La Corte Suprema interviene por los bosques nativos y escala el conflicto ambiental contra el Gobierno de Milei

La pelea por los bosques nativos argentinos sumó un nuevo capítulo judicial y político. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir directamente en las demandas impulsadas por varias provincias contra el Gobierno nacional tras la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, una herramienta clave para financiar controles, conservación y prevención de desmontes en distintas regiones del país.

El conflicto involucra a provincias como Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa, que cuestionan al Estado nacional por eliminar fondos destinados específicamente a la protección ambiental.

La decisión judicial se transformó rápidamente en uno de los principales frentes ambientales abiertos contra el Gobierno de Javier Milei.

El fondo que financiaba la protección de bosques

El fondo ambiental eliminado financiaba políticas vinculadas a:

• Conservación de bosques nativos
• Control de desmontes ilegales
• Restauración ambiental
• Manejo sustentable
• Monitoreo territorial
• Prevención de incendios forestales
• Fortalecimiento de controles provinciales

También sostenía programas productivos sustentables y asistencia técnica en zonas rurales y comunidades vinculadas al monte nativo.

Las provincias sostienen que esos recursos tenían asignación específica establecida por ley y que no podían ser absorbidos por el Tesoro Nacional.

Por eso reclaman la restitución plena de los fondos previstos en la Ley de Bosques.

La Corte Suprema ya interviene en el conflicto

La Corte Suprema aceptó tratar el caso bajo competencia originaria, una instancia reservada para conflictos entre provincias y el Estado nacional.

Ahora el Gobierno nacional deberá responder judicialmente los planteos mientras el máximo tribunal analiza el alcance del conflicto y posibles medidas vinculadas a la restitución de los fondos.

El caso tiene fuerte impacto político y ambiental porque involucra financiamiento clave para controlar desmontes en regiones donde la deforestación viene creciendo de manera sostenida.

La preocupación por el avance de la deforestación

Organizaciones ambientalistas vienen alertando desde hace tiempo sobre un aumento de la pérdida de bosques nativos en Argentina, especialmente en el norte del país.

Las provincias más afectadas son:

• Santiago del Estero
• Chaco
• Salta
• Formosa

En esas regiones, el avance agropecuario, los desmontes y los incendios forestales vienen reduciendo de manera constante la superficie de monte nativo.

El norte argentino concentra actualmente algunos de los niveles de deforestación más altos de Sudamérica.

El temor por cambios en la Ley de Bosques

El conflicto se profundizó además por las discusiones alrededor de posibles modificaciones en la Ley de Bosques para flexibilizar desmontes y habilitar cambios de uso del suelo en distintas provincias.

Sectores ambientalistas advierten que esto podría acelerar aún más la pérdida de ecosistemas estratégicos y afectar especies emblemáticas como el yaguareté, cuya supervivencia depende de la conservación del monte chaqueño.

También existe preocupación por el impacto sobre comunidades rurales e indígenas que dependen directamente de los bosques para vivir.

Críticas al Gobierno nacional

La eliminación del fondo ambiental generó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei por avanzar sobre herramientas vinculadas a la protección ambiental en medio de la crisis climática.

Los cuestionamientos apuntan a:

• El desfinanciamiento ambiental
• La pérdida de controles provinciales
• El aumento de desmontes ilegales
• La flexibilización de normas ambientales
• El debilitamiento de políticas de conservación

También crecieron advertencias sobre el impacto internacional que puede tener el aumento de la deforestación argentina frente a compromisos climáticos globales.

El bosque nativo argentino, cada vez más amenazado

Argentina perdió millones de hectáreas de bosque nativo durante las últimas décadas, especialmente en la región chaqueña.

Aunque la Ley de Bosques permitió reducir parcialmente el ritmo de desmontes desde su aprobación, organizaciones ambientales sostienen que la presión sobre los ecosistemas continúa creciendo.

Por eso, la intervención de la Corte Suprema no solo abre una disputa judicial. También vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: quién controla los recursos naturales y qué nivel de protección tendrán los últimos grandes bosques nativos argentinos frente al avance económico y extractivo.