La Pampa: denuncian la muerte de unos 100 ciervos y el caso expone las consecuencias de los cotos de caza

La muerte de alrededor de 100 ciervos colorados dentro de un coto de caza en la provincia de La Pampa volvió a poner en el centro de la discusión no solo la actuación de las autoridades provinciales, sino también el modelo de establecimientos cinegéticos que desde hace décadas funcionan en distintas provincias argentinas.

La denuncia fue realizada por el propietario del coto Huangulén, ubicado en cercanías de la localidad de Toay, quien responsabilizó a la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa por la mortandad de animales. Según sostuvo, la decisión de mantener inhabilitado el establecimiento hasta 2030 y prohibir la actividad de caza impidió controlar la población de ciervos, generando una sobrecarga que hoy deriva en falta de alimento y una creciente mortandad.

Sin embargo, el conflicto también volvió a abrir un debate más profundo: ¿cómo es posible que miles de animales silvestres permanezcan encerrados en establecimientos cuyo objetivo final es la caza deportiva?

Un sistema cuestionado desde hace años

Los cotos de caza son establecimientos privados donde distintas especies son criadas o mantenidas en grandes predios cercados para desarrollar actividades cinegéticas autorizadas.

Aunque suelen presentarse como espacios de manejo de fauna, numerosas organizaciones ambientalistas y de protección animal cuestionan desde hace años este modelo por considerar que transforma a animales silvestres en recursos comerciales destinados al turismo de caza.

En muchos casos, los ejemplares viven dentro de campos alambrados sin posibilidad de desplazarse libremente, mientras su población es administrada en función de la actividad económica del establecimiento.

Para los sectores críticos, se trata de una práctica incompatible con una visión moderna de conservación de la biodiversidad.

La denuncia del propietario

El dueño del coto Huangulén sostiene que el conflicto comenzó cuando la Dirección de Recursos Naturales decidió suspender la habilitación del establecimiento y aplicar una importante sanción económica.

Según explicó, desde ese momento quedó impedido de realizar la actividad cinegética que utilizaba como herramienta para reducir la cantidad de animales presentes dentro del campo.

Actualmente, asegura que el establecimiento alberga más de 2.000 ejemplares, principalmente ciervos colorados, una población que —según afirma— supera ampliamente la capacidad del ambiente para sostenerla.

"Se me están muriendo los animales", expresó al denunciar que ya murieron alrededor de 100 ciervos y que la situación continúa agravándose.

El productor sostiene que solicitó distintas alternativas para controlar la población o trasladar parte de los ejemplares, pero asegura que nunca obtuvo respuestas satisfactorias por parte del organismo provincial.

Un problema que también expone responsabilidades privadas

Aunque el productor apunta contra el Estado provincial, el caso también pone bajo análisis la responsabilidad de quienes administran este tipo de establecimientos.

Mantener miles de animales silvestres dentro de un predio cerrado implica asumir la obligación de garantizar condiciones adecuadas de alimentación, sanidad y bienestar.

Cuando un sistema depende exclusivamente de la continuidad de la caza deportiva para evitar el colapso de las poblaciones, especialistas advierten que existe una fragilidad estructural que termina trasladando el costo a los propios animales.

El conflicto evidencia cómo un modelo basado en el confinamiento de fauna silvestre puede generar graves consecuencias cuando cambian las condiciones administrativas o económicas que sostienen su funcionamiento.

El rol del Estado también quedó bajo cuestionamiento

La situación también despertó críticas hacia el Estado provincial.

Si las autoridades decidieron suspender la actividad del coto por presuntas irregularidades, numerosos especialistas consideran que esa decisión debía ir acompañada de un plan técnico que garantizara el bienestar de los animales que permanecían dentro del establecimiento.

En sistemas cerrados, donde los ejemplares no pueden dispersarse naturalmente, la falta de manejo puede provocar sobrepoblación, escasez de alimento, enfermedades y un aumento de la mortalidad.

Por eso, distintos sectores sostienen que la intervención estatal no puede limitarse únicamente a aplicar sanciones administrativas, sino que también debe contemplar el destino y las condiciones de vida de los animales involucrados.

Cuando los animales quedan atrapados entre intereses económicos y decisiones administrativas

El caso de Huangulén muestra cómo los animales terminan siendo los principales perjudicados de un conflicto entre el propietario del establecimiento y el Estado.

Por un lado, un sistema productivo basado en mantener fauna silvestre para la caza deportiva.

Por otro, una respuesta estatal que, según denuncia el productor, no contempló medidas para evitar el deterioro de la situación una vez suspendida la actividad.

El resultado, según la denuncia pública, es la muerte de decenas de animales que permanecen confinados sin posibilidad de desplazarse hacia otros ambientes.

Un debate que vuelve a instalarse

La polémica reabre una discusión que organizaciones ambientalistas vienen planteando desde hace años: si los cotos de caza representan realmente una herramienta válida para la conservación o si responden principalmente a un modelo económico vinculado a la explotación de fauna silvestre.

También pone sobre la mesa la responsabilidad del Estado en el control de estos establecimientos y la necesidad de que cualquier intervención contemple planes de manejo que prioricen el bienestar animal por encima de intereses administrativos o económicos.

Mientras el propietario reclama una solución urgente y responsabiliza a Recursos Naturales por la mortandad, el caso deja al descubierto las debilidades de un sistema donde miles de animales dependen tanto de decisiones estatales como de un modelo de explotación que continúa siendo objeto de fuertes cuestionamientos éticos y ambientales.