La Política Ambiental
La Justicia Federal suspendió el avance de la resolución impulsada por el Gobierno nacional que buscaba eliminar más de 600 servicios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en un fallo que representa un fuerte revés para la política de recortes y reducción del Estado promovida por la gestión de Javier Milei.
La medida judicial puso un freno al proceso de desmantelamiento que se pretendía aplicar dentro de uno de los organismos tecnológicos más importantes del país, encargado históricamente de brindar asistencia técnica, certificaciones, desarrollo industrial y controles de calidad a miles de empresas argentinas.
La polémica comenzó tras la publicación de la Resolución 42/2026, mediante la cual el Ejecutivo nacional ordenó el cierre de más de 600 prestaciones y servicios que el INTI ofrecía en distintas áreas productivas.
El argumento oficial sostenía que muchas de esas actividades tenían poca demanda, generaban gastos innecesarios o podían ser reemplazadas por el sector privado. Bajo esa lógica, el Gobierno avanzó con un esquema de “reorganización” que buscaba reducir funciones, achicar estructuras y recortar costos dentro del organismo.
Entre los servicios afectados aparecían tareas vinculadas a:
La decisión generó una fuerte reacción de trabajadores, sindicatos y sectores productivos que denunciaron un intento de vaciamiento del INTI.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, luego de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El magistrado ordenó suspender cualquier acción relacionada con el cierre, modificación o transferencia de los servicios alcanzados por la resolución oficial hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Además, el fallo prohíbe mover equipamiento técnico, modificar estructuras internas o avanzar sobre sectores afectados mientras continúe el proceso judicial.
Uno de los puntos más importantes de la resolución es que obliga al Estado nacional a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores involucrados, manteniendo salarios, funciones y categorías vigentes.
Desde distintos sectores industriales advirtieron que el recorte podía afectar directamente a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen del INTI para realizar ensayos, certificaciones y controles obligatorios para producir y comercializar productos.
También se alertó sobre la pérdida de capacidades técnicas construidas durante décadas dentro del organismo, especialmente en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo tecnológico argentino.
El INTI cumple funciones clave en sectores como:
Especialistas señalaron que muchas de esas tareas no son fácilmente reemplazables por privados y forman parte de la infraestructura científica y tecnológica estatal.
El conflicto volvió a exponer las críticas contra el plan de ajuste impulsado por Javier Milei, que desde el inicio de su gestión avanzó con despidos, reducción presupuestaria y recortes sobre organismos públicos, universidades, ciencia y tecnología.
Trabajadores y sindicatos sostienen que el cierre de servicios del INTI no representa una simple reorganización administrativa sino un proceso de desmantelamiento de capacidades técnicas estratégicas para el país.
Desde ATE calificaron la resolución oficial como un intento de “vaciar” el organismo y advirtieron que el impacto no sólo recaería sobre los empleados, sino también sobre el entramado industrial argentino.
La decisión judicial se suma a otros fallos que en los últimos meses frenaron distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional en el marco de su política de reducción estatal.
Mientras el oficialismo insiste en avanzar con una fuerte motosierra sobre organismos públicos, crece la tensión con sectores sindicales, científicos y técnicos que denuncian pérdida de funciones estratégicas y debilitamiento del sistema público de ciencia y tecnología.
Por el momento, el fallo mantiene activos los más de 600 servicios que el Gobierno buscaba eliminar y obliga al INTI a sostener su funcionamiento mientras continúa la disputa judicial.
