La Política Ambiental
El debate por la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” abrió una fuerte polémica política y territorial en Argentina luego de que sectores opositores, organizaciones sociales y referentes ambientales cuestionaran los cambios impulsados por el Gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Tierras y los barrios populares.
La iniciativa es promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ex funcionario de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, y apunta a modificar distintos regímenes vinculados a propiedad privada, desalojos, tierras rurales y regulación territorial.
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de flexibilizar restricciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, fue sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La norma fue impulsada para limitar la extranjerización de tierras consideradas estratégicas para el país y proteger recursos naturales como:
La ley estableció que las personas extranjeras no podían superar el 15% de titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También fijó restricciones sobre grandes extensiones y territorios cercanos a recursos estratégicos.
El objetivo central era frenar la creciente concentración de tierras en manos extranjeras, un fenómeno que había generado fuertes debates en la Patagonia y otras regiones del país.
El nuevo proyecto impulsado por Federico Sturzenegger busca modificar distintos artículos vinculados al régimen de propiedad rural y habilitar excepciones para facilitar inversiones extranjeras.
Además, la iniciativa incluye cambios sobre:
El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan “fortalecer la seguridad jurídica” y atraer inversiones privadas.
Sin embargo, sectores políticos, sociales y ambientales advierten que la propuesta podría acelerar procesos de concentración territorial y extranjerización de recursos estratégicos.
La tensión creció durante las negociaciones en el Senado, donde distintos bloques comenzaron a poner límites al proyecto oficialista.
En una reunión de coordinación política participaron el jefe del bloque radical Eduardo Vischi, junto a Martín Goerling Lara, Carlos Espínola, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Julieta Corroza, quienes discutieron modificaciones al texto original.
La resistencia parlamentaria terminó frenando algunos de los cambios más sensibles vinculados a barrios populares y venta de tierras.
Las críticas al proyecto se concentraron especialmente en el impacto que podría tener sobre territorios estratégicos y recursos naturales.
En provincias patagónicas, zonas de frontera y regiones con acceso al agua existe desde hace años una fuerte preocupación por la compra de grandes extensiones territoriales por parte de capitales extranjeros.
El tema además aparece atravesado por antecedentes históricos de conflictos vinculados a:
Por eso, la posibilidad de flexibilizar límites volvió a generar fuertes cuestionamientos políticos y sociales.
Otro de los puntos más polémicos fue el posible impacto sobre barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
Organizaciones sociales y especialistas en hábitat advirtieron que el proyecto podía facilitar desalojos y afectar procesos de regularización territorial de millones de personas que viven en asentamientos y villas urbanas.
La discusión se volvió especialmente sensible en medio de la crisis económica y el crecimiento de la emergencia habitacional.
El debate por la Ley de Tierras terminó transformándose en mucho más que una discusión legislativa.
La polémica volvió a instalar una pregunta histórica en Argentina: quién controla la tierra, el agua y los recursos estratégicos del país.
Y en ese escenario, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger se convirtió en uno de los puntos más conflictivos de la agenda de desregulación promovida por el Gobierno nacional
