La Política Ambiental
La decisión del Gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, de aprobar un acuerdo con YPF S.A. para facilitar la salida de la empresa de varios yacimientos convencionales de la provincia quedó bajo un fuerte cuestionamiento judicial. Un grupo de abogados presentó una impugnación administrativa al considerar que el convenio podría comprometer el patrimonio ambiental de los chubutenses y sentar un precedente peligroso en materia de responsabilidad por contaminación petrolera.
La presentación fue realizada por los abogados constitucionalistas Raúl Heredia, Gastón Acevedo y Alfredo Pérez Galimberti, quienes sostienen que el acuerdo incorpora cláusulas que exceden las facultades del Poder Ejecutivo y de la Legislatura provincial al intentar liberar a YPF de eventuales reclamos vinculados con los pasivos ambientales generados durante décadas de explotación hidrocarburífera.
El planteo fue presentado ante la Fiscalía de Estado de Chubut y también ante la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que se revise la legalidad del convenio antes de que produzca consecuencias irreversibles.
La controversia surge a partir del proceso de retiro de YPF de varios yacimientos maduros ubicados en la Cuenca del Golfo San Jorge, una de las regiones petroleras más importantes del país.
Como parte de esa reestructuración, la petrolera acordó con el Gobierno provincial transferir la operación de distintas áreas a nuevos concesionarios privados y cerrar su participación en campos que explotó durante décadas.
Dentro del convenio, la empresa se comprometió a realizar un pago de 25 millones de dólares, suma que el Gobierno provincial presentó como una compensación destinada a atender los pasivos ambientales existentes.
Sin embargo, el aspecto que despertó mayor preocupación no fue el monto acordado, sino una cláusula mediante la cual la Provincia asumiría el compromiso de mantener indemne a YPF frente a futuros reclamos relacionados con daños ambientales derivados de su actividad en esos yacimientos.
Para los abogados que impulsan la impugnación, esa disposición implica que, si en el futuro aparecen nuevos pasivos ambientales o si las tareas de remediación resultan insuficientes, la empresa podría quedar eximida de responder económicamente por esos daños.
El eje de la presentación judicial se basa en uno de los principios fundamentales del derecho ambiental argentino: quien genera un daño ambiental tiene la obligación de repararlo.
Los abogados sostienen que ese principio tiene jerarquía constitucional y está reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de Chubut y la Ley General del Ambiente.
Por ese motivo consideran que ninguna autoridad política puede firmar un acuerdo que limite o elimine la responsabilidad de una empresa frente a daños ambientales que afectan a toda la comunidad.
Según argumentan, los pasivos ambientales no pertenecen al Gobierno de turno sino a la sociedad, por lo que el Estado no tiene facultades para renunciar anticipadamente al derecho de exigir una reparación integral.
Otro de los puntos cuestionados es la cifra establecida en el convenio.
El acuerdo fija una compensación de 25 millones de dólares, pero los abogados sostienen que no existen estudios técnicos públicos que permitan determinar si ese monto resulta suficiente para afrontar la remediación de los impactos acumulados tras décadas de actividad petrolera.
También advierten que no se difundieron auditorías ambientales independientes que cuantifiquen el verdadero estado de los yacimientos ni el costo total de recuperar las áreas afectadas.
Para los impulsores de la impugnación, establecer una cifra sin contar previamente con un diagnóstico ambiental completo genera incertidumbre sobre quién terminará pagando las tareas de saneamiento si los costos reales superan ampliamente el dinero acordado.
Las críticas también apuntan a la diferencia existente con acuerdos similares alcanzados en otras provincias petroleras.
Los abogados señalan que Santa Cruz negoció con YPF una compensación cercana a los 335 millones de dólares para afrontar pasivos ambientales vinculados a un número considerablemente menor de pozos.
Esa diferencia llevó a los impulsores del planteo a cuestionar si Chubut terminó aceptando un acuerdo económicamente desfavorable que podría dejar sin recursos suficientes a la provincia para afrontar futuras remediaciones.
A su entender, la comparación evidencia la necesidad de revisar las condiciones pactadas antes de que el convenio quede firme.
Uno de los aspectos que más preocupa a quienes cuestionan el acuerdo es la posibilidad de que los costos ambientales recaigan finalmente sobre el Estado.
Si los nuevos operadores privados no cumplen con las tareas de remediación o si en el futuro aparecen daños que requieran inversiones millonarias, el Gobierno provincial podría verse obligado a utilizar fondos públicos para resolver problemas generados durante décadas por la explotación petrolera.
Eso significaría que recursos destinados a salud, educación, infraestructura o políticas sociales terminen siendo utilizados para reparar pasivos ambientales que, según la legislación vigente, deberían ser afrontados por quienes los produjeron.
Para los abogados, esa situación implicaría trasladar a toda la sociedad una responsabilidad que corresponde a las empresas que obtuvieron beneficios económicos de la explotación de los hidrocarburos.
La impugnación incorpora otro cuestionamiento de relevancia institucional.
El convenio establece que cualquier controversia derivada del acuerdo será resuelta por tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los abogados consideran que esa decisión implica resignar la jurisdicción natural de Chubut en un asunto vinculado exclusivamente con recursos naturales ubicados dentro de su territorio.
Recuerdan que la Constitución Nacional reconoce que las provincias son titulares del dominio originario de sus recursos naturales y sostienen que cualquier conflicto relacionado con esos bienes debería ser analizado por la Justicia provincial.
La discusión trasciende el caso puntual de YPF.
Durante más de un siglo de explotación hidrocarburífera, distintas provincias argentinas acumularon miles de pozos inactivos, instalaciones abandonadas, suelos contaminados y otros pasivos ambientales cuya recuperación continúa siendo uno de los principales desafíos del sector energético.
Especialistas en derecho ambiental advierten que estos procesos requieren auditorías independientes, controles permanentes y garantías suficientes para asegurar que las empresas responsables financien la reparación de los daños antes de abandonar definitivamente las áreas explotadas.
Por eso, consideran que cualquier acuerdo que limite esas responsabilidades puede debilitar uno de los principios esenciales de la legislación ambiental argentina.
La impugnación presentada constituye el primer paso de un proceso que podría terminar en la Justicia.
Si la Fiscalía de Estado de Chubut rechaza el planteo o mantiene vigente el convenio, los abogados adelantaron que promoverán una acción judicial para solicitar la nulidad de las cláusulas cuestionadas.
Mientras el Gobierno de Ignacio Torres sostiene que el acuerdo permitirá ordenar la transición de las áreas petroleras y garantizar nuevas inversiones, los sectores que impulsan la impugnación afirman que el verdadero debate no es económico, sino ambiental.
Sostienen que permitir que una empresa abandone yacimientos estratégicos sin garantizar plenamente la reparación de los daños acumulados durante décadas podría sentar un precedente con consecuencias que exceden a Chubut y afectan uno de los principios fundamentales de la política ambiental argentina: que quien contamina debe hacerse cargo de reparar el daño y no trasladar ese costo al conjunto de la sociedad.
