Alerta en Chubut: habilitan exploraciones de uranio y se reactiva el conflicto por la minería nuclear

Chubut vuelve a quedar en el centro de la escena ambiental tras la habilitación de nuevos permisos para explorar uranio y tierras raras en el sur de la provincia. La medida, formalizada en el Boletín Oficial Nº 14838 con fecha del 24 de abril de 2026, marca un avance concreto sobre casi 40 mil hectáreas en el departamento Escalante y reactiva un conflicto histórico en uno de los territorios con mayor rechazo a la megaminería en Argentina.

Los expedientes autorizados abarcan distintos lotes del catastro minero provincial y habilitan tareas de cateo sobre minerales de primera categoría, incluyendo sustancias nucleares. No se trata de una proyección: el proceso administrativo ya está en marcha y abre la puerta a trabajos de exploración en campo.

Impactos ambientales y sanitarios

La minería de uranio combina dos niveles de riesgo: toxicidad química y radiación. Durante su extracción y procesamiento pueden liberarse metales pesados, además de residuos radiactivos que permanecen activos durante largos períodos.

Entre los principales impactos se encuentran:

• Contaminación de napas y cursos de agua
• Degradación del suelo
• Exposición a radiación
• Generación de pasivos ambientales de difícil remediación

Estos efectos tienen carácter acumulativo y de largo plazo, especialmente en territorios donde el agua es un recurso estratégico.

Sin licencia social: el eje de las críticas

El punto más cuestionado del avance es la ausencia de aval social. Los permisos se habilitaron sin procesos amplios de consulta pública ni mecanismos de participación ciudadana, en una provincia donde la sociedad ya expresó en múltiples oportunidades su rechazo a la megaminería.

En Chubut, la licencia social no es un detalle: es el factor que históricamente definió el rumbo de los proyectos extractivos. La habilitación de estas exploraciones sin ese respaldo reabre un conflicto que nunca estuvo cerrado.

El antecedente del Chubutazo

El rechazo social a la megaminería tiene un antecedente reciente y contundente: el Chubutazo. En diciembre de 2021, una ola de movilizaciones masivas en toda la provincia frenó la habilitación de la minería a cielo abierto impulsada por el gobierno provincial.

Las protestas incluyeron cortes de ruta, manifestaciones en ciudades clave y una presión social sostenida que obligó a derogar la ley que habilitaba la zonificación minera. Ese episodio consolidó un consenso social fuerte contra el avance extractivo en el territorio.

Ese antecedente sigue vigente y funciona como referencia directa frente a cualquier nuevo intento de avance minero.

Territorio en disputa

El departamento Escalante, donde se concentran los permisos, es una zona con actividad productiva y cercanía a centros urbanos. La incorporación de la minería de uranio suma presión sobre un territorio que ya convive con otras industrias extractivas.

El conflicto no es solo ambiental. Es una disputa por el uso del suelo, el acceso a los recursos y el modelo de desarrollo. La pregunta de fondo es quién decide sobre el territorio y bajo qué condiciones.

Energía, recursos y conflicto abierto

El uranio forma parte de la matriz energética global, pero su extracción genera impactos locales concretos. Esa tensión —entre demanda energética y costos ambientales— vuelve a aparecer con fuerza en Chubut.

Los permisos ya están otorgados. La exploración puede avanzar. Pero también se activa una respuesta social con antecedentes concretos de frenar proyectos similares.

El escenario está planteado: avance institucional sin consenso social. En Chubut, esa combinación ya demostró ser un punto de conflicto que escala rápidamente y redefine el debate sobre los recursos naturales en Argentina.