Patagonia: ¿Coincidencia? Benetton vendió 900.000 hectáreas a empresarios vinculados al mundo cripto y al entorno de Trump, mientras Milei impulsa megacentros de datos

La venta de las empresas de Benetton vuelve a poner en discusión la concentración de tierras en la Argentina y el control de los recursos naturales por parte de grandes grupos económicos. No se trata solamente del traspaso de establecimientos ganaderos: las sociedades incluyen cientos de miles de hectáreas, más de 300.000 animales, producción agrícola, forestaciones e instalaciones industriales. Además, buena parte de esas tierras tiene una historia vinculada con la expansión de capitales extranjeros y con conflictos territoriales que todavía continúan en la Patagonia.

La operación se produce mientras Javier Milei impulsa una política de apertura a grandes inversiones internacionales y busca convertir a la región en un polo para el desarrollo de inteligencia artificial. Los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración, agua e infraestructura, además de grandes superficies para su construcción. Aunque no hay pruebas de que las tierras vendidas por Benetton estén destinadas a esos proyectos, la coincidencia entre el cambio de propietarios y los planes oficiales plantea preguntas sobre quiénes controlarán esos territorios y qué actividades se desarrollarán en ellos.

Benetton se desprendió de casi un millón de hectáreas: una historia de concentración, negocios y tierras en disputa

El grupo italiano concretó la venta de sus principales activos agropecuarios en Argentina, entre ellos la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. La operación comprende aproximadamente 900.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias: cerca del 60% se encuentra en Santa Cruz, el 33% en Chubut, el 5% en Río Negro y el 2% restante en Buenos Aires. Se trata de una de las mayores concentraciones privadas de tierras productivas del país.

En esos establecimientos se desarrollan actividades ganaderas ovinas y bovinas, producción de lana y carne, agricultura y explotación forestal. El patrimonio incluye más de 300.000 animales y extensiones forestadas con pinos. Sin embargo, detrás de esta operación empresarial existe una historia mucho más antigua, vinculada con la apropiación de tierras públicas, la concentración de la propiedad y los conflictos territoriales que todavía atraviesan a la Patagonia.

Los antecedentes de la Compañía de Tierras Sud Argentino se remontan a fines del siglo XIX, cuando capitales británicos comenzaron a concentrar enormes extensiones de territorio patagónico. Investigaciones históricas y jurídicas reconstruyeron un proceso de concesiones de tierras fiscales que se habría realizado mediante "maniobras administrativas y financieras" para eludir los límites legales de compra. Según esos trabajos, distintos concesionarios habrían obtenido hectáreas dentro de los máximos permitidos y luego las intercambiaron o transfirieron para reunir superficies mucho mayores. En algunos expedientes, los títulos consignaban que los terrenos estaban libres de ocupantes, pese a que eran territorios habitados y utilizados por comunidades indígenas.

La compañía, originalmente denominada The Argentine Southern Land Company, acumuló así cientos de miles de hectáreas en la Patagonia. Después de pasar por manos de inversores locales durante la década de 1970, en 1991 fue adquirida por el holding Edizione, perteneciente a la familia Benetton. La operación se concretó durante la presidencia de Carlos Menem, en un período marcado por las privatizaciones, la desregulación económica y las políticas de apertura al capital extranjero. El grupo italiano compró el paquete accionario de la sociedad y pasó a controlar sus tierras, en una operación que fue valuada en alrededor de 50 millones de dólares.

De esta manera, Benetton no inició la concentración territorial, sino que se convirtió en el nuevo propietario de una estructura empresarial que ya acumulaba tierras desde el siglo XIX. Durante los 35 años siguientes, el grupo italiano consolidó uno de los mayores patrimonios rurales privados del país y protagonizó numerosos conflictos con comunidades mapuches que cuestionan el origen de esos títulos y reclaman el reconocimiento de sus territorios ancestrales.

Ahora, los compradores son empresarios y directivos vinculados con Adecoagro, encabezados por su presidente, Mariano Bosch. La adquisición fue realizada por socios de la compañía a título particular y no directamente por Adecoagro como empresa. Bosch quedaría al frente de las sociedades adquiridas, mientras que Agustín Dranovsky continuaría como CEO de la Compañía de Tierras Sud Argentino. El monto de la operación no fue informado públicamente.

La venta también vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: quién puede comprar y controlar semejantes extensiones del territorio argentino. El Gobierno de Javier Milei intentó eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Aunque la Corte Suprema suspendió provisoriamente sus efectos el 9 de octubre de 2026, la ofensiva oficial dejó en evidencia la intención de flexibilizar los controles sobre la propiedad rural.

La Ley de Tierras 26.737 establecía límites a la titularidad extranjera, con un máximo del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y superficie. La discusión sobre su vigencia continúa en el ámbito judicial. En este escenario, la posibilidad de que grandes extensiones de territorio queden bajo control de capitales internacionales vuelve a generar preocupación.

La cuestión no pasa solamente por quién figura como titular de una propiedad, sino también por quién ejerce su control económico, qué intereses existen detrás de las sociedades y qué destino se les dará a esos recursos. En un país donde la tierra, el agua y los bienes naturales son estratégicos, resulta preocupante que se avance hacia un esquema de mayor apertura a grandes compradores sin un debate profundo sobre la soberanía territorial, la concentración de la propiedad y los derechos de las comunidades que históricamente habitaron esos espacios.

Mariano Bosch encabezó la compra: el vínculo con Adecoagro

Los nuevos propietarios son empresarios y directivos vinculados con Adecoagro, una de las principales compañías agroindustriales de Sudamérica. La operación fue encabezada por Mariano Bosch, presidente de la empresa, junto con otros socios y directivos que participaron a título personal. Esto significa que la compra no fue realizada directamente por Adecoagro, aunque los compradores mantienen vínculos con la compañía.

Entre los nombres relacionados con el grupo comprador aparecen Juan Sartori y Kyril Louis-Dreyfus. Sartori es un empresario uruguayo que también participó en la política de su país y tuvo inversiones en el fútbol europeo, con vínculos con el Sunderland de Inglaterra y el AS Monaco de Francia. Louis-Dreyfus pertenece a una familia con una extensa trayectoria en el comercio internacional de materias primas agrícolas y también tuvo participación en la propiedad y conducción de clubes de fútbol.

Mariano Bosch quedará al frente de las sociedades adquiridas, mientras que Agustín Dranovsky continuará como CEO de Compañía de Tierras Sud Argentino. La continuidad de Dranovsky permitirá mantener parte de la estructura administrativa que ya funcionaba bajo la propiedad de Benetton, aunque el control de las empresas pasó a los nuevos compradores.

La operación incluye mucho más que campos ganaderos. Las empresas cuentan con establecimientos dedicados a la producción de lana y carne, agricultura, forestación y procesamiento industrial. Entre sus activos se encuentra el frigorífico Faimali, con plantas procesadoras de cordero y liebre en Río Gallegos, Santa Cruz.

La producción ovina tiene un peso importante dentro de la actividad. Los establecimientos cuentan con alrededor de 260.000 ovejas y 22.000 vacunos. Cada año, unos 80.000 animales pasan por el proceso de esquila, que genera aproximadamente un millón de kilos de lana. También se desarrollan cultivos agrícolas y existen unas 10.000 hectáreas forestadas principalmente con pinos.

El monto pagado por las sociedades no fue informado públicamente. Tampoco se difundieron todos los detalles sobre cómo quedó distribuida la participación accionaria entre los empresarios ni cuál fue el origen del financiamiento. Esos datos son importantes para conocer quiénes tendrán el control efectivo de las empresas y quiénes tomarán las decisiones sobre el futuro de las tierras.

Qué es Tether y por qué aparece detrás de la operación

Uno de los datos más importantes de la operación es la relación de los compradores con Adecoagro. Desde abril de 2025, la empresa de criptomonedas Tether pasó a controlar la mayoría accionaria de esa compañía agroindustrial, con una participación inicial cercana al 70% que posteriormente habría aumentado hasta alrededor del 74,7%.

Tether es la empresa que emite USDT, una de las criptomonedas estables más utilizadas del mundo. Este activo digital fue creado para mantener un valor cercano al dólar estadounidense y se utiliza para realizar transferencias, operar en plataformas de intercambio y conservar dinero dentro del mercado de las criptomonedas.

La compañía está encabezada por Giancarlo Devasini, presidente de Tether, y Paolo Ardoino, su CEO. Su crecimiento le permitió acumular una enorme capacidad financiera y comenzar a invertir en actividades que van mucho más allá del negocio de las monedas digitales.

En los últimos años, Tether manifestó su intención de ampliar sus inversiones hacia sectores como agricultura, energía, infraestructura, datos y comunicaciones. La empresa busca participar en actividades productivas y negocios vinculados con recursos físicos, además de mantener su posición en el mercado financiero digital.

La compra de Adecoagro representa uno de los movimientos más importantes de esa estrategia en Sudamérica. La compañía tiene actividades en Argentina, Brasil y Uruguay, con producción de granos, arroz, leche, azúcar, etanol y energía. También participa en distintas etapas de la cadena agroindustrial, desde la producción primaria hasta el procesamiento industrial.

En Argentina, Adecoagro amplió su presencia en el negocio de los fertilizantes cuando participó junto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la compra de Profertil durante 2025. Se trata de una de las principales productoras de fertilizantes del país, que hasta entonces tenía participación de YPF.

De esta manera, una empresa nacida en el mercado de las criptomonedas pasó a controlar una compañía con presencia en actividades centrales de la economía real, como la producción de alimentos, la agricultura, la ganadería y la energía.

La compra de las tierras de Benetton no fue realizada directamente por Tether ni por Adecoagro como empresa. Los empresarios vinculados con la agroindustrial participaron a título personal. Sin embargo, el control mayoritario que Tether ejerce sobre Adecoagro es un dato central para entender el escenario económico que rodea a los nuevos propietarios.

Esto no permite afirmar que Tether sea la dueña directa de las 900.000 hectáreas, pero sí muestra que los compradores pertenecen a un grupo empresario relacionado con una compañía internacional que busca ampliar su presencia en sectores estratégicos. Para determinar hasta dónde llega ese control será necesario conocer la estructura accionaria de las sociedades adquiridas y la participación de cada comprador.

Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Trump, y los negocios con Tether

La relación de Tether con el poder político de Estados Unidos también quedó bajo cuestionamiento por sus negocios con Cantor Fitzgerald, una importante firma financiera de Wall Street que fue dirigida durante décadas por Howard Lutnick, actual secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump.

Cantor Fitzgerald mantiene una relación comercial con Tether y administra parte de los activos y reservas vinculados con el respaldo de USDT. La relación tomó mayor relevancia después de que Lutnick dejara la conducción de la firma para incorporarse al gabinete estadounidense.

En marzo de 2026, Bloomberg informó que Tether había otorgado un préstamo por un monto que no fue divulgado a Dynasty Trust A, un fideicomiso que beneficia a los cuatro hijos de Lutnick. La operación se habría realizado en un período cercano a la transferencia de la participación que el funcionario tenía en Cantor Fitzgerald hacia fideicomisos familiares, en octubre de 2025.

Entre los activos vinculados con esos fideicomisos se encontraban participaciones y bienes relacionados con Cantor Fitzgerald. Por eso, la operación generó cuestionamientos sobre la relación financiera entre la empresa de criptomonedas, la firma que dirigía Lutnick y la familia del actual secretario de Comercio.

El caso llegó al Congreso estadounidense. En abril de 2026, los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden solicitaron explicaciones y documentación sobre el préstamo, además de información acerca de las relaciones financieras entre Tether, Cantor Fitzgerald y la familia del funcionario.

Los legisladores plantearon posibles conflictos de intereses y reclamaron conocer las condiciones del préstamo, el destino del dinero y si existieron beneficios para la compañía de criptomonedas derivados de su relación con el entorno familiar de Lutnick.

El pedido de explicaciones no demuestra que haya existido un soborno ni que el funcionario haya tomado decisiones en favor de Tether. Sin embargo, expone una relación financiera que despertó preocupación en el Congreso, especialmente porque Lutnick ocupa un cargo central en la política comercial de Estados Unidos y Tether tiene intereses económicos en ese país.

No hay pruebas de que Donald Trump haya intervenido en la venta de las tierras de Benetton ni de que el gobierno estadounidense haya participado de la operación argentina. La relación que sí está documentada es la que existe entre Tether y Cantor Fitzgerald, junto con el préstamo al fideicomiso familiar de Lutnick y los cuestionamientos planteados por los senadores.

La Ley de Tierras y los límites a la propiedad extranjera

La venta de las empresas de Benetton se produce en medio de una discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales que el gobierno de Javier Milei intentó modificar desde sus primeros días de gestión.

En diciembre de 2023, el DNU 70/2023 incluyó el artículo 154, que derogaba la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La norma había sido sancionada en 2011 y establecía límites a la cantidad de tierras rurales que podían quedar en manos de personas o empresas extranjeras.

Entre sus principales disposiciones fijaba un máximo del 15% de tierras rurales extranjerizadas en todo el país. Ese porcentaje también debía respetarse en cada provincia y departamento. Además, establecía que las personas o empresas de una misma nacionalidad extranjera no podían concentrar más del 30% de ese cupo y fijaba límites de superficie por titular.

La ley también contemplaba restricciones para determinadas zonas estratégicas, como las ubicadas en áreas de seguridad de frontera o las que contienen grandes cuerpos de agua permanentes. El objetivo era evitar que la propiedad de extensiones importantes del territorio quedara concentrada sin controles en manos de capitales extranjeros.

Milei buscó eliminar esas restricciones mediante el artículo 154 del DNU, con el argumento de facilitar la llegada de inversiones. La medida fue cuestionada judicialmente por organizaciones y sectores que advirtieron sobre los riesgos de dejar sin efecto los límites a la propiedad extranjera, especialmente en regiones con grandes reservas de agua, recursos naturales y territorios estratégicos.

El 9 de octubre de 2026, la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos de ese artículo. La decisión impide que la derogación produzca efectos mientras continúa el proceso judicial. No se trata todavía de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, pero mantiene vigentes los límites establecidos por la Ley de Tierras mientras se resuelve la controversia.

La discusión tiene una importancia especial en la Patagonia, donde se encuentran grandes extensiones de tierras, recursos hídricos, bosques, áreas de frontera y territorios reclamados por comunidades originarias. La propiedad rural no involucra solamente una operación económica entre particulares: también determina quién puede decidir sobre el uso de los suelos, el agua y las actividades que se desarrollan en esos espacios.

Los conflictos territoriales con comunidades mapuches

La presencia de Benetton en la Patagonia estuvo atravesada durante décadas por conflictos con comunidades mapuches que reclaman el reconocimiento de sus territorios ancestrales.

Uno de los casos más conocidos es el de la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut, vinculada con el reclamo territorial de Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir sobre tierras pertenecientes a Compañía de Tierras Sud Argentino.

El conflicto comenzó a tomar notoriedad pública en 2002, cuando la familia intentó recuperar un territorio para desarrollar actividades productivas y se enfrentó a la oposición judicial de la empresa.

La disputa se convirtió en un caso emblemático de los reclamos territoriales indígenas en Argentina y expuso una problemática histórica vinculada con la apropiación de tierras durante la expansión del Estado nacional sobre los territorios de los pueblos originarios.

La venta de las sociedades no resuelve esos conflictos ni modifica automáticamente la situación de las comunidades que reclaman los territorios. El cambio de propietarios abre nuevos interrogantes sobre la continuidad de las disputas judiciales y la relación que mantendrán los nuevos titulares con los pueblos originarios.

Las más de 900.000 hectáreas que pertenecían al grupo italiano no representan solamente un patrimonio económico: también forman parte de una región donde la propiedad de la tierra continúa siendo motivo de reclamos y controversias.

Tether amplía sus inversiones en Argentina: Ualá, Mural y Belo

La adquisición indirecta de tierras a través de los empresarios vinculados a Adecoagro no es un movimiento aislado dentro de la estrategia de Tether. La compañía también amplió su presencia en el mercado argentino mediante inversiones en empresas financieras y tecnológicas.

Entre las operaciones más relevantes se encuentran:

• Ualá: en julio de 2026 anunció la incorporación de Tether como inversor, con un aporte de US$20 millones dentro de una ronda de financiamiento de US$197 millones.

• Mural: en octubre de 2026, Tether lideró una ronda de inversión Serie A de US$15 millones para esta empresa de infraestructura financiera, que desarrolla herramientas para pagos y operaciones comerciales.

• Belo: la billetera digital argentina también recibió inversiones vinculadas a Tether, en el marco de una ronda de financiamiento de US$14 millones.

Estos movimientos muestran que el interés de la compañía no se limita al negocio de las criptomonedas. Su estrategia alcanza plataformas financieras, infraestructura tecnológica y actividades productivas, con inversiones en sectores que tienen un papel cada vez más importante en la economía argentina.

Empresas argentinas con dueños extranjeros: cómo puede quedar oculto el control real de las tierras

La discusión sobre la propiedad extranjera no termina cuando se identifica el nombre que figura en la escritura o en los registros de una empresa. Una sociedad puede estar constituida en Argentina, tener domicilio legal en el país y contar con directivos argentinos, pero responder económicamente a un grupo empresario del exterior.

En estos casos, la nacionalidad de quien ocupa el cargo de presidente o CEO no determina quién controla realmente la compañía. Una empresa puede tener una estructura formal argentina mientras sus acciones, su financiamiento y sus decisiones estratégicas dependen de personas o sociedades extranjeras.

La Ley de Tierras contempla expresamente la posibilidad de que una persona extranjera controle una propiedad por intermedio de otra persona o sociedad. Sus disposiciones no se limitan a las compras realizadas directamente a nombre de ciudadanos extranjeros, sino que también alcanzan a las operaciones en las que se utilizan sociedades para ejercer el control de manera indirecta.

La reglamentación establece criterios para determinar cuándo una empresa constituida en el país debe ser considerada extranjera a los efectos de la ley. Entre ellos se encuentra la participación mayoritaria de personas o entidades extranjeras en el capital, así como su capacidad para formar la voluntad de la sociedad. También contempla situaciones en las que el control se ejerce a través de otras empresas.

Esto significa que no alcanza con crear una sociedad argentina y colocar a un ciudadano local como presidente, director o CEO para evitar las restricciones. Lo que debe analizarse es quién tiene las acciones, quién cuenta con los votos, quién aporta el capital y quién toma las decisiones sobre los bienes.

La propia ley prohíbe utilizar personas argentinas o sociedades constituidas en el país para simular una titularidad nacional y eludir sus disposiciones. Por eso, la utilización de directivos locales no constituye por sí sola una forma legal de sortear los límites a la propiedad extranjera.

El problema aparece cuando las operaciones se organizan mediante varias sociedades, fideicomisos o estructuras empresariales que dificultan identificar a los beneficiarios finales. En esos casos, los organismos de control deben reconstruir la cadena de propiedad y establecer quién ejerce realmente el poder de decisión.

En la venta de las empresas de Benetton todavía falta conocer con precisión cómo quedó organizada la propiedad de las sociedades adquiridas y qué participación tiene cada empresario. Los compradores fueron presentados como socios y directivos de Adecoagro que actuaron a título personal. No hay documentación pública que permita afirmar que utilizaron testaferros o directivos argentinos para ocultar un control extranjero.

Sin embargo, la relación con Adecoagro y el control mayoritario que Tether ejerce sobre esa compañía hacen necesario conocer la estructura completa de la operación. La pregunta es quiénes son los beneficiarios finales, quién aportó el dinero y quién tendrá la última palabra sobre las decisiones relacionadas con esas tierras.

Milei busca convertir a la Patagonia en un polo de centros de datos e inteligencia artificial

Mientras se produce el cambio de propietarios de las tierras de Benetton, el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones internacionales para instalar grandes centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. La Patagonia aparece como una de las regiones elegidas por sus condiciones climáticas, la disponibilidad de terrenos y la posibilidad de acceder a grandes cantidades de energía.

Los centros de datos son instalaciones que reúnen miles de servidores para almacenar información y realizar los cálculos que necesitan las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial. Para funcionar necesitan electricidad de manera permanente, sistemas de refrigeración y conexiones de alta capacidad. A medida que crece el uso de estas tecnologías, también aumenta la demanda de instalaciones capaces de procesar y almacenar enormes cantidades de información.

La cercanía con Vaca Muerta y la disponibilidad de recursos energéticos son algunos de los argumentos utilizados para impulsar estos proyectos. Las temperaturas más bajas de determinadas zonas pueden ayudar a reducir parte de la energía necesaria para refrigerar los equipos, mientras que la producción de gas y electricidad aparece como una ventaja para abastecer instalaciones que necesitan funcionar durante todo el año.

Uno de los proyectos más importantes anunciados en Argentina es Stargate Argentina, impulsado por OpenAI junto con la empresa Sur Energy. La iniciativa fue presentada en octubre de 2025 y contempla una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial, con una capacidad proyectada de hasta 500 megavatios.

Sin embargo, el anuncio todavía no se tradujo en una obra concreta. En octubre de 2026, el proyecto seguía sin contar con un contrato definitivo y tampoco había presentado una solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Neuquén fue señalada como una de las zonas vinculadas con su desarrollo, pero todavía quedan decisiones financieras, energéticas y administrativas por resolver.

También aparecen iniciativas vinculadas con Pampa Energía, la compañía encabezada por Marcelo Mindlin, que observa oportunidades en la demanda eléctrica que generarán los centros de datos. La expansión de estas instalaciones puede representar un nuevo negocio para las empresas generadoras de energía y para quienes desarrollen la infraestructura necesaria para abastecerlas.

El Gobierno busca facilitar la llegada de estos proyectos mediante beneficios fiscales y cambios en los regímenes de inversión. En esa línea, impulsa el denominado Súper RIGI, con el objetivo de ofrecer condiciones especiales para grandes inversiones tecnológicas y de infraestructura.

La apuesta de Milei es convertir a la Argentina en un destino para las empresas que necesitan instalar infraestructura de inteligencia artificial. Sin embargo, los anuncios de inversiones millonarias no garantizan que las obras se concreten ni permiten conocer por sí solos cuáles serán sus consecuencias sobre los recursos naturales y las comunidades donde se instalen.

Centros de datos: el consumo de agua y electricidad, el ruido y la pérdida de ambientes naturales

La instalación de grandes centros de datos tiene consecuencias ambientales que muchas veces quedan fuera de los anuncios oficiales. Aunque se los presenta como infraestructura tecnológica, su funcionamiento depende de recursos naturales y de obras que pueden modificar el territorio.

Uno de los principales problemas es el consumo de electricidad. Los servidores deben funcionar durante las 24 horas y necesitan sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. En instalaciones de gran tamaño, la demanda puede alcanzar cientos de megavatios y obligar a construir nuevas líneas de transporte, estaciones transformadoras y centrales de generación.

El agua también es un recurso fundamental. Muchos centros de datos utilizan sistemas de refrigeración que requieren agua para mantener los equipos a una temperatura adecuada. El consumo depende de la tecnología elegida, las condiciones climáticas y el diseño de cada instalación. Algunos sistemas permiten reducir el uso directo de agua, pero eso no elimina necesariamente el impacto: también debe contemplarse el agua utilizada para generar la electricidad que consume el establecimiento.

Otro problema es el ruido. Los ventiladores industriales, los equipos de refrigeración y los generadores de respaldo pueden funcionar de manera permanente y producir sonidos que afectan a las poblaciones cercanas. En zonas rurales o próximas a ambientes naturales, ese funcionamiento puede alterar las condiciones de vida de los vecinos y afectar a la fauna.

La construcción también requiere grandes superficies. Además de los edificios donde se instalan los servidores, se necesitan caminos, tendidos eléctricos, estaciones transformadoras y otras obras de infraestructura. Cuando los proyectos se desarrollan sobre ambientes naturales, esas intervenciones pueden provocar tala de árboles, eliminación de vegetación, alteración de suelos y fragmentación de hábitats.

En la Patagonia, donde existen bosques nativos, humedales, estepas y cursos de agua de gran valor ambiental, la ubicación de estas instalaciones debería estar precedida por estudios de impacto rigurosos. No alcanza con argumentar que hay terrenos disponibles o que las temperaturas son favorables. Es necesario conocer cuánta electricidad y agua utilizarán, de dónde provendrán esos recursos y qué consecuencias tendrán las obras sobre el ambiente.

También debe discutirse qué beneficios quedan en las localidades donde se instalan. La construcción puede generar empleo durante una etapa determinada, pero una vez que los centros de datos comienzan a funcionar no necesariamente requieren una cantidad de trabajadores proporcional al tamaño de la inversión. En cambio, el consumo de electricidad y agua puede mantenerse durante décadas.

Finlandia: la tala de cientos de miles de árboles para preparar terrenos destinados a centros de datos

Un caso reciente permite observar las consecuencias que puede tener la instalación de esta infraestructura. En Finlandia, los trabajos de preparación de terrenos para centros de datos de Google generaron una fuerte controversia después de que se desmontaran cientos de hectáreas de bosque.

Finlandia: Google taló 400.000 árboles para instalar centros de datos y enfrenta una investigación por posibles irregularidades

Las intervenciones se realizaron en las zonas de Muhos y Otanmäki. Según estimaciones difundidas durante la controversia, la tala habría alcanzado alrededor de 400.000 árboles entre ambos emplazamientos: unos 250.000 en Muhos y otros 150.000 en Otanmäki. En el primer lugar, la superficie intervenida rondó las 330 hectáreas.

La preparación de los terrenos incluyó la remoción de árboles y de la capa superficial del suelo, la construcción de caminos y modificaciones en los drenajes. Los trabajos generaron preocupación por la pérdida de vegetación, la alteración de los ecosistemas y el posible arrastre de sedimentos hacia cursos de agua cercanos.

Las autoridades finlandesas suspendieron las tareas mientras se analizaban las cuestiones ambientales y se abrió una investigación policial por posibles daños al ambiente. Entre las preocupaciones planteadas se encontraba el impacto de las intervenciones sobre el suelo y los recursos hídricos.

El caso generó cuestionamientos sobre la forma en que se habilitaron las obras y los controles aplicados antes de desmontar los terrenos. También mostró que la instalación de infraestructura tecnológica puede tener consecuencias territoriales importantes, incluso en países que cuentan con regulaciones ambientales y organismos de control.

La experiencia resulta relevante para la Argentina porque el Gobierno busca acelerar la llegada de inversiones similares a la Patagonia. Si esos proyectos avanzan, será necesario discutir dónde se instalarán, qué superficies ocuparán y qué consecuencias tendrán sobre los bosques, el agua y los ecosistemas.

Estados Unidos: el rechazo a los centros de datos llegó a las elecciones

La expansión de los centros de datos también comenzó a generar resistencia en Estados Unidos, donde distintas comunidades cuestionan el consumo de electricidad y agua, el ruido de las instalaciones y los beneficios fiscales que reciben las empresas tecnológicas.

Estados Unidos: el rechazo a los centros de datos golpea a Trump y expone el costo ambiental de la inteligencia artificial

Durante las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, numerosas localidades votaron medidas para limitar o frenar la instalación de estos establecimientos. Las consultas incluyeron propuestas de prohibición, moratorias temporales y cambios en las normas de zonificación para impedir que las empresas construyan centros de datos sin controles más estrictos.

Los cuestionamientos no se limitan a organizaciones ambientalistas. También participan vecinos que temen que las nuevas instalaciones eleven la demanda de electricidad, afecten el suministro local o generen una mayor presión sobre los recursos hídricos. En distintas comunidades, el rechazo está relacionado con la falta de información sobre los proyectos y con la percepción de que las empresas reciben beneficios económicos mientras los habitantes deben convivir con las consecuencias.

Las votaciones mostraron que la instalación de centros de datos dejó de ser una discusión exclusiva de especialistas y comenzó a tener peso en la política local. Los vecinos reclaman participar en las decisiones y establecer condiciones antes de que las empresas ocupen grandes superficies o comprometan recursos públicos.

Para el gobierno de Donald Trump, que impulsa la expansión de la inteligencia artificial como una prioridad económica y tecnológica de Estados Unidos, estas resistencias representan un desafío. La competencia internacional por desarrollar infraestructura digital convive con cuestionamientos cada vez más fuertes sobre el consumo de recursos y el impacto de los proyectos en las poblaciones.

No se puede afirmar que los resultados electorales hayan sido consecuencia exclusiva del rechazo a los centros de datos ni que ese tema haya definido por sí solo el desempeño de los partidos. Pero las votaciones dejaron una señal política: en distintas localidades, los vecinos respaldaron medidas para poner límites a una industria que busca expandirse rápidamente.

Qué harán los nuevos propietarios con las tierras de Benetton

Por el momento, no existe información pública que indique que las aproximadamente 920.000 hectáreas vendidas por Benetton estén destinadas a la construcción de centros de datos. Tampoco hay pruebas de que Tether haya comprado directamente esos campos o de que la operación forme parte de un proyecto tecnológico impulsado por el gobierno de Milei.

Lo que sí está confirmado es que las empresas agropecuarias pasaron a manos de empresarios vinculados con Adecoagro, una compañía controlada mayoritariamente por Tether. También está documentado que la empresa de criptomonedas busca ampliar sus inversiones hacia la agricultura, la energía y la infraestructura, mientras el Gobierno argentino intenta atraer grandes proyectos tecnológicos a la Patagonia.

Los nuevos propietarios recibieron una estructura productiva que incluye cientos de miles de hectáreas, ganado, producción de lana y carne, agricultura, plantaciones forestales e instalaciones industriales. Sin embargo, todavía falta conocer cómo quedó distribuida la propiedad de las sociedades, cuál fue el financiamiento de la operación y qué participación tendrá cada empresario en las decisiones.

También quedan pendientes los conflictos territoriales que mantienen comunidades mapuches con las empresas de Benetton. El cambio de propietarios no elimina los reclamos ni resuelve las controversias sobre el origen de los títulos de propiedad. Las comunidades que reclaman territorios ancestrales seguirán frente a una estructura empresarial que ahora tiene nuevos dueños.

La Ley de Tierras agrega otro elemento a la discusión. Con los límites a la propiedad extranjera nuevamente vigentes por la decisión provisoria de la Corte Suprema, el Estado deberá determinar quiénes son los titulares finales de las sociedades y quién ejerce el control efectivo sobre las empresas que poseen esas extensiones rurales.

La venta no demuestra que exista un plan para instalar centros de datos en esos campos ni que haya una operación coordinada entre Tether, Trump y Milei. Pero reúne una serie de hechos que merecen seguimiento: una de las mayores concentraciones privadas de tierras del país pasó a manos de empresarios vinculados con una compañía agroindustrial controlada por una empresa internacional de criptomonedas; esa empresa busca ampliar sus inversiones hacia sectores estratégicos; y el Gobierno argentino intenta facilitar la llegada de grandes proyectos tecnológicos a la Patagonia.

En un país donde la concentración territorial tiene una historia que se remonta al siglo XIX, la llegada de nuevos propietarios no puede analizarse sin revisar cómo se formaron esas grandes propiedades, qué derechos siguen reclamando las comunidades originarias y qué lugar ocupará el interés público frente a los negocios de grandes grupos económicos internacionales. La tierra, el agua y la energía son recursos estratégicos, y conocer quién los controla debería ser una prioridad para el Estado argentino.