Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná

La contaminación del río Paraná en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos sumó un nuevo capítulo judicial que marca un precedente para los delitos ambientales en Argentina. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la condena contra la empresa Atanor S.C.A., al rechazar el último recurso presentado por la firma y confirmar que su actividad industrial provocó un daño ambiental irreversible sobre uno de los principales cursos de agua del país.

La resolución llega después de más de doce años de reclamos impulsados por organizaciones ambientales y vecinos que denunciaban la contaminación generada por la planta agroquímica ubicada sobre la ribera del Paraná. Con esta decisión, la Justicia ratificó que los efluentes industriales descargados por la empresa afectaron de manera permanente el ecosistema y que las irregularidades detectadas durante años no fueron suficientemente controladas por las autoridades competentes.

Una causa que comenzó hace más de una década

El conflicto judicial se inició a partir de una acción colectiva promovida por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, quien denunció que la planta de Atanor desarrollaba actividades contaminantes que ponían en riesgo el ambiente y la salud de la población.

Durante el proceso judicial se realizaron numerosas pericias técnicas, estudios científicos y análisis ambientales que permitieron reconstruir el impacto de la actividad industrial sobre el río Paraná.

Las pruebas incorporadas al expediente demostraron la presencia de contaminantes asociados a la fabricación de agroquímicos y confirmaron que los efluentes volcados desde la planta provocaron una alteración permanente del ecosistema acuático.

Tras sucesivas apelaciones presentadas por la empresa, la Suprema Corte bonaerense terminó confirmando la sentencia y dejó firme la responsabilidad ambiental de Atanor.

Qué encontró la Justicia

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el reconocimiento de que la contaminación no se limitó a episodios aislados, sino que formó parte de un proceso sostenido durante años.

Entre las sustancias detectadas aparecieron residuos de atrazina, uno de los herbicidas más utilizados por la agricultura industrial y cuya presencia en ambientes acuáticos genera preocupación por sus efectos sobre la fauna, la flora y la calidad del agua.

A lo largo del expediente también surgieron evidencias sobre la existencia de otros compuestos derivados de la actividad agroquímica que terminaron llegando al río Paraná mediante distintos sistemas de descarga.

Para los jueces, las pruebas reunidas permitieron acreditar que el deterioro ambiental producido por la empresa reviste carácter irreversible.

Nuevos estudios vuelven a encender las alarmas

Aunque el proceso judicial se centró en hechos ocurridos durante los últimos años, investigaciones realizadas recientemente volvieron a detectar contaminantes vinculados con la actividad de la planta.

Análisis efectuados durante 2026 identificaron la presencia de glifosato, AMPA —el principal producto de degradación del glifosato—, atrazina y otros residuos químicos en sistemas de desagües pluviales que desembocan en el río Paraná.

Los resultados reforzaron la preocupación de especialistas y organizaciones ambientales, que sostienen que todavía existen sectores que requieren monitoreos permanentes para determinar el verdadero alcance de la contaminación acumulada.

El fallo también deja expuesto al Estado

La sentencia no solo responsabiliza a Atanor.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que vuelve a poner bajo cuestionamiento el funcionamiento de los organismos públicos encargados de controlar la actividad industrial.

Durante años, distintas organizaciones denunciaron que las inspecciones resultaron insuficientes y que las autoridades ambientales no actuaron con la rapidez necesaria para prevenir la contaminación.

El caso vuelve a evidenciar una problemática que se repite en distintos puntos del país: la debilidad de los sistemas de fiscalización ambiental frente a industrias de gran escala y la demora en la adopción de medidas preventivas.

Especialistas en derecho ambiental advierten que cuando los controles estatales fallan, las consecuencias suelen conocerse años después, cuando el daño ya resulta extremadamente difícil o imposible de revertir.

Una planta rodeada de polémicas

La historia reciente de Atanor en San Nicolás estuvo marcada por distintos episodios que incrementaron la preocupación de la comunidad.

En marzo de 2024, una explosión registrada en uno de los reactores de la planta provocó un importante operativo de emergencia, dejó un trabajador herido y generó denuncias de vecinos por olores intensos, irritación ocular y problemas respiratorios.

Ese episodio profundizó las inspecciones sobre la empresa y aceleró decisiones vinculadas con el futuro de la planta, que posteriormente inició un proceso de cierre de sus operaciones de producción de agroquímicos en la ciudad.

Sin embargo, organizaciones ambientales sostienen que el cierre de la actividad industrial no elimina automáticamente los pasivos ambientales acumulados durante décadas y reclaman que las tareas de remediación sean supervisadas mediante controles independientes.

El impacto sobre la salud sigue siendo una deuda pendiente

La confirmación judicial del daño ambiental volvió a instalar un viejo reclamo de los habitantes de San Nicolás.

Durante años, vecinos que residen en las inmediaciones de la planta denunciaron problemas vinculados con olores, emisiones y posibles efectos sobre la salud.

Aunque la sentencia reconoce el daño ambiental, distintos sectores consideran que aún resta avanzar en investigaciones epidemiológicas que permitan determinar si la exposición prolongada a sustancias químicas pudo generar consecuencias sanitarias sobre la población.

Para especialistas, conocer ese impacto resulta indispensable para dimensionar integralmente las consecuencias del caso.

Un antecedente que puede cambiar la discusión ambiental

La decisión de la Suprema Corte bonaerense constituye uno de los fallos más importantes dictados en materia de contaminación industrial en Argentina.

Por primera vez quedó firme una sentencia que reconoce expresamente que una empresa provocó un daño ambiental irreversible sobre un tramo del río Paraná, uno de los recursos hídricos más importantes del país.

Para organizaciones ambientalistas, el caso demuestra que los procesos judiciales pueden tardar más de una década mientras la degradación ambiental continúa avanzando, lo que vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles preventivos y endurecer las sanciones contra quienes incumplen la normativa ambiental.

La resolución también deja un mensaje de fondo: cuando los organismos de fiscalización no actúan a tiempo y las respuestas estatales llegan después de años de denuncias, el costo termina pagándolo el ambiente y las comunidades que dependen de él. En San Nicolás, la Justicia confirmó que ese daño existió. El desafío ahora será evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en otras regiones del país.