La Política Ambiental
El gobierno de Javier Milei avanzó con una decisión que modifica de manera profunda las reglas de juego del agro argentino y que promete generar una fuerte discusión dentro del sector rural. A través de la Resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Ejecutivo derogó la Resolución 283/2015, una norma que durante más de diez años limitó el patentamiento de materia viva, material biológico y desarrollos biotecnológicos aplicados a la producción agrícola.
La decisión fue presentada oficialmente como una modernización del sistema de propiedad intelectual argentino. Sin embargo, para numerosos productores y especialistas del sector agropecuario, la medida abre definitivamente la puerta al cobro de regalías sobre tecnologías agrícolas que durante años permanecieron fuera del alcance de las grandes corporaciones semilleras.
En términos prácticos, el cambio implica que producir en Argentina será más caro para quienes utilicen semillas o tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual.
La Resolución 283/2015 había sido implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establecía criterios restrictivos para el patentamiento de organismos vivos, material biológico existente en la naturaleza y determinados desarrollos biotecnológicos.
Aquella norma fue clave para impedir que empresas dueñas de tecnologías agrícolas extendieran de manera masiva sus derechos sobre eventos genéticos utilizados por millones de productores argentinos.
Con la Resolución 197/2026, publicada en el Boletín Oficial, esa protección desapareció.
La norma es breve pero contundente. Su artículo principal establece simplemente:
“Derógase la Resolución 283 de fecha 25 de septiembre de 2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial”.
Detrás de esa frase de pocas palabras se encuentra una modificación que impacta directamente sobre uno de los negocios más importantes de la agricultura moderna: el control de la genética de las semillas.
Para entender la importancia de la medida es necesario retroceder varias décadas.
A fines de los años noventa comenzó a expandirse en Argentina la soja RR (Roundup Ready), una variedad transgénica desarrollada por Monsanto que revolucionó la agricultura nacional.
Aquella tecnología permitió incrementar la producción y transformar al país en una potencia agrícola mundial.
Sin embargo, desde entonces las empresas propietarias de esos desarrollos intentaron cobrar regalías por el uso de la genética incorporada en las semillas.
Durante años, distintos gobiernos resistieron esos intentos mediante regulaciones, criterios administrativos y limitaciones al patentamiento de determinados desarrollos biotecnológicos.
Gracias a esas restricciones, millones de hectáreas sembradas quedaron fuera del alcance de cobros que en otros países eran habituales.
La derogación impulsada por Milei elimina parte de esas barreras y fortalece la posición de las compañías que controlan las patentes.
Uno de los principales defensores de la reforma fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Apenas se conoció la publicación de la resolución, el funcionario utilizó sus redes sociales para explicar el alcance de la decisión y celebrar el cambio impulsado por el Gobierno.
“Por Resolución 197/26 el INPI deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país”, escribió.
La declaración dejó en claro cuál es la visión oficial sobre el tema: ampliar la protección de las patentes para incentivar inversiones y promover la llegada de nuevas tecnologías al país.
Sin embargo, la misma medida es observada desde una perspectiva completamente diferente por buena parte de los productores agropecuarios.
La decisión también expone una paradoja política que no pasó desapercibida dentro del sector rural.
Durante los gobiernos kirchneristas, gran parte del agro mantuvo una confrontación permanente con la Casa Rosada por las retenciones, los controles de exportación y otras medidas económicas.
Sin embargo, fue durante esos mismos gobiernos cuando se sostuvieron mecanismos regulatorios que evitaron que las multinacionales semilleras lograran cobrar regalías masivas sobre buena parte de la producción agrícola argentina.
Hoy, un gobierno que llegó al poder con fuerte respaldo de sectores vinculados al campo decidió eliminar precisamente una de las herramientas que impedían el avance de esos reclamos.
Para muchos productores, la contradicción resulta evidente.
Aunque la medida no crea un nuevo impuesto estatal, sí genera una nueva carga económica para quienes trabajan la tierra.
La diferencia es que el dinero ya no irá al Estado nacional a través de tributos o retenciones, sino directamente a las empresas propietarias de las tecnologías.
En la práctica, los productores comienzan a enfrentar mayores costos asociados al uso de semillas, eventos biotecnológicos y desarrollos genéticos protegidos.
Por esa razón, numerosos referentes rurales sostienen que el efecto económico es similar al de una nueva carga sobre la actividad productiva.
La consecuencia inmediata es una transferencia de recursos desde los productores hacia las compañías dueñas de las patentes.
El mercado mundial de semillas y biotecnología agrícola mueve miles de millones de dólares cada año.
Las grandes corporaciones del sector llevan décadas intentando ampliar los mecanismos de protección de sus desarrollos y aumentar el cobro de regalías por el uso de sus tecnologías.
La decisión del Gobierno argentino se inscribe dentro de esa lógica y representa uno de los cambios regulatorios más importantes de los últimos años en materia de propiedad intelectual aplicada al agro.
Mientras el Gobierno sostiene que la medida atraerá inversiones y fomentará la innovación tecnológica, los críticos advierten que el resultado será una agricultura más dependiente de las grandes corporaciones internacionales.
Lo que durante años fue una barrera para el avance de las patentes sobre la producción agrícola argentina dejó de existir.
Y con esa derogación también desapareció una protección que había evitado que miles de productores pagaran sumas millonarias por tecnologías incorporadas a las semillas que utilizan todos los años.
La decisión de Javier Milei y Federico Sturzenegger inaugura una nueva etapa para el agro argentino: una etapa donde las multinacionales semilleras recuperan terreno y donde producir ya no sólo dependerá del clima, los costos y los mercados, sino también de cuánto haya que pagar por la genética que está dentro de cada semilla.
