Las Pailas

El conflicto por la tierra en la provincia de Salta volvió a quedar en el centro de la escena luego de que varias familias de la comunidad Diaguita Calchaquí fueran desalojadas de sus hogares en la zona de Las Pailas, cerca de la localidad de Cachi, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. El procedimiento, ejecutado con una importante presencia policial, generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, referentes indígenas y organismos de derechos humanos, que denunciaron un nuevo caso de violencia institucional contra pueblos originarios.

Los hechos ocurrieron en el marco de una disputa territorial que lleva años sin resolverse. Las familias de de la comunidad afectadas sostienen que habitan esas tierras desde hace generaciones y que forman parte de un territorio ancestral vinculado a su historia, cultura y forma de vida. Sin embargo, una serie de decisiones judiciales habilitaron el avance de desalojos que hoy son cuestionados por distintos sectores.

Durante el operativo participaron efectivos de Infantería y otras fuerzas de seguridad, que ingresaron a los terrenos para ejecutar las órdenes judiciales. Según denunciaron integrantes de la comunidad, el procedimiento terminó afectando a numerosas familias, incluyendo mujeres, niños y adultos mayores. Muebles, herramientas de trabajo, materiales de construcción y pertenencias personales fueron retirados de las viviendas mientras los habitantes observaban cómo eran expulsados de los lugares donde habían construido sus hogares.

Las críticas apuntan directamente a la Justicia salteña. Organizaciones indígenas y de derechos humanos sostienen que las resoluciones ignoraron derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que protegen la posesión y ocupación tradicional de los territorios indígenas. También cuestionan que no se hayan agotado instancias de diálogo antes de avanzar con medidas que terminaron dejando a familias enteras sin vivienda y sin acceso a los recursos con los que sostienen su subsistencia.

El caso de Las Pailas también volvió a poner en debate las consecuencias del fin de la emergencia territorial indígena. Durante años, la normativa nacional suspendió los desalojos de comunidades originarias mientras se realizaban relevamientos territoriales. Con la caída de esa protección, numerosas causas judiciales comenzaron a reactivarse en distintas provincias, exponiendo a muchas comunidades a procesos de expulsión que permanecían frenados.

Para las familias afectadas, el conflicto va mucho más allá de la propiedad de una parcela. Aseguran que el territorio representa parte de su identidad colectiva, de sus prácticas culturales y de una forma de vida transmitida de generación en generación. Por eso consideran que el desalojo constituye no sólo una pérdida material, sino también un profundo desarraigo.

Mientras continúan los reclamos y las denuncias, organizaciones sociales advierten que lo ocurrido en Las Pailas podría repetirse en otros territorios indígenas del país. El conflicto sigue abierto y se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la tensión existente entre las decisiones judiciales sobre la propiedad de la tierra y los derechos históricos de los pueblos originarios.

Para los habitantes de Las Pailas, la lucha continúa. Y aseguran que seguirán reclamando el reconocimiento de un territorio que consideran inseparable de su historia, su cultura y su existencia como comunidad.