Chaco: la Justicia crea una brigada contra los desmontes para frenar la destrucción del bosque nativo

Una decisión judicial frente al avance de las topadoras

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación sobre los desmontes ilegales en la provincia del Chaco. La jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, dispuso la creación de un equipo interinstitucional encargado de coordinar acciones de monitoreo, prevención y control sobre la deforestación.

La medida se adoptó en el marco de la investigación penal conocida como la “Mafia del Desmonte”, que examina presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos forestales y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y particulares.

El organismo estará integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal Federal, Gendarmería Nacional, autoridades ambientales nacionales y provinciales, la Administración de Parques Nacionales y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), que interviene como querellante.

El objetivo no es dictar una nueva prohibición, sino conseguir que se cumpla efectivamente la medida cautelar vigente, cuya aplicación ha resultado insuficiente frente a las denuncias de nuevas intervenciones sobre el bosque nativo. 

Satélites, drones y controles territoriales

El nuevo equipo, denominado oficialmente Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco, deberá articular mecanismos para detectar posibles desmontes y facilitar una respuesta rápida de las autoridades competentes.

Entre las herramientas previstas se encuentran el monitoreo satelital, los sistemas de alerta temprana, el refuerzo de patrullajes rurales y la evaluación de nuevos recursos operativos, incluidos vehículos y drones.

Cuando se detecten posibles infracciones, la información deberá comunicarse a los organismos correspondientes y, cuando existan indicios de delitos o incumplimientos judiciales, al Ministerio Público Fiscal. También podrán solicitarse medidas judiciales urgentes, como allanamientos o secuestros de maquinaria.

La Dirección de Bosques provincial y el Ministerio Público Fiscal deberán elaborar informes periódicos. El primero abarcará la información reunida hasta el 31 de enero de 2027 y tendrá que presentarse durante los primeros diez días hábiles de febrero

Una causa judicial que investiga presuntas redes de corrupción

La investigación penal comenzó en 2024 a partir de denuncias relacionadas con un presunto entramado de irregularidades administrativas y vínculos entre sectores públicos y privados que habrían facilitado desmontes en áreas protegidas.

En agosto de ese año, la jueza Niremperger dictó una medida cautelar que suspendió los desmontes autorizados pero todavía no ejecutados e impidió el otorgamiento de nuevos permisos.

Sin embargo, la continuidad de esa protección atravesó distintas controversias judiciales.

El 14 de agosto de 2026 se dispuso el cese de la cautelar, invocando cambios en el marco normativo provincial. Posteriormente, el 22 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó esa decisión y restableció la protección.

El tribunal consideró que las modificaciones legislativas no resultaban suficientes para demostrar que había desaparecido el riesgo ambiental que justificó la intervención judicial.

El caso plantea una cuestión central: la existencia de normas protectoras y resoluciones judiciales no garantiza, por sí sola, que los desmontes se detengan. Su eficacia depende también de la fiscalización territorial, la actuación administrativa y la respuesta judicial frente a los incumplimientos.

Más de 9.300 hectáreas perdidas en Chaco durante 2026

La gravedad del problema se refleja en los registros de pérdida de bosque nativo.

Según datos de monitoreo satelital de Greenpeace difundidos por medios ambientales, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron aproximadamente 9.339 hectáreas de bosque en Chaco.

En el conjunto de las cuatro provincias del norte argentino más afectadas por la deforestación, la pérdida superó las 73.000 hectáreas durante ese período.

Uno de los episodios más preocupantes fue denunciado en las inmediaciones del Parque Provincial Loro Hablador, donde organizaciones ambientalistas advirtieron sobre el desmonte de aproximadamente 1.800 hectáreas.

El área forma parte de un paisaje de enorme importancia ecológica por su biodiversidad y su relación con corredores biológicos utilizados por especies amenazadas, entre ellas el yaguareté.

El desafío: transformar las resoluciones judiciales en protección efectiva

La conformación de este equipo representa un cambio en la estrategia de intervención judicial. En lugar de limitarse a ordenar la suspensión de actividades, el juzgado busca establecer mecanismos permanentes de coordinación entre quienes deben controlar, investigar y eventualmente sancionar las infracciones.

Fabián Maggi, representante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, destacó el carácter novedoso de la iniciativa y su importancia para hacer efectiva la prohibición.

No obstante, el verdadero resultado de la medida dependerá de su implementación: la rapidez de respuesta frente a las alertas, la disponibilidad de recursos, la independencia de los controles y la posibilidad de identificar responsabilidades concretas.

La protección de los bosques nativos constituye una obligación estatal respaldada por el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley de Bosques Nativos 26.331.

En una región donde la expansión productiva y la transformación del uso del suelo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas, la principal pregunta ya no es solamente si existe una prohibición judicial, sino si el Estado tiene la capacidad y la voluntad de hacerla cumplir.

La primera evaluación concreta de este nuevo mecanismo llegará en febrero de 2027, cuando los organismos responsables deban informar qué alertas recibieron, qué intervenciones realizaron y qué resultados obtuvieron.