Salta: un nuevo derrame petrolero vuelve a encender alarmas por cientos de pozos abandonados en el norte argentino

Un nuevo derrame de hidrocarburos registrado en la provincia de Salta volvió a poner en el centro del debate una problemática poco conocida fuera del norte argentino: la existencia de cientos de pozos petroleros abandonados o sin cierre definitivo que continúan representando un grave riesgo ambiental.

El episodio ocurrió en el área Aguaragüe, una región petrolera ubicada en el departamento San Martín, al norte de la provincia de Salta, cerca de las localidades de Campamento Vespucio y General Mosconi, muy próximas a la frontera con Bolivia.

La zona afectada forma parte de las yungas salteñas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Argentina.

El derrame fue detectado en un yacimiento inactivo

Las fugas contaminantes fueron detectadas en un pozo petrolero inactivo ubicado cerca de los yacimientos de Lomitas y Tranquitas, dentro del área Aguaragüe.

Tras conocerse la situación, el diputado provincial Nicolás Arce, representante del departamento San Martín, impulsó la toma de muestras de suelo y líquidos contaminantes para determinar el impacto ambiental del derrame.

Los análisis están siendo realizados por Yaculab, un laboratorio especializado con sede en la ciudad de Tartagal, también ubicada en el norte salteño.

La preocupación crece porque el área afectada se encuentra dentro de una región ambientalmente sensible, donde existen cursos de agua, monte nativo y comunidades rurales.

El problema de fondo: más de 1.400 pozos sin cierre definitivo

El nuevo derrame volvió a dejar expuesta una problemática estructural que atraviesa desde hace décadas a la actividad petrolera del norte argentino.

Según informó el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Ignacio Lupión, actualmente existen cerca de 1.400 pozos petroleros en la provincia, aunque apenas unos 50 continúan produciendo petróleo.

El resto permanece inactivo y muchos nunca recibieron el sellado técnico definitivo que exige la normativa petrolera para evitar filtraciones de hidrocarburos, gases y líquidos contaminantes.

Especialistas y referentes ambientales advierten que numerosos pozos abandonados funcionan hoy como verdaderas “bombas de tiempo ambientales”.

Un problema histórico que ya provocó graves daños

El caso actual no es un hecho aislado.

En el norte de Salta todavía continúa fuera de control el pozo petrolero LO-X10, ubicado en Lomas de Olmedo, cerca de la localidad de La Estrella, en el municipio de Pichanal.

Ese pozo había sido perforado durante la década de 1980 y comenzó a registrar fugas contaminantes en 2023 pese a encontrarse inactivo desde hacía décadas.

Las pérdidas provocaron denuncias por daños sobre suelos, acuíferos, flora, fauna silvestre y animales de cría pertenecientes a productores rurales de la zona.

Otro antecedente grave ocurrió en el área de Puesto Guardián.

Allí, el pozo MDT-14 sufrió violentas erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y recién pudo ser sellado en 2012 luego de complejas intervenciones técnicas que demandaron alrededor de 30 millones de dólares, costo que terminó afrontando YPF.

Privatizaciones, concesiones y empresas involucradas

Gran parte de los pozos que hoy permanecen abandonados fueron perforados durante décadas de explotación petrolera estatal y posteriormente quedaron bajo control de distintas empresas privadas tras las privatizaciones impulsadas en los años noventa.

En agosto de 1991, luego de la privatización de YPF, el Gobierno nacional adjudicó el área Puesto Guardián a las empresas EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield.

Con el paso de los años, distintas transferencias de acciones y concesiones terminaron dejando parte de las áreas petroleras bajo control de President Petroleum, firma que atravesó una fuerte crisis financiera y procesos judiciales.

Las denuncias por contaminación y pasivos ambientales no solamente apuntan contra las empresas privadas que operaron los pozos, sino también contra organismos provinciales y nacionales encargados del control ambiental y energético.

“No es solo un derrame, es falta de control”

El diputado Nicolás Arce aseguró que el problema refleja años de ausencia de controles, inversión y planificación sobre las áreas petroleras del norte salteño.

“El problema no es solamente el derrame. El problema es la falta de gestión para prevenirlo y actuar después”, sostuvo el legislador.

También cuestionó que durante años se continuaran cobrando regalías hidrocarburíferas mientras numerosos pozos quedaban abandonados sin saneamiento ni remediación ambiental.

Ambiente, salud y agua bajo riesgo

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas y organizaciones ambientales es el impacto que estos pozos abandonados pueden generar sobre las napas de agua y los ecosistemas de la región.

Cuando un pozo petrolero no recibe el sellado técnico adecuado, los fluidos y gases pueden migrar hacia acuíferos subterráneos utilizados para consumo humano, producción agropecuaria y abastecimiento de comunidades rurales.

La situación resulta especialmente delicada en el norte salteño, una región donde muchas localidades dependen directamente de fuentes de agua subterránea.

Además, el área Aguaragüe forma parte de una zona de alta biodiversidad, con presencia de yungas, monte nativo y fauna silvestre característica del norte argentino.

El debate sobre el modelo petrolero

El nuevo derrame volvió a reabrir la discusión sobre los pasivos ambientales que dejó la explotación hidrocarburífera en distintas regiones del país.

Mientras las provincias continúan dependiendo económicamente de regalías petroleras, especialistas advierten que muchas áreas históricas quedaron abandonadas sin controles adecuados ni planes de saneamiento ambiental.

En el caso de Salta, la situación expone además el enorme costo económico y ambiental que puede generar la falta de cierre definitivo de pozos petroleros.

Lo que ocurre hoy en el norte salteño ya no es solamente un problema local: se transformó en una advertencia sobre los riesgos ambientales que pueden permanecer activos durante décadas incluso después de finalizada la explotación petrolera.