Rosario: El juicio que podía convertirse en un fallo histórico para los pueblos fumigados terminó siendo un fallo a medias

Durante años, el caso Pergamino fue considerado uno de los juicios ambientales más importantes de Argentina. Para los llamados pueblos fumigados, podía transformarse en un precedente histórico: una señal de que la Justicia estaba dispuesta a establecer responsabilidades cuando una actividad productiva podía afectar la salud de las personas y el ambiente.

El proceso tenía todos los elementos para marcar un antes y un después. Había denuncias vecinales, estudios científicos, años de investigación, restricciones judiciales a las fumigaciones y una discusión nacional sobre el uso de agroquímicos cerca de viviendas.

Pero el resultado final estuvo lejos de las expectativas de quienes impulsaron la causa.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz, absolvió a todos los productores agropecuarios, al ingeniero agrónomo y al aplicador rural que habían llegado a juicio por presunta contaminación ambiental.

Los únicos condenados fueron dos exfuncionarios municipales, señalados por no haber cumplido correctamente con las tareas de control que debían ejercer sobre las aplicaciones.

Para los vecinos y organizaciones ambientales, el juicio que podía convertirse en un fallo histórico terminó siendo una resolución que dejó muchas preguntas abiertas.

¿Cómo comenzó la causa Pergamino?

La historia ocurrió en Pergamino, una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agrícolas más importantes del país.

En distintos barrios ubicados cerca de campos productivos, como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, vecinos comenzaron a denunciar que las fumigaciones con agroquímicos se realizaban a pocos metros de sus hogares.

Las familias sostenían que cada aplicación generaba preocupación por la cercanía de las máquinas pulverizadoras y por la posible presencia de sustancias químicas en el ambiente.

Con el paso del tiempo, el conflicto dejó de ser solamente vecinal y pasó al ámbito judicial.

La causa comenzó a investigar si las fumigaciones podían haber generado contaminación ambiental y si existían responsabilidades penales de quienes realizaban las aplicaciones y de quienes debían controlarlas.

Sabrina Ortiz: la vecina que convirtió un reclamo personal en una causa nacional

Uno de los nombres centrales del expediente es Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino e integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados.

Ortiz comenzó a involucrarse luego de denunciar problemas de salud propios y de su familia que, según sostuvo, aparecían vinculados temporalmente con las fumigaciones realizadas cerca de su vivienda.

Su reclamo creció con los años. Pasó de ser una denuncia personal a transformarse en una lucha colectiva que buscaba que el Estado investigara qué ocurría en los barrios cercanos a zonas agrícolas.

Durante años participó en reuniones, presentó denuncias, difundió estudios y acompañó a otros vecinos que reclamaban mayores controles.

Su nombre quedó asociado a una de las luchas ambientales más importantes del país vinculadas al uso de agroquímicos.

¿Quiénes fueron los acusados?

En el juicio fueron juzgados productores agropecuarios, profesionales y funcionarios.

Los productores acusados fueron:

• Fernando Cortese
• Víctor Hugo Tiribó
• Mario Reinero Roces
• Carlos Sabbatini
• Hugo Sabbatini

También fueron imputados:

• el ingeniero agrónomo José Luis Grattone
• el aplicador Cristian Taboada

La acusación sostenía que podían haber tenido responsabilidad en contaminación ambiental por fumigaciones realizadas en zonas cercanas a viviendas.

Además llegaron a juicio dos exfuncionarios municipales:

• Guillermo Naranjo
• Mario Daniel Tocalini

En su caso, la acusación estaba relacionada con el supuesto incumplimiento de los controles que debían realizar desde el municipio.

Un juicio que duró meses y tuvo una enorme expectativa

El debate oral comenzó en 2026 y se extendió durante aproximadamente cinco meses.

Durante las audiencias declararon científicos, especialistas ambientales, médicos, funcionarios, vecinos y personas vinculadas a la investigación.

La fiscalía estuvo representada por Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi.

La querella, que representa a los denunciantes, estuvo encabezada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro.

Después de más de una década desde las primeras denuncias, finalmente llegó el momento de la sentencia.

El fallo: productores absueltos y funcionarios condenados

El tribunal decidió absolver a todos los productores, al ingeniero agrónomo y al aplicador rural.

En términos simples: los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para afirmar, con el nivel de certeza que exige una condena penal, que esas personas fueran responsables del delito investigado.

En derecho penal, cuando existen dudas importantes sobre si alguien cometió un delito, los jueces deben decidir a favor del acusado. Ese principio se conoce como "in dubio pro reo".

En cambio, los exfuncionarios Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini fueron condenados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

El tribunal entendió que no realizaron correctamente las tareas de control que estaban bajo su responsabilidad.

Un fallo cuestionado por los pueblos fumigados

La sentencia generó críticas entre los vecinos denunciantes y organizaciones ambientales.

Para quienes acompañaron la causa, el juicio tenía la posibilidad de convertirse en un precedente histórico que estableciera límites claros sobre las fumigaciones cerca de poblaciones.

La principal crítica fue que, después de tantos años de investigación, la responsabilidad penal terminó concentrándose en quienes debían controlar desde el Estado, mientras que los productores y aplicadores fueron absueltos.

Desde esa mirada, el fallo dejó sin resolver una cuestión central: quién responde cuando una actividad productiva genera riesgos ambientales en zonas habitadas.

¿Qué puede pasar ahora? La posibilidad de apelar el fallo explicada en palabras simples

Aunque el tribunal ya dio su decisión, la historia judicial todavía puede continuar.

En Argentina, cuando un tribunal oral dicta una sentencia, las partes no siempre tienen que aceptar ese resultado. Existe la posibilidad de presentar un recurso, que básicamente significa pedir que otro tribunal revise la decisión.

En este caso, las partes pueden recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.

¿Pero qué significa eso?

La Casación no es un nuevo juicio desde cero. No vuelve a escuchar todos los testimonios como ocurrió en el debate oral. Su función es revisar si el tribunal que dictó la sentencia aplicó correctamente la ley y si analizó la prueba de manera adecuada.

Puede revisar, por ejemplo, si los jueces interpretaron correctamente una norma, si respetaron las reglas del proceso o si explicaron correctamente por qué decidieron absolver o condenar.

Si la querella o la fiscalía consideran que la absolución de los productores fue incorrecta, pueden pedir que la Cámara revise esa parte del fallo.

A partir de ahí pueden ocurrir diferentes escenarios:

La Cámara confirma la sentencia: si entiende que el tribunal actuó correctamente, mantiene el fallo y las absoluciones quedan firmes.

La Cámara modifica la decisión: puede cambiar algún aspecto si considera que hubo un error.

La Cámara anula parte del fallo: si encuentra problemas importantes, puede dejar sin efecto una parte de la sentencia.

Puede ordenar un nuevo juicio: en determinados casos, puede disponer que otro tribunal vuelva a analizar el caso.

Por eso, el expediente Pergamino todavía no tiene necesariamente su última palabra.

Un precedente que todavía se sigue discutiendo

Más allá del resultado judicial, Pergamino dejó instalado uno de los debates ambientales más importantes de Argentina.

La discusión ya no es solamente sobre una causa concreta, sino sobre cómo debe actuar la Justicia cuando hay denuncias de contaminación, evidencia científica y comunidades que aseguran estar expuestas a riesgos.

El juicio que podía convertirse en una condena ejemplar para los pueblos fumigados terminó, por ahora, con un resultado mucho más limitado.

El futuro del expediente dependerá de los recursos que presenten las partes y de lo que decidan los tribunales superiores.

Mientras tanto, el debate sobre agroquímicos, producción agrícola, salud pública y derecho ambiental continúa abierto.