La Política Ambiental
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) sumó un nuevo frente judicial. Un conjunto de organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos presentó una acción de amparo colectivo con el objetivo de frenar el proceso de venta de la empresa estatal y evitar que se comprometa el acceso al agua potable y al saneamiento para millones de personas.
Las entidades sostienen que el Ejecutivo pretende desprenderse del 90% del paquete accionario de AySA sin haber realizado estudios sobre el impacto ambiental, sanitario y social de la medida y sin garantizar mecanismos de participación ciudadana.
Para las organizaciones, el proceso prioriza criterios económicos por encima de un servicio público esencial y pone en riesgo obras de infraestructura fundamentales para el acceso al agua, el tratamiento de efluentes y el saneamiento ambiental.
AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense, abasteciendo a millones de habitantes.
Además de garantizar un servicio básico, la empresa tiene un rol central en la ejecución de obras de infraestructura sanitaria destinadas a ampliar las redes de agua potable y cloacas, reducir la contaminación de ríos y arroyos y mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones más vulnerables.
Uno de sus proyectos más importantes es el Sistema Riachuelo, una de las mayores obras de saneamiento de la historia argentina, diseñada para ampliar la capacidad del sistema cloacal y disminuir el vertido de efluentes sin tratamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Estas intervenciones benefician a más de 4,7 millones de personas que viven en una de las regiones con mayor densidad poblacional del país.
Las organizaciones advierten que la privatización llega en un momento especialmente delicado para el proceso de recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El saneamiento de esa cuenca comenzó a tomar impulso luego del histórico fallo "Mendoza", dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008, que obligó al Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar un plan integral para revertir décadas de contaminación.
Durante años, ese fallo se convirtió en uno de los antecedentes más importantes del derecho ambiental argentino al establecer obligaciones concretas en materia de salud pública, acceso al agua potable, tratamiento de residuos, control industrial y saneamiento.
Sin embargo, en octubre de 2024, la Corte Suprema decidió dar por finalizado el seguimiento judicial del caso, pese a que numerosas metas aún permanecían pendientes.
Entre ellas figuran la reducción de la contaminación industrial, la limpieza de basurales, la recuperación de las márgenes del río, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas, el desarrollo de sistemas de desagües pluviales y la implementación de programas sanitarios para las poblaciones más afectadas.
El escenario, sostienen las organizaciones, se agravó durante la actual gestión nacional.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) continúa funcionando, pero distintos sectores denuncian que perdió capacidad operativa debido a la reducción de recursos económicos y de personal técnico.
Según los datos difundidos por el propio organismo, durante 2024 los fondos destinados a obras de saneamiento e infraestructura registraron una caída real del 76,6%, mientras que el presupuesto nacional destinado al cumplimiento de la causa Mendoza se redujo un 69%, representando apenas el 0,08% del gasto público nacional.
A ello se suma la disolución de organismos vinculados a las políticas habitacionales y la reducción de equipos territoriales encargados del seguimiento de las obras y de las condiciones ambientales de la cuenca.
Para las organizaciones, este contexto vuelve aún más preocupante la intención del Gobierno de privatizar AySA, ya que consideran que una empresa privada priorizaría la rentabilidad económica por sobre inversiones de largo plazo en infraestructura sanitaria.
La acción presentada ante la Justicia sostiene que el proceso de privatización presenta múltiples irregularidades.
Uno de los principales cuestionamientos es que el Estado nacional pretende vender la empresa sin haber elaborado una evaluación integral sobre las consecuencias ambientales, sanitarias y sociales que podría generar la medida.
Las organizaciones también denuncian la ausencia de auditorías públicas que permitan conocer el estado de las obras pendientes, los pasivos ambientales existentes y las necesidades de inversión futuras.
Otro de los puntos cuestionados es la falta de acceso a la información.
Según el planteo judicial, gran parte de la documentación técnica vinculada con la privatización solo puede consultarse a través de un "Data Room" reservado para potenciales compradores, restringiendo el acceso del resto de la ciudadanía.
Para las entidades demandantes, esta modalidad contradice principios establecidos en la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho de la sociedad a acceder a información ambiental y participar en decisiones que puedan afectar sus derechos.
También cuestionan que el Gobierno no haya convocado a una audiencia pública, un mecanismo que permitiría a usuarios, especialistas y organizaciones expresar su posición antes de avanzar con la privatización de un servicio considerado esencial.
La presentación judicial fue promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Las entidades sostienen que el agua potable constituye un derecho humano reconocido por la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales, por lo que consideran que cualquier modificación en la gestión del servicio debe garantizar la protección de ese derecho y no responder exclusivamente a criterios financieros.
El conflicto por la privatización de AySA reabre un debate histórico sobre el rol del Estado en la gestión de los servicios públicos esenciales.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la venta de empresas públicas forma parte de su estrategia para reducir el gasto estatal y atraer inversiones privadas, organizaciones ambientales y especialistas advierten que el acceso al agua potable no puede quedar sujeto únicamente a la lógica del mercado.
Para los impulsores del amparo, la preocupación no se limita al cambio de administración de una empresa.
Sostienen que una eventual reducción de inversiones en obras de agua potable, cloacas y saneamiento ambiental tendría consecuencias directas sobre la salud pública, la recuperación de ecosistemas altamente contaminados y la calidad de vida de millones de personas.
Con la presentación judicial ya en marcha, será la Justicia la que deberá definir si el proceso de privatización puede continuar o si corresponde suspenderlo hasta garantizar la evaluación ambiental, la transparencia y la participación ciudadana que reclaman las organizaciones.
