Argentina profundiza su retroceso ambiental: perdió más de 550 mil hectáreas de bosque en tres años

La Argentina atraviesa un marcado retroceso en materia ambiental. La pérdida de bosques nativos, la degradación de los suelos, el avance de la sequía, el debilitamiento de las áreas protegidas y la continuidad de una matriz energética basada en combustibles fósiles conforman un escenario que aleja al país de las metas internacionales previstas para 2030.

El diagnóstico surge del Informe Ambiental 2026 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), denominado “Piezas de un rompecabezas ambiental: entre la desregulación y la construcción de una esperanza colectiva”. El documento analiza el estado de las políticas públicas, los compromisos climáticos, la biodiversidad y los principales conflictos territoriales del país. (FARN)

Según la organización, la pérdida de biodiversidad, los impactos cada vez más severos del cambio climático, los retrocesos normativos y el desfinanciamiento estatal obligan a revisar el rumbo de la política ambiental. El informe también cuestiona el avance de proyectos productivos y extractivos que pueden afectar bienes naturales estratégicos, como los bosques, los humedales, los glaciares y las fuentes de agua. 

Compromisos climáticos demorados

Uno de los principales cuestionamientos está vinculado con el cumplimiento del Acuerdo de París. A pesar de que la Argentina ratificó ese tratado internacional y desarrolló una estructura institucional para abordar la crisis climática, FARN sostiene que la aplicación concreta de esos compromisos se encuentra debilitada.

El país debía presentar durante 2025 su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC. En ese documento, cada Estado debe establecer sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas previstas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

La presentación argentina no fue realizada dentro del plazo correspondiente, lo que incrementó la incertidumbre sobre las políticas de mitigación, adaptación y reducción de emisiones que deberá adoptar el país durante los próximos años. 

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero citado en el informe, durante 2022 la Argentina emitió aproximadamente 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cerca del 50% de esas emisiones correspondió al sector energético, mientras que la agricultura y la ganadería representaron alrededor del 25%.

La situación se encuentra estrechamente relacionada con la composición de la matriz energética nacional. Más del 80% de la energía primaria utilizada en la Argentina continúa dependiendo de combustibles fósiles, principalmente gas natural y petróleo.

El Informe Ambiental 2026 advierte que esta dependencia dificulta el cumplimiento de las metas climáticas y profundiza la vulnerabilidad económica frente a un sistema energético basado en recursos no renovables.

FARN también recordó que el Emissions Gap Report 2025 ubicó a la Argentina entre los países del G20 con menores probabilidades de cumplir sus compromisos climáticos para 2030. 

Biodiversidad: lejos de la meta del 30%

El deterioro de la biodiversidad constituye otro de los ejes centrales del informe. La Argentina debía presentar en febrero de 2026 su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero tampoco cumplió con esa obligación dentro del plazo establecido. El reporte debía detallar los avances alcanzados en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que estableció como objetivo proteger al menos el 30% de las superficies terrestres y marinas para 2030.

Los niveles actuales se encuentran muy por debajo de esa meta. De acuerdo con datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas, las áreas terrestres protegidas representan aproximadamente el 13% del territorio continental argentino. En el ámbito marítimo, la superficie protegida alcanza apenas el 7% de la plataforma submarina. La Administración de Parques Nacionales gestiona 55 áreas protegidas nacionales, que comprenden alrededor de 18,48 millones de hectáreas. Sin embargo, el informe advierte que la declaración formal de un área protegida resulta insuficiente cuando no existen recursos adecuados para contratar personal, mantener infraestructura, desarrollar tareas de conservación y prevenir incendios forestales.

Para 2026, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales registra una caída real del 32,3% respecto de 2023. La reducción limita la capacidad estatal para controlar los territorios y proteger ecosistemas sometidos a una presión creciente. (noticias-ambientales-argentina.blogspot.com)

Más de 550 mil hectáreas de bosque destruidas

La pérdida de bosques nativos refleja con claridad la magnitud del deterioro ambiental. Entre 2022 y 2024, la Argentina perdió un total de 550.851 hectáreas de bosque.

Durante 2022 fueron destruidas 211.974 hectáreas. En 2023, la pérdida alcanzó las 173.816 hectáreas y, durante 2024, desaparecieron otras 165.061 hectáreas. (FARN)

Aunque las cifras muestran una reducción interanual, la superficie afectada continúa siendo considerable. Los bosques cumplen funciones esenciales para la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad, la protección de los suelos y el mantenimiento de los ciclos hídricos.

Su destrucción también tiene consecuencias directas sobre las comunidades rurales y los pueblos originarios que dependen de esos territorios para desarrollar sus actividades productivas, culturales y sociales.

Los incendios forestales explicaron aproximadamente el 13% de la pérdida total de bosques registrada durante el período analizado. El fuego también provocó daños sobre humedales, pastizales y otros ecosistemas que no siempre aparecen reflejados en las estadísticas de pérdida forestal. (FARN)

El informe plantea que la protección de los bosques requiere controles efectivos sobre los desmontes, financiamiento adecuado para la aplicación de la Ley de Bosques y una política sostenida de prevención y combate de incendios.

Suelos degradados y avance de la sequía

El deterioro de los suelos completa el escenario crítico. Cerca del 70% del territorio argentino corresponde a tierras secas y más del 80% de esas superficies presenta algún grado de degradación, principalmente por la sobreexplotación de los bienes naturales, la pérdida de cobertura vegetal y las sequías prolongadas. 

La degradación reduce la capacidad productiva de los suelos, favorece la erosión y afecta la disponibilidad de agua. La destrucción de los bosques acelera ese proceso debido a que deja la tierra expuesta a la acción del viento y las lluvias.

La sequía histórica de 2023 produjo fuertes pérdidas económicas para el sector agropecuario y afectó cultivos estratégicos en diferentes regiones. A comienzos de 2026, cerca del 30% del territorio nacional volvía a encontrarse bajo condiciones de sequía. 

La combinación de altas temperaturas, escasez de lluvias, degradación de los suelos y pérdida de vegetación incrementa además el riesgo de incendios y reduce la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

El costo social del deterioro ambiental

El retroceso ambiental también profundiza las desigualdades sociales. Los efectos de la contaminación, los desmontes, los incendios y la falta de agua recaen con mayor intensidad sobre las comunidades que poseen menos recursos para protegerse o trasladarse.

Las poblaciones rurales y los pueblos originarios suelen enfrentar directamente las consecuencias de proyectos extractivos, cambios en el uso del suelo y degradación de las fuentes de agua. En muchos casos, los beneficios económicos se concentran lejos de los territorios afectados, mientras que los daños ambientales y sanitarios permanecen durante décadas.

Para FARN, el debilitamiento de las instituciones ambientales y la reducción del financiamiento disminuyen la capacidad del Estado para prevenir esos impactos, controlar a las empresas y garantizar el cumplimiento de la legislación.

Un rumbo cada vez más alejado de 2030

Las metas internacionales previstas para 2030 exigen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, conservar al menos el 30% de los territorios terrestres y marinos, frenar la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas degradados.

La Argentina se encuentra actualmente lejos de esos objetivos. La continuidad de la dependencia fósil, la pérdida de bosques, el incumplimiento de reportes internacionales y la falta de recursos para organismos ambientales muestran una distancia creciente entre los compromisos asumidos y las políticas efectivamente implementadas.

El Informe Ambiental 2026 sostiene que revertir este escenario requiere recuperar las capacidades estatales, garantizar presupuestos adecuados, fortalecer los organismos de control y asegurar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.

Frente a la proximidad de 2030, la protección ambiental dejó de ser una discusión secundaria. La degradación de los ecosistemas afecta la producción, el acceso al agua, la salud pública y la calidad de vida de millones de personas. Sin un cambio de rumbo, los costos ambientales, económicos y sociales serán cada vez más difíciles de revertir.