Chile: Kast anunció un veto a la Ley de Incendios Forestales y crece la preocupación ante una nueva temporada de fuego

Chile vuelve a acercarse al verano con el riesgo de incendios forestales y urbanos en el centro de la preocupación. Mientras la Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas para siete regiones del país, el gobierno de José Antonio Kast anunció que presentará un veto sustitutivo para modificar la Ley de Incendios Forestales, una iniciativa que lleva más de tres años de discusión en el Congreso y que todavía no consiguió completar su aprobación.

El anuncio fue realizado el 3 de noviembre por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, durante el debate legislativo. La decisión generó cuestionamientos de distintos parlamentarios, que advierten que introducir nuevos cambios puede prolongar todavía más la entrada en vigencia de herramientas destinadas a prevenir incendios, identificar zonas de riesgo y establecer obligaciones para quienes poseen terrenos expuestos al fuego.

El principal cuestionamiento ambiental y político apunta a las prioridades del Ejecutivo: en lugar de acelerar la aprobación de un marco preventivo, el Gobierno pretende introducir modificaciones relacionadas con las compensaciones económicas a los propietarios afectados por las medidas de prevención. Una discusión que vuelve a poner sobre la mesa quién debe asumir los costos de proteger los territorios y evitar que los incendios terminen convirtiéndose en tragedias.

Kast vuelve a poner en discusión una ley que lleva más de tres años de demora

El proyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales ingresó al Congreso chileno el 3 de octubre de 2023. Desde entonces atravesó distintas etapas legislativas, pasó por la Cámara de Diputados, el Senado y una comisión mixta, donde se discutieron modificaciones al texto original.

La iniciativa busca establecer obligaciones concretas para los propietarios de terrenos ubicados en zonas de riesgo, incluyendo tareas de manejo de vegetación, limpieza y construcción de cortafuegos para reducir la propagación de las llamas.

También contempla identificar áreas de riesgo, establecer zonas de protección alrededor de sectores habitados, regular las quemas controladas y fortalecer las facultades de fiscalización del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), el organismo encargado de intervenir en la prevención y gestión de los incendios forestales.

Sin embargo, el 3 de noviembre la Cámara de Diputadas y Diputados votó el informe de la comisión mixta y obtuvo 77 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones. El resultado no alcanzó los 78 votos necesarios para aprobar dos disposiciones que requerían un quórum especial.

En ese escenario, el ministro Jaime Campos anunció que el presidente José Antonio Kast presentará un veto sustitutivo para introducir cambios al proyecto.

La iniciativa, que comenzó a tramitarse durante el gobierno anterior, continúa así sin convertirse en una ley vigente. La discusión vuelve a extenderse justo cuando comienza el período del año en el que las condiciones de calor y sequedad pueden favorecer la propagación de incendios.

Compensaciones para propietarios: el punto que genera mayor controversia

Uno de los aspectos más cuestionados del anuncio del Gobierno tiene que ver con el tratamiento económico que recibirían los propietarios de terrenos donde deban ejecutarse medidas preventivas.

El ministro de Agricultura sostuvo que el proyecto no contempla recursos adicionales suficientes para financiar las tareas de prevención y que algunas de sus disposiciones trasladan obligaciones y costos a pequeños y medianos propietarios forestales.

Por ese motivo, Campos adelantó que el veto incluiría mecanismos de compensación económica para los dueños de predios afectados por la expropiación de franjas de terreno destinadas a cortafuegos, además de transferencias de recursos a los municipios para fortalecer su participación en las tareas de prevención y combate.

El planteo del Ejecutivo abrió una discusión que va más allá de los aspectos técnicos. Si bien el financiamiento de las medidas preventivas es una cuestión que debe resolverse, las modificaciones anunciadas también generan interrogantes sobre el papel de los grandes propietarios y las empresas forestales en la protección de los territorios donde desarrollan sus actividades.

Desde la oposición cuestionaron que el Estado termine destinando recursos públicos para compensar a propietarios por medidas básicas de prevención, mientras la aprobación de una normativa que busca establecer responsabilidades y controles sigue sin concretarse.

El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, cuestionó el anuncio y sostuvo que el veto podría condenar a las comunidades a enfrentar otra temporada de incendios sin las herramientas legales necesarias. También criticó que se pretenda indemnizar a grandes propietarios por la implementación de medidas preventivas.

La discusión deja una pregunta central: ¿hasta qué punto debe el Estado asumir con dinero público los costos de medidas que también forman parte de la responsabilidad de quienes poseen y explotan grandes extensiones de territorio?

Siete regiones bajo aviso por altas temperaturas

La discusión legislativa coincide con un nuevo episodio de temperaturas elevadas en Chile. La Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas que afectará desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre a sectores de siete regiones.

Las zonas alcanzadas por el aviso son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En algunos sectores interiores de Valparaíso, las temperaturas podrían llegar a los 34 °C, mientras que en otras regiones se esperan registros cercanos a los 32 °C.

El fenómeno está asociado a una dorsal en altura, una condición atmosférica que favorece el aumento de las temperaturas.

Aunque un episodio de calor no significa necesariamente que se produzcan incendios, las altas temperaturas, la vegetación seca, la baja humedad y el viento pueden generar condiciones favorables para que el fuego se inicie y se propague con rapidez.

Por eso, la prevención requiere planificación anticipada, identificación de sectores vulnerables, mantenimiento de cortafuegos, fiscalización y coordinación entre organismos públicos y privados. Son precisamente algunas de las herramientas que busca establecer la legislación que ahora el Gobierno pretende modificar.

Chile ya sufrió una de las peores tragedias por incendios de su historia

La preocupación no es nueva. En febrero de 2024, los incendios que afectaron principalmente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, dejaron una de las mayores catástrofes socioambientales de la historia reciente del país.

El desastre provocó la muerte de 138 personas, destruyó más de 8.000 viviendas y arrasó miles de hectáreas. El fuego avanzó sobre sectores urbanos y residenciales, afectó infraestructura, destruyó ambientes naturales y dejó a miles de familias sin sus hogares.

La magnitud de aquella tragedia demostró que los incendios forestales no representan solamente un problema de conservación de bosques. Cuando las zonas pobladas conviven con grandes extensiones de vegetación, la falta de planificación territorial y de medidas preventivas puede transformar un incendio en una emergencia humanitaria.

A esto se suman las consecuencias sobre la fauna silvestre, los ecosistemas, los suelos y los cursos de agua, además de los efectos de la contaminación atmosférica provocada por el humo.

La experiencia de Valparaíso dejó en evidencia que combatir el fuego cuando ya está fuera de control no alcanza. La prevención, el ordenamiento territorial y la fiscalización deben formar parte de una política pública permanente, no de medidas que se discuten cuando el verano ya está encima.

La Patagonia también conoce las consecuencias de los incendios forestales

En la Patagonia argentina, las temporadas de incendios también dejaron episodios devastadores. Los bosques nativos, la fauna, las áreas protegidas y las comunidades que viven en zonas rurales y cordilleranas se encuentran expuestos a un riesgo que se agrava cuando coinciden temperaturas elevadas, sequías y condiciones meteorológicas adversas.

Los incendios no reconocen fronteras políticas y sus consecuencias pueden extenderse durante años. La pérdida de bosques nativos implica también la destrucción de hábitats, la degradación de los suelos, alteraciones en el ciclo del agua y daños que afectan a las comunidades que dependen de esos ambientes.

Por eso, lo que ocurre en Chile también representa una advertencia para la Argentina. La prevención de incendios requiere planificación, recursos, controles y responsabilidades claras para los organismos públicos y los propietarios de grandes extensiones de tierra.

No alcanza con desplegar brigadistas, aviones hidrantes y maquinaria cuando las llamas ya avanzan sobre viviendas y bosques. Las medidas de prevención deben estar implementadas antes de que comiencen las emergencias.

El Gobierno de Kast enfrenta cuestionamientos por la demora

Tras el anuncio del ministro Campos, distintos parlamentarios cuestionaron la decisión del Ejecutivo y advirtieron que un nuevo veto puede prolongar la discusión de una ley que consideran urgente.

Entre las críticas, el senador Diego Ibáñez cuestionó que se pretenda introducir modificaciones vinculadas con indemnizaciones a los propietarios, mientras que el diputado Jaime Bassa calificó de irresponsable anunciar un veto cuando se aproxima una nueva temporada de incendios.

La diputada Sofía González, del Partido Comunista, también advirtió que la medida podría retrasar la aprobación definitiva de la normativa y reclamó avanzar con herramientas que permitan identificar zonas de riesgo, establecer responsabilidades para los sectores públicos y privados y mejorar la fiscalización.

El gobierno de Kast sostiene que necesita corregir problemas de financiamiento y aspectos técnicos del proyecto. Sin embargo, el problema es que esas modificaciones se discuten cuando la legislación todavía no está aprobada y el país se prepara para enfrentar meses de mayor exposición al fuego.

La protección de los bosques, las viviendas y las comunidades no puede quedar subordinada indefinidamente a una disputa legislativa. Después de las tragedias que sufrió Chile, la falta de una normativa integral de prevención vuelve a dejar expuesta una deuda que el Estado todavía no consigue resolver.