Activistas frente a las topadoras en el norte salteño

El miércoles 4 de noviembre, integrantes de Greenpeace Argentina protagonizaron una intervención directa para detener una topadora que realizaba tareas de desmonte en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el norte de Salta.

La organización había detectado mediante imágenes satelitales y sobrevuelos la destrucción de aproximadamente 700 hectáreas de bosque nativo dentro del establecimiento.

Durante la protesta, los ambientalistas se colocaron frente a la maquinaria, bloquearon sus palancas de funcionamiento mediante un dispositivo de inmovilización y colocaron una faja simbólica de clausura con la inscripción "crimen ambiental".

La acción incluyó un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en rechazo a los cambios propuestos sobre la legislación de protección forestal.

La intervención logró interrumpir las tareas de la máquina, aunque no se informó que se hubiera dispuesto una clausura administrativa o judicial definitiva del predio. Tampoco trascendieron públicamente el nombre del propietario, la categoría de conservación del bosque afectado ni la existencia de una autorización provincial para esas actividades.

Salta registra un aumento del 70% en la deforestación

La protesta se produce en un contexto de aceleración de la pérdida de cobertura forestal en el norte argentino.

De acuerdo con el monitoreo satelital difundido por Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 Salta perdió unas 20.122 hectáreas de bosque, una cifra que representa un incremento del 70% respecto del mismo período de 2025.

La provincia ocupa el segundo lugar entre las jurisdicciones del norte argentino con mayores superficies desmontadas durante ese período, detrás de Santiago del Estero.

En conjunto, las provincias del norte argentino superaron las 73.000 hectáreas deforestadas durante los primeros nueve meses del año, según el relevamiento de la organización.

La dimensión de estos registros vuelve a poner en discusión la efectividad de los controles provinciales, las autorizaciones de cambio de uso del suelo y la responsabilidad de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

La reforma de la Ley de Bosques en el centro del conflicto

La intervención de Greenpeace también buscó visibilizar su rechazo a las modificaciones que el Gobierno nacional pretende introducir en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

La legislación vigente establece un sistema de ordenamiento territorial que clasifica los bosques nativos según su valor de conservación.

Las zonas de categoría I (roja) y II (amarilla) cuentan con restricciones que impiden autorizar desmontes para transformar el uso del suelo, mientras que la categoría III (verde) admite determinadas intervenciones sujetas a las exigencias legales.

Según el análisis de Greenpeace, la propuesta nacional modificaría los artículos 13 y 14 y permitiría ampliar del 20% al 80% la superficie de bosques donde podrían autorizarse desmontes.

Se trata de una estimación sobre los posibles efectos de la reforma, no de una modificación legal ya vigente.

Presupuesto 2027: denuncian un financiamiento insuficiente

Otra de las críticas apunta al financiamiento de la política de conservación.

Greenpeace sostiene que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 asigna a la protección de los bosques apenas el 4% de los recursos que corresponderían conforme al esquema establecido por la Ley 26.331.

Los fondos previstos por esta normativa cumplen un papel fundamental en la compensación por conservación, el fortalecimiento de los controles y la promoción de prácticas sustentables.

La insuficiencia presupuestaria plantea una contradicción: mientras el Estado cuenta con obligaciones legales de protección ambiental, las herramientas económicas destinadas a implementarlas resultan limitadas.

En ese escenario, la reducción de recursos y una eventual flexibilización de los permisos podrían incrementar la presión sobre los ecosistemas del Gran Chaco.

El yaguareté y la pérdida de biodiversidad

La deforestación no implica solamente la desaparición de árboles. También produce fragmentación de hábitats, alteración de cuencas hídricas, degradación de suelos y consecuencias directas sobre las comunidades que dependen de los recursos forestales.

Una de las especies especialmente amenazadas es el yaguareté, cuya población en el Gran Chaco argentino se encuentra en una situación crítica.

En 2019, Greenpeace presentó una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, además del Estado nacional, por la destrucción del hábitat de esta especie.

La organización señala que las estimaciones científicas indican que sobreviven menos de 20 ejemplares en esa región. El máximo tribunal asumió competencia en el expediente, pero, según la información difundida por Greenpeace, todavía no se dictó una sentencia definitiva sobre el fondo del reclamo.

El problema de fondo: quién controla los desmontes

La protesta en Orán expone una discusión que excede a una finca y a una topadora: la capacidad del Estado para garantizar la protección de los bosques nativos frente al avance de las actividades económicas y los cambios en el uso del suelo.

La Ley General del Ambiente 25.675 establece los principios preventivo y precautorio como herramientas fundamentales de la política ambiental argentina. La Ley de Bosques, por su parte, fija presupuestos mínimos obligatorios que deben respetar las jurisdicciones provinciales.

Sin embargo, determinar la legalidad de un desmonte concreto requiere conocer la zonificación del predio, los permisos administrativos otorgados, las condiciones de esos permisos y las evaluaciones ambientales correspondientes.

La destrucción de 700 hectáreas denunciada por Greenpeace exige esclarecer quién autorizó las tareas, qué controles se realizaron y si existieron infracciones a la normativa vigente.

Mientras esas respuestas no se conozcan, la intervención de los activistas vuelve a evidenciar una problemática estructural: la protección de los bosques nativos no puede depender exclusivamente de las denuncias ciudadanas ni de la intervención de organizaciones ambientales.

La responsabilidad primaria de prevenir desmontes ilegales, fiscalizar las actividades y aplicar las sanciones correspondientes recae sobre las autoridades públicas competentes.

En un país que perdió más de siete millones de hectáreas de bosque nativo entre 1998 y 2024, según registros oficiales citados por Greenpeace, el debate sobre la Ley de Bosques resulta determinante para el futuro ambiental de la Argentina.