Jan De Nul ganó la privatización de la Hidrovía y crecen las denuncias por irregularidades, negocios y entrega de soberanía

El gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de una fuerte polémica luego de adjudicar la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul, que volverá a controlar el dragado y mantenimiento del principal corredor exportador de Argentina.

La decisión representa una de las privatizaciones y concesiones más importantes de la gestión libertaria debido al enorme peso económico, geopolítico y ambiental de la Hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Pero lejos de cerrar el debate, la adjudicación profundizó denuncias por presunto direccionamiento de la licitación, negociaciones irregulares, influencia extranjera y pérdida de control estatal sobre una infraestructura considerada estratégica para la soberanía nacional.

La empresa belga vuelve a quedarse con el control del Paraná

La adjudicación volvió a colocar en escena a Jan De Nul, la empresa belga que ya había administrado durante décadas el sistema de dragado de la Hidrovía junto a Emepa tras la privatización impulsada en los años noventa durante el gobierno de Carlos Menem.

Aquella concesión histórica había sido cuestionada durante años por sectores políticos, sindicales y especialistas debido al fuerte nivel de extranjerización del comercio fluvial argentino y la escasa capacidad de control estatal sobre uno de los corredores más importantes del continente.

Ahora, el regreso de Jan De Nul vuelve a despertar fuertes críticas y sospechas sobre un modelo que, para numerosos sectores, profundiza la dependencia logística y comercial del país respecto de intereses privados internacionales.

La Hidrovía: la autopista por donde sale la riqueza argentina

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye uno de los corredores fluviales más importantes del mundo.

Atraviesa Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, conectando los principales puertos agroexportadores del Cono Sur con el océano Atlántico.

En territorio argentino, el tramo central une el Río de la Plata con el complejo agroexportador del Gran Rosario, desde donde salen millones de toneladas de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales.

Por eso, especialistas remarcan que el control de la Hidrovía excede ampliamente una simple obra de dragado: se trata del manejo operativo de la principal vía de salida de la riqueza argentina hacia los mercados internacionales.

Además del impacto económico, la Hidrovía también implica control sobre peajes, logística, fiscalización de exportaciones y capacidad de supervisión aduanera sobre gran parte del comercio exterior argentino.

La denuncia penal que complica al Gobierno

La polémica escaló todavía más luego de que se presentara una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios nacionales, empresarios y compañías vinculadas al proceso licitatorio.

La presentación fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, encabezada por Fernando Miguez, junto a la abogada Marcela Scotti.

La causa apunta contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación Iñaki Arreseygor, el empresario Gastón Benvenuto y la propia empresa Jan De Nul.

La denuncia solicita investigar posibles delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos vinculados al proceso de adjudicación de la Hidrovía.

Acusan direccionamiento de la licitación

Uno de los ejes centrales de la denuncia gira alrededor de los pliegos licitatorios elaborados por el Gobierno.

Según los denunciantes, las condiciones técnicas habrían sido diseñadas específicamente para favorecer a Jan De Nul y dejar fuera de competencia a otros posibles oferentes.

El punto más cuestionado es la exigencia de contar con capacidad inmediata para operar con un calado de 44 pies sobre el corredor navegable.

De acuerdo con la presentación judicial, solamente Jan De Nul posee actualmente la infraestructura técnica, dragas y capacidad logística instalada sobre el río Paraná para cumplir inmediatamente con esas condiciones.

Para los denunciantes, eso transformó el proceso en una licitación “con un único oferente posible”.

El rol de Santiago Caputo y las reuniones en Estados Unidos

La denuncia también incorpora acusaciones sobre reuniones informales realizadas en oficinas de Puerto Madero entre asesores vinculados a Santiago Caputo y representantes técnicos ligados al negocio del dragado.

Según el escrito presentado ante la Justicia, esos encuentros habrían servido para ajustar detalles técnicos de los pliegos antes de la apertura oficial del proceso licitatorio.

Además, se menciona una supuesta “purga silenciosa” dentro de áreas técnicas vinculadas a puertos y vías navegables.

Los denunciantes sostienen que funcionarios y especialistas que cuestionaban costos, condiciones técnicas y aspectos del dragado habrían sido desplazados para facilitar el nuevo esquema concesionario.

El rol de Santiago Caputo y las reuniones en Estados Unidos

Uno de los puntos más sensibles del escándalo gira alrededor del viaje realizado por Santiago Caputo, principal asesor político de Javier Milei, a Estados Unidos en medio de las negociaciones vinculadas a la Hidrovía.

Sectores opositores sostienen que durante esas reuniones existieron conversaciones vinculadas al futuro del corredor navegable y al interés geopolítico norteamericano sobre el Atlántico Sur y las rutas comerciales sudamericanas.

Aunque el Gobierno niega cualquier tipo de condicionamiento externo, las sospechas crecieron luego de distintos acercamientos estratégicos entre la administración libertaria y funcionarios estadounidenses vinculados a defensa, infraestructura y recursos estratégicos.

Para muchos sectores críticos, el caso Hidrovía aparece como parte de un proceso más amplio de alineamiento geopolítico con Washington y apertura de áreas sensibles argentinas a intereses extranjeros.

El antecedente del Grupo Neuss y el entramado empresario

La polémica también volvió a poner en escena al Grupo Neuss, históricamente mencionado en disputas empresariales vinculadas al negocio portuario y logístico argentino.

Durante años, distintos sectores denunciaron presiones, lobby y maniobras empresariales alrededor del multimillonario negocio de la Hidrovía.

El corredor fluvial no solamente concentra exportaciones agroindustriales: también representa control estratégico sobre logística, peajes y circulación de mercancías en la principal puerta comercial del país.

Soberanía, contrabando y control del comercio exterior

Uno de los cuestionamientos más profundos al esquema privatizado gira en torno al debilitamiento del control estatal.

Especialistas vienen advirtiendo desde hace años que el modelo de concesión privada limita la capacidad argentina para fiscalizar adecuadamente cargas, exportaciones y movimientos comerciales sobre el río Paraná.

Distintas investigaciones históricas mencionaron además problemas vinculados al subregistro de exportaciones, evasión fiscal, narcotráfico y contrabando asociados al corredor fluvial.

Para sectores críticos, entregar nuevamente el manejo operativo de la Hidrovía a una empresa extranjera profundiza todavía más esas debilidades estructurales.

Impacto ambiental y modelo extractivista

La discusión también posee una fuerte dimensión ambiental.

Organizaciones socioambientales vienen alertando desde hace años sobre el impacto del dragado permanente y el avance del modelo extractivista asociado a la Hidrovía.

Entre las principales críticas aparecen la destrucción de humedales, erosión costera, alteraciones en ecosistemas del río Paraná y afectación de biodiversidad acuática.

Especialistas remarcan además que el corredor está diseñado principalmente para favorecer un esquema agroexportador concentrado y dependiente de grandes corporaciones multinacionales.

El argumento del Gobierno

Desde la administración de Javier Milei sostienen que la participación privada resulta indispensable para garantizar inversiones, competitividad y eficiencia logística.

El oficialismo asegura que el Estado argentino no posee capacidad técnica ni financiera suficiente para sostener las obras necesarias sobre la Hidrovía.

La adjudicación forma parte del programa de desregulación y privatización impulsado por Federico Sturzenegger y el Ministerio de Economía.

Sin embargo, las denuncias y cuestionamientos continúan creciendo.

Una disputa que excede una simple licitación

La pelea por la Hidrovía ya excede ampliamente una discusión técnica o empresarial.

Para numerosos sectores políticos, sindicales, ambientales y especialistas en soberanía, lo que está en juego es quién controla la principal puerta de salida de la riqueza argentina y bajo qué intereses se organiza el comercio exterior del país.

Por eso, la nueva concesión a Jan De Nul aparece para muchos críticos como otro capítulo dentro de un proceso más amplio de privatización, extranjerización y pérdida de soberanía impulsado por el gobierno de Javier Milei.