Catamarca: polémica por la aprobación del informe ambiental de Minera Alumbrera (MARA) y denuncias por irregularidades

El gobierno de Catamarca aprobó la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vinculada al proyecto Bajo de la Alumbrera, lo que habilita la continuidad del proceso de reactivación de una de las minas metalíferas más importantes de la Argentina. La decisión generó un fuerte rechazo en sectores sociales y ambientales, especialmente en Andalgalá, donde el conflicto minero lleva más de una década.

La medida fue aprobada por la provincia, luego de la evaluación del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa operadora del yacimiento.

Un proyecto clave en la historia minera del país

Bajo de la Alumbrera es un yacimiento a cielo abierto ubicado en el oeste de Catamarca, dedicado a la extracción de cobre, oro y molibdeno. Fue uno de los primeros grandes proyectos metalíferos del país y marcó el inicio de la minería industrial a gran escala en Argentina.

Tras su etapa de mayor producción, el emprendimiento ingresó en un proceso de revisión técnica y administrativa en un contexto global donde el cobre volvió a posicionarse como un mineral estratégico.

Denuncias por irregularidades en el proceso de aprobación

La decisión fue cuestionada por organizaciones sociales, vecinos y medios comunitarios como Radio El Algarrobo, de Andalgalá, que denunciaron la existencia de numerosas irregularidades en el Informe de Impacto Ambiental aprobado.

Según estos sectores, el propio proceso de evaluación incluyó falencias técnicas, legales y ambientales detectadas por equipos interdisciplinarios del municipio de Andalgalá, además de observaciones realizadas por vecinos durante las instancias de participación ciudadana.

También se cuestionó el desarrollo de la audiencia pública, señalando que no se garantizó una participación real ni una adecuada consideración de los aportes presentados por la comunidad.

El rol del gobierno provincial y el conflicto social

Desde las organizaciones críticas se sostiene que la aprobación de la nueva DIA refleja un avance del gobierno provincial sobre las observaciones técnicas y sociales planteadas durante el proceso de evaluación ambiental.

En ese sentido, se plantea un conflicto entre las decisiones del Estado provincial y los reclamos de comunidades locales que desde hace años cuestionan el impacto de la megaminería sobre el agua, el ambiente y la salud en la región.

Andalgalá se mantiene como uno de los principales focos de resistencia a la minería metalífera en Catamarca, con movilizaciones, asambleas y reclamos sostenidos en el tiempo.

Cuestionamientos sobre la empresa y el contexto judicial

A las críticas ambientales se suma la situación judicial de la empresa vinculada al proyecto, que enfrenta investigaciones a nivel federal por hechos relacionados con presuntas irregularidades en el desarrollo de actividades mineras.

Este contexto refuerza el debate público sobre el control estatal, la transparencia en la gestión de recursos naturales y el rol de las grandes corporaciones en la explotación minera en el país.

Un conflicto que lleva años en Andalgalá

El conflicto en Andalgalá no es reciente. Durante más de una década, distintos sectores sociales han expresado su oposición a la megaminería, argumentando riesgos ambientales vinculados al uso del agua, la modificación de ecosistemas de montaña y el impacto sobre actividades locales.

La aprobación del nuevo informe ambiental reaviva esas tensiones y vuelve a instalar el debate sobre el modelo de desarrollo productivo en Catamarca.

Un debate abierto sobre el modelo minero

La reactivación de Bajo de la Alumbrera reabre una discusión central en Argentina: cómo equilibrar el desarrollo de la minería metalífera con la protección ambiental y la participación de las comunidades en las decisiones sobre su territorio.

Mientras el gobierno provincial destaca la importancia económica del sector, organizaciones sociales y ambientales insisten en la necesidad de mayores controles, transparencia y respeto por los procesos de participación ciudadana en proyectos de alto impacto.